Vivienda social: ¡el gran hallazgo!
Puede el Estado, a la vista de la experiencia histórica, alcanzar sus objetivos? Es casi tan imposible como que aprenda del pasado
John Kenneth Galbraith escribió en sus memorias (A life in our times) que “la experiencia de estar desastrosamente equivocado es saludable; ningún economista debería estar libre de ello, y pocos lo están”. Son palabras que reviven en el actual debate sobre la vivienda social a partir de propuestas “desastrosamente equivocadas” que constatan lo poco que se ha aprendido.
La vivienda social casi ha desaparecido de la faz de la vida económica española a lo largo de estos últimos treinta años. Entre 1940 y 1991 más del 80% del crecimiento del parque de viviendas principales de España se debió a las viviendas protegidas, la mayoría de compraventa y de calificación temporal. En términos absolutos, en ese periodo más del 30% de las viviendas principales en España, entre 6,2 y 6,8 millones, tuvieron calificación de protección pública.
El cambio en la relevancia de la vivienda social se produjo, primero, en la última década del siglo, cuando bajó al 30%, y después en las dos primeras décadas del siglo XXI hasta situarse en valores inferiores al 20%. De modo que entre 1991 y 2013 se construyeron casi 1,3 millones de viviendas protegidas, o 59.000 al año, y a partir de ese año y hasta 2022 sólo 9.100 viviendas anuales. Por tanto, se pasó de un total de 593.308 entre 2003-2012 a 91.617 unidades entre 2013 y 2022. Como resultado de ese drástico descenso hoy en día la vivienda social en España es muy reducida, menos un 2,5% por cada 100 viviendas de residencia habitual en 2020, inferior al promedio del 9,3% de la Unión Europea y muy lejos de Países Bajos (30%), Austria (24%), Dinamarca (20%) y Suecia (19%).
El auge de la vivienda social en España fue consecuencia de varias acciones: los programas de ayuda de la Administración al sector inmobiliario en forma de préstamos acordados con las entidades financieras, la bonificación de intereses o las subvenciones a fondo perdido. Cabe recordar que durante el periodo 2007-2010 la asignación de créditos presupuestarios por parte de las Administraciones públicas para viviendas sociales en España experimentó un significativo repunte y prácticamente duplicó el promedio del gasto anual asignado a este tipo de políticas en periodos previos, superando los 4.000 millones de euros anuales en 2009. A partir de 2012 esta cifra se contrajo severamente hasta los 2.437 millones en 2021. Y a pesar de que desde dicha fecha se dispone de financiación adicional procedente de los fondos europeos, en 2022 se han asignado solo 1.713 millones de euros, un 0,1 % en términos de PIB según los datos del Ministerio de Trabajo, la cifra más reducida de todas las dedicadas a gasto social.
La desaparición de los programas de apoyo de los Planes de Vivienda por la crisis financiera de 2008, la eliminación de los modelos de subvenciones y desgravaciones fiscales, así como las mejoras para la financiación de estas promociones y el nivel salarial en España han convertido a la vivienda social en una opción tan marginal como necesaria. De hecho, si se toma como referencia oficial el umbral de ingresos máximos de la unidad familiar necesario para acceder a una vivienda de protección oficial, 5,5 veces el IPREM (46.200 euros) y en algunos casos específicos de vivienda protegida hasta 7,5 veces este indicador (63.000 euros), y se compara con la disponibilidad de oferta de vivienda social, el número máximo de hogares que debería poder tener acceso a este tipo de vivienda es del 76% del total, muy lejos de del 0,1% actual.
Bajo la perspectiva de estos datos, los aspavientos políticos que se hacen ahora sobre la vivienda social son incongruentes porque no se ha dado prioridad a este gasto. Se dice que se va a actuar, pero no hay fondos para ello. Por un lado, en la legislación española sobre vivienda se puede ver que el porcentaje de VPO (un 2,5% por cada 100 viviendas de residencia habitual de los hogares) está muy lejos de los «objetivos específicos» de lo estipulado en el apartado 1 de la disposición transitoria 2.ª de Ley 12/2023, de 24 de mayo (BOE, 2023) por el derecho a la vivienda, que establece “como referencia general el compromiso de alcanzar, en el plazo de 20 años, un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de hogares que residen en aquellos municipios en los que se hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado”. Hoy lo es casi todo el país. Por otro, en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido por el Gobierno a Bruselas se plantea que “el gasto anual de España en vivienda y servicios comunitarios se situará en el 0,5 % hasta 2026″, en términos de gasto total similar a la proporción de los años 2021-2022, y por lo tanto seguirá en torno a los 2.000 millones al año. Un claro estancamiento, incluso para un PIB que crecerá, según el Gobierno, un 2,4% y un 2,2% en 2025 y 2026, respectivamente. Por consiguiente, casi con el mismo dinero público se pretende multiplicar por ocho el número de viviendas sociales.
¿Puede el Estado, a la vista de la experiencia histórica, alcanzar sus objetivos de vivienda protegida? No parece. Eso es casi tan imposible como que aprenda del pasado. Es evidente que para los recursos que deben movilizarse el Estado necesita del sector privado, el mismo al que desde algunas opciones políticas se desacredita por decreto y, a veces, mediante leyes (léase impuestos a la banca y a las eléctricas fundamentados sobre prejuicios ideológicos).
Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofín.
