El absentismo toca niveles de escándalo y exige una respuesta
El volumen de las ausencias laborales, su duración y sus costes marcan récord sin que sus gestores tengan soluciones inmediatas
La agenda política de la vicepresidenta segunda, consentida por el PSOE, cuando no pactada con él, no tiene fin y se estirará tanto cuanto lo haga la legislatura. Pero algunas de las materias, pongamos la reducción de la jornada, acumulan retrasos que podrían dejarla varada al borde de la legislatura, y otras, pongamos la contrarreforma para encarecer el despido, siguen en la nube. Mientras Yolanda Díaz agita banderas que incrementan los costes del empleo con un falso diálogo social en el que defiende posiciones de parte, ni mu sobre el absentismo laboral, que se mueve en niveles de escándalo, y ni mu sobre el control del desbocado gasto en incapacidad temporal. Un ejercicio de absentismo político, vaya.
Ambos fenómenos están fuera de control, con crecimiento en los últimos años de doble dígito, sin que los simulacros para atajarlos hayan dado resultado alguno, con cifras de coste para el presupuesto público y para las empresas muy alarmantes. Interés por el control administrativo del absentismo voluntario y de la incapacidad temporal se muestra poco, e intención por modificar las normas para cambiar radicalmente su evolución, menos. De hecho, el problema empieza al tratar de conocer la dimensión del absentismo, ya que, abstracción hecha de los casos de incapacidad temporal computados por el sistema nacional de salud, solo puede conocerse la verdadera dimensión del absentismo a través de encuestas privadas.
La más reciente, elaborada por The Adecco Group Institute, concluye que la tasa de absentismo llegó al cierre de 2024 al 7,4% de las horas de trabajo pactadas como jornada laboral, valores superiores incluso a los practicados en la crisis del covid, y en los que se ha instalado desde entonces. Para disponer de una idea gráfica del fenómeno, tal tasa supondría que 1,25 millones de personas faltasen al trabajo cada día del año, tanto como que toda la fuerza laboral de la provincia de Valencia no fuese nunca a trabajar.
Lógicamente, una buena parte del colectivo absentista, la mayoría, lo es de forma involuntaria, puesto que sufre una baja por enfermedad o accidente; pero una nada despreciable minoría, que copa una tasa de absentismo del 1,6% de las horas de trabajo, uno de cada cinco absentistas, sí lo es de forma voluntaria. Gráficamente, unas 270.000 personas que se ausentan del trabajo cada día del año, o toda la población ocupada de Castellón. Esta escurridiza práctica se nutre de las afecciones sanitarias leves con duración inferior a cuatro días, o de su simulación, puesto que no exigen de baja médica, y del deshonesto proceder de la picaresca laboral made in Spain, que tiende a concentrarse en los viernes y los lunes, en los primeros por ser los más jugosos para feriar y en los segundos, por ser los más ásperos para laborar.
Hay que recordar que los tres primeros días de ausencia laboral no computan como baja médica, que únicamente puede dispensar la red sanitaria pública, y que, por tanto, el afectado percibe íntegramente el sueldo de la empresa. Solo a partir del cuarto día, con la autorización médica preceptiva, se genera prestación y no sueldo, y con un recorte sobre el salario, aunque el pagador sigue siendo la empresa hasta el decimoquinto día. Solo a partir de entonces se hace cargo la caja de la Seguridad Social. Es un tipo de práctica, el absentismo voluntario, de complicada solución, salvo que se exija baja médica desde el primer día. Se trata de un fenómeno endémico que genera un riesgo moral que depende de la voluntad individual de cada trabajador absentista, y que generalmente difumina el coste para las empresas, puesto que su trabajo se reparte y lo absorbe el resto de la plantilla.
Pero sobre el asunto, repito, los responsables políticos, con la complicidad sindical, no dicen ni mu. Y ni media palabra tampoco sobre el absentismo involuntario, sobre la incapacidad temporal, mientras dejan correr el gasto público que lo sufraga y el coste para las empresas que lo padecen hasta cotas desconocidas. No hay una sola variable que no duplique, triplique o cuadruplique su cuantía en los últimos diez años, desde las horas no realizadas por trabajador y mes, hasta el gasto en prestaciones, pasando por el número de bajas.
Las horas perdidas por cada trabajador al mes por incapacidad, según la encuesta de coste laboral de Estadística, pasaron de 4,4 en 2015 a 5,6 en 2019 y 7,9 en el último trimestre de 2024. Las bajas con prestación computadas pasaron de los 3,9 millones de 2015 a muy por encima de los ocho millones ya en 2023, según el cómputo de las mutuas de accidentes de trabajo. Y, en lo referente al gasto, si en 2015 era de 5.340 millones de euros, el año pasado cerró en los 16.000 millones, y este año, si se mantiene durante todo el año la proyección sin control de los primeros meses, rozará los 20.000 millones de euros.
En marzo por sí solo, el gasto en prestaciones por incapacidad llegaba a 1.859 millones, con un crecimiento anual del 55%, y en el trimestre se consumieron 4.057 millones, con un avance del 13%. La sospecha de que, si no se han tomado medidas correctoras, el coste marcará nuevo récord a fin de año, está fundamentada.
Pero el coste no acaba ahí. Las empresas soportan un coste directo en salarios y cotizaciones por horas no trabajadas nada despreciable (la patronal de las mutuas lo cuantificó para 2023 en unos 12.250 millones de euros), que, sumado a las prestaciones abonadas, supone un salto de un 150% sobre el quebranto de hace diez años. Los expertos tratan de cuantificar el coste que supondría para las empresas la sustitución de los trabajadores para no perder cuota de producción y mercado (unos 50.000 millones al año), aunque es más un ejercicio teórico que una cuenta real, ya que las corporaciones reparten el déficit de trabajo de las bajas con superávit del resto de la plantilla.
El empleo ha crecido mucho estos años, pero no explica que todas las variables relativas a las bajas temporales y el absentismo voluntario lo hayan hecho a mucho mayor velocidad, una circunstancia que tiene algunas explicaciones lógicas y otras lógicas inexplicables. Entre las primeras están las secuelas del covid, el envejecimiento de la masa laboral y la atención creciente sobre las dolencias mentales; pero, entre las segundas, solo actitudes negligentes de los afectados y de quienes gestionan los procesos con supuesto celo profesional, así como un liderazgo político sesgado que estimula los derechos y desprecia los deberes.
Alguna vuelta habrá que dar a los mecanismos de gestión para que la duración media de las bajas para dolencias similares, las traumatológicas por ejemplo, no sea del doble en el sistema sanitario público que en las mutuas, y ahorre varios miles de millones de euros en prestaciones y coste de empresa. Alguna vuelta habrá que dar para que las prestaciones y quienes las prescriben no estimulen el uso hasta el abuso.
José Antonio Vega es periodista
