La inagotable agenda Díaz: ahora llega el despido subjetivo
Tras sacar reducción de jornada y pelear la desfiscalización del SMI, batallará por rescisiones con pagos a la carta
Nadie en España con tan poca musculatura política sacó tanto rendimiento práctico en tan poco tiempo. Yolanda Díaz, líder de un partido difuso y ocasional, ha logrado en dos medias legislaturas colocar en el centro del debate socioeconómico primero, y después en las galeradas del Boletín Oficial, una colección notable de cambios normativos de gran impacto político y de repercusión en la vida de las empresas, muchos de ellos a contrapelo de la iniciativa del Gobierno. Pero vienen más curvas, porque su agenda no ha culminado y quiere acelerarla por si las moscas electorales le cortan el vuelo, con un activismo renovado que se asienta en su criatura más deseada, la figura del despido subjetivo. Al tiempo.
Con Sumar ahora y antes con Podemos, la antes ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta, siempre ha dispuesto de mucho más poder que el que en teoría proporcionan unas decenas de diputados, por el carácter decisivo de sus apoyos para sostener un Gobierno que siempre ha caminado en el alambre. Y siempre se ha servido de él para colocar sus doctrinarios, caducados y radicales preceptos izquierdistas en el debate político, incomodando al mundo de los negocios y sacando de quicio a la parte socialista del Ejecutivo.
En realidad, desde 2018 España es un país con un Gobierno tan sui generis que tiene dentro también a la oposición, o a una parte muy activa de ella, además de ser prisionero y deudor parlamentario de múltiples servidumbres y voluntades del más variopinto color político y de los más contradictorios valores e intereses. Cada cual ha pasado sus facturas al cobro y ha hecho caja con monedas de diverso cuño, pero nadie ha inclinado tanto la balanza de las decisiones económicas y sociales como la izquierda radical encarnada en Podemos y en Sumar.
Sus mejores sueños de grandeza y hegemonía en la izquierda sociopolítica se desvanecieron con relativa rapidez y donde fue Podemos devino Pudimos, y donde fue Sumar, resultó Restar. Pero el tesón y la tenacidad de sus propósitos, junto al miedo de quien controlaba el Gobierno a ser desbordado, les llevaron a marcar la agenda e imponer hitos que antes solo estaban en debates sociales propios del populismo atrevido de soluciones fáciles a problemas complejos.
Reformar las leyes laborales para recomponer derechos supuestamente perdidos durante la hegemonía política de administraciones liberales; resucitar anhelos fijados a fuego en todas las Constituciones democráticas, pero que decide el mercado; trasvasar fiscalmente recursos de las rentas elevadas a las bajas, reforzando figuras como la renta mínima vital; meter en cintura fiscal a los sospechosos habituales de perpetuar la desigualdad, como bancos, energéticas, grandes corporaciones de distribución o grandes fortunas; reforzar las potestades sindicales frente a las empresariales en el trabajo, con fuertes subidas de los salarios de entrada y su desfiscalización; o reducciones anticompetitivas de jornada con controles exagerados en actividades que se desenvuelven solo con libertad.
Son solo algunos ejemplos de sus iniciativas, que han disparado los costes del trabajo, sobre todo en empresas de pequeño tamaño; han condicionado, hasta el desistimiento algunas veces, muchos proyectos de inversión y localización de empresas; y han expandido el gasto público con el consiguiente estrechamiento del margen para atender otras necesidades.
Pero la agenda de Yolanda Díaz no ha concluido, aunque su subyacente político, la verdadera potencia de su proyecto electoral, sea cada día más endeble y lata sobre él la amenaza de ser engullido por la izquierda que está a su izquierda y la izquierda que está a su derecha. Y la mantendrá en primera línea, aunque encuentre cada vez más oposición en el Consejo de Ministros, como le ha pasado con todos sus empeños, pero de manera abierta y radical en la reducción de la jornada y en la pretendida desfiscalización del salario mínimo.
Con los mismos formatos iliberales de su manera de entender el diálogo social, que no es otra cosa que un monólogo social en el que los sindicatos hacen los coros y la patronal mira desde la platea, tratará de apurar lo que quede de legislatura, cuyo trecho desconoce hasta el presidente del Gobierno, para alumbrar la criatura que lleva tiempo engendrando e incrementar las indemnizaciones por la rescisión de contratos: el despido subjetivo.
Nada ha envilecido más a la izquierda radical en materia laboral que perder el bastión franquista de las indemnizaciones de 45 días por año, hoy solo vigente residualmente para quien tenga en su empresa antigüedad previa a 2012. Y por ello Yolanda Díaz no se resigna y quiere recuperarlo, o sustituirlo por alguna fórmula de indemnización disuasoria para el empresario o restaurativa del daño causado en un despido. La figura que maneja la señora vicepresidenta, y sobre la que ha encargado ya trabajos teóricos a la medida, jaleada por un dictamen reciente del Comité Europeo de Derechos Sociales, es crear un modelo que ajuste la indemnización a las circunstancias personales, profesionales y familiares de cada despedido. Una especie de despido a la carta, una suerte de despido subjetivo.
El núcleo duro del Gobierno no comparte este criterio, y el compromiso del PSOE con Sumar en su pacto se limita a “reforzar la causalidad en los despidos” y a que las indemnizaciones cumplan la Carta Social Europea, que tiene una interpretación abierta y ambigua, pero siempre prolabor. Habrá, por tanto, bronca otra vez. La doctrina judicial en España, avalada por el Supremo, rechaza pagos superiores a 33 días por año porque considera que es suficiente para reparar el daño, atiende a criterios objetivos de tiempo y salario, y garantiza igualdad de trato. Además, la ley, al menos antes de que Díaz imponga otra cosa, no faculta a los jueces a fijar pagos que atiendan a circunstancias personales subjetivas ni diferentes a las tasadas.
Los expertos advierten también de la dificultad probatoria para los trabajadores ante un empresario o un juez de tales particularidades, así como de la ruptura de una certidumbre económica tasada, que, por añadidura, proporciona la indispensable seguridad jurídica. Además, si se establecen reparaciones extintivas subjetivas, se perjudica la contratación de determinados colectivos vulnerables, como mujeres o trabajadores de edad madura.
Para una persona de la sensibilidad de Yolanda Díaz, lo ideal sería que nunca hubiese despidos, como si el trabajo no estuviese sometido a las reglas de un mercado. De hecho, impuso su prohibición durante la pandemia y varios trimestres ulteriores, con el auxilio de los ERTE, que ella sigue convencida de haber inventado y patentado. Pero los despidos son el pan de cada día, y en 2023, último año con datos definitivos, se produjeron 606.625 en más de 285.000 empresas, mayoritariamente de empleados con contrato fijo. Y pese a creer que ha dignificado y reforzado la normativa laboral, las rescisiones han crecido un 42% sobre las de 2018, y las indemnizaciones medidas abonadas han bajado de 10.045 euros de 2015 a los 7.446 de ahora. Todo a resultas, ni más ni menos, de que la rotación laboral implícita en un mercado de trabajo es inevitable, y más inevitable en una economía intensiva en servicios de elevada estacionalidad. Lógico, señora vicepresidenta.
José Antonio Vega es periodista.
