Las facturas de ficción financiera de la deuda de Cataluña
La quita Montero no alivia la solvencia, que desaparecería si tuviera que asumir sus 307.000 millones de pasivo estatal
Huelga tratar de explicarle a alguien que esté medianamente al corriente del debate político nacional que la condonación de deuda autonómica es una operación financiera, cuando todo el mundo sabe perfectamente que es una maniobra política para tratar de insuflar oxígeno a una legislatura que se tambalea desde el inicio para que resista hasta el final. Si al Gobierno le sirve para ello, los nacionalistas lo utilizan para reforzar su poder determinante y engordar el espíritu soberanista. Eso sí, sin apearse del mecenazgo estatal para que pague las deudas en las que su dilatada gestión incurrió, y que las espaldas de los catalanes no pueden soportar.
Este Gobierno y otros anteriores siempre han relativizado el endeudamiento creciente del sistema de pensiones porque siempre está detrás el Estado como avalista y cajero de último recurso. Y con los pasivos de las administraciones autonómicas pasa tres cuartos de lo mismo desde que la crisis de hace tres lustros desnudó los ingresos de las regiones y disparó los gastos de las competencias que de forma entusiasta habían adquirido en los últimos años del siglo pasado. Podemos concluir, así las cosas, que no hay Seguridad Social posible ni viable sin el padrinazgo del Estado, y no hay estado de las autonomías que resista el azote de una crisis severa sin la protección del Tesoro nacional.
Al menos con la estructura fiscal y financiera recogida en las normas nacionales. Y está por ver que lo fuera en las que pretenden alcanzar todos los partidos nacionalistas que han aflorado con redoblado soberanismo en las últimas décadas. Cierto es que País Vasco y Navarra aguantaron razonablemente el tipo durante la gran recesión con su cuasi independencia fiscal y financiera, pero conviene recordar que sus niveles de riqueza están notablemente por encima de la media, aunque, como casi todas las regiones, permitan que el Estado pagafantas corra con la ronda de un sistema de pensiones también deficitario.
La gran duda que nos asalta ahora es si los nacionalistas catalanes, tanto los viejos burgueses como los nuevos republicanos, exigen, negocian y consiguen una jugosa quita de sus pasivos para limpiar lentamente ahora y en el porvenir sus obligaciones financieras, o se resignan a la cruda realidad de una independencia financieramente inviable. De una deuda de casi 89.000 millones de euros, el pasivo autonómico más voluminoso, que casi triplica el de Madrid tanto en cantidad agregada como en pasivo por habitante, Cataluña logra una quita de algo más de 17.100 millones (uno de cada cinco euros que debe).
Es una curiosa operación política, en la que se cambian las tornas habituales y quien tiene capacidad de imponer condiciones como acreedor, es quien sumisamente encaja los requerimientos del deudor. En una especie de default blando, el Estado acreedor parece resignarse al viejo dicho de que “si me debes un millón de euros, tienes un problema; pero si me debes 77.000 millones, el problema lo tengo yo”.
Uno de los razonamientos manoseados para que Hacienda absorba los 83.000 millones de quita autonómica es la mejora de los niveles de solvencia de los tesoros regionales para que puedan volver al mercado abierto a financiarse con sus propias fuerzas. Pero no parece que tal cosa vaya a ocurrir, al menos tal como lo interpretan los analistas financieros y como corroboran los mercados en los primeros días de cotización de los bonos regionales en los mercados secundarios de deuda. El crédito financiero de Cataluña está muy dañado, y sus emisiones, que ya fueron muy costosas cuando saltaron a la captura de recursos en el mercado primario, cotizan ahora con una prima de riesgo sobre el Reino de España (al que no quieren pertenecer, pero al que reclaman auxilio) de unos 50 puntos básicos, aunque algo han mejorado, y con una liquidez insignificante de sus operaciones.
Andalucía, con menos de la mitad de pasivo de Cataluña y con una quita planteada similar, tienen una prima de riesgo, un riesgo-región, de más de 80 puntos básicos; y Madrid, con menos deuda que cualquiera de las dos citadas y con toda ella captada en el mercado sin ayudas estatales, cotiza sus bonos a tipos de interés inferiores al Estado, y con prima negativa de diez puntos básicos.
Y es precisamente la odiosa comparación con Madrid y otras regiones la que genera riesgo moral en la operación planteada por Hacienda, y que está por ver que tenga el plácet de las Cortes. A la postre se envía una inequívoca señal de que gestionar bien, mal o regular es indiferente, porque alguien te auxiliará. Te auxiliará por conveniencia de supervivencia política, y utilizando un formato que castiga triplemente a los buenos gestores del dinero público; son discriminados en la quita si han bajado lo impuestos, ven ninguneado el celo en la gestión y son sus administrados quienes tienen que pagar los intereses de las facturas devueltas (cada madrileño pagará 500 euros más al año, mientras los catalanes se ahorran algo más de 400), así como cargar con las ulteriores refinanciaciones de los 83.000 millones acogidos en la caja estatal. Todo sea por el interés nacional.
Vayamos a la ciencia ficción, al menos en el medio plazo. Si la intención de los nacionalistas catalanes tras lograr un sistema fiscal singular, cuyos términos concretos no se han desvelado y no se hará hasta 2026, es generar un estado paralelo, una República Catalana, y quieren crearla libre de polvo y paja, precisan de muchas más quitas y mucho más voluminosas. O bien decidle a la ciudadanía de Cataluña, que la independencia supone quedarse con la deuda autonómica no condonada (72.000 millones, muchos de ellos adeudados también al Tesoro español, del que Cataluña forma parte), además de con la deuda que resulte de su segregación política del Estado, que en buena lógica debería ser proporcional al peso de Cataluña en España.
No es poca cosa, utilicemos el criterio de PIB o de población. Con el primero de ellos, una Cataluña independiente tendría que hacerse cargo del servicio de una deuda de 307.760 millones de euros, que es el 18,8% de la deuda del Estado (1,637 billones, contando Estado, Seguridad Social, Frob, Sareb y déficit eléctrico), lo que supondría más de 50.700 euros por cada residente en Cataluña al finalizar 2024.
Si se utiliza el criterio demográfico, dado que la población de Cataluña es el 15,26% del total nacional (7,488 millones de moradores), la deuda que debería encajar sería de 249.800, más los citados 72.000 regionales una vez ejecutada la quita Montero: unos 43.000 euros por residente en la Cataluña hipotéticamente independiente. ¿Cómo financiar tales facturas un recién nacido en un mundo cada vez más integrado, con miles de empresas repudiando el territorio, y cuando el margen de subida de impuestos es ya inexistente? Complicado. Imposible. ¿Resucitarán entonces los nacionalistas los deshonestos devaneos de 2017 con la Rusia putinesca para que auxilie sus cuentas, cual una nueva Transnistria en el borde occidental de Europa?
Más ciencia ficción financiera: en las cuentas del gran capitán Puigdemont, Junts identifica deuda histórica del Estado español con Cataluña de 450.000 millones entre asuntos sociales, infraestructuras y pensiones. Una cosa por la otra.
José Antonio Vega es periodista.
