La ley climática de Joe Biden es demasiado valiosa para derogarla
Un torrente de inversión y la estratégica ubicación de los proyectos hacen improbable una marcha atrás republicana
Raro es el político que rechaza una invitación a una ceremonia de inauguración, especialmente si viene acompañada de la promesa de cientos de puestos de trabajo en el sector manufacturero. En 2022, ningún congresista republicano votó a favor de la ley de inversión climática firmada por el presidente Joe Biden, pero es probable que sus disposiciones más lucrativas sobrevivan incluso a un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un torrente de inversión privada y la estratégica ubicación de los proyectos en zonas de tendencia republicana han hecho que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) sea demasiado valiosa como para derogarla.
Trump no es un aliado de la política climática. El expresidente se opone a los créditos fiscales para vehículos eléctricos, respalda las teorías conspirativas sobre los molinos de viento en alta mar y prefiere abrir tierras federales para pozos petrolíferos en lugar de granjas solares. Si llegara a ocupar el cargo y a la vez los republicanos se hicieran con el control del Congreso, probablemente nombraría a escépticos del clima para puestos administrativos clave y haría retroceder las normas ambientales. Pero el candidato también se ha pronunciado a favor de la expansión de la energía nuclear y ha diluido un poco su oposición a los coches de batería, quizá en parte debido a su cortejo del CEO de Tesla, Elon Musk. Eso ha permitido a los miembros de su partido apoyar algunas iniciativas ecológicas.
Lo más importante es que no se ha producido una oleada significativa de oposición a la IRA, a diferencia de la campaña organizada contra la ley sanitaria de Barack Obama en 2010, que llevó a los republicanos al control del Congreso y de los estados de todo el país. Por el contrario, las quejas de los republicanos contra la política climática se han centrado en cuestiones restringidas como las normas de emisiones para los automóviles o las escaramuzas sobre el consumo de carne roja y las cocinas de gas. La mayor ley sobre el clima de la historia de Estados Unidos sigue prácticamente intacta.
Esta débil respuesta tiene sólidos fundamentos financieros. En los dos años siguientes a la aprobación de la ley, la inversión de empresas y consumidores de EE UU en tecnologías e infraestructuras limpias ascendió a 493.000 millones de dólares, un 71% más que en el bienio anterior, según la consultora Rhodium Group.
Los paneles solares, las baterías y la cadena de suministro de los vehículos eléctricos han sido los grandes beneficiados. Pero tecnologías incipientes como la captura y almacenamiento de carbono y los reactores nucleares a pequeña escala también han atraído a fondos de Bank of America y gigantes petroleros como Chevron y Exxon Mobil. La demanda de los créditos fiscales para producción e inversión ha sido tan abrumadora que las estimaciones iniciales de costes se han enfrentado a desorbitadas revisiones. En un principio, la Oficina Presupuestaria del Congreso calculó el coste a diez años de los créditos, la mayoría de los cuales no tienen tope, en menos de 400.000 millones. Goldman Sachs y otros analistas estiman que la factura final triplicará esa cifra.
Los republicanos, inicialmente reticentes, se han dado cuenta. En agosto, 18 congresistas del partido escribieron a su compañero Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, pidiéndole que protegiera los créditos fiscales a la inversión y la producción de la ley, citando los empleos y la actividad económica que la IRA ha estimulado en sus distritos. Dado el escaso control actual del partido sobre la Cámara y el fuerte apoyo que sigue teniendo la IRA entre los demócratas, es probable que estos miembros hagan imposible una derogación a gran escala de la ley.
El blindaje bipartidista de la norma no se produjo accidentalmente. Las empresas eligieron deliberadamente invertir en estados y distritos republicanos, tanto para neutralizar la política de inversiones climáticas como para beneficiarse de regímenes fiscales más favorables a las empresas. Georgia, por ejemplo, bajo el gobernador republicano Brian Kemp, ha cortejado con éxito a los fabricantes de baterías y energía solar. La surcoreana Hanwha Qcells ha anunciado planes para suministrar a Microsoft paneles solares desde su fábrica de 2.500 millones de dólares en el estado, mientras Hyundai y LG se asociaron en una planta de baterías de 4.300 millones. Un ejecutivo de VSK Energy, fabricante de energía solar, declaró en agosto al Financial Times que estaba estudiando ubicar una planta de producción fotovoltaica en un estado republicano por razones estratégicas.
Los distintos estados se juegan partes dispares de la ley. Mientras que los estados del Medio Oeste pueden depender de los créditos a la producción y el consumo de vehículos eléctricos, Nevada se beneficia más de los incentivos que fomentan la extracción y el procesamiento de minerales como el litio en EE UU, en lugar de depender de las importaciones de China.
Miembros de la administración Biden y de la campaña de Kamala Harris han destacado con entusiasmo la ubicación de las inversiones climáticas. En su comparecencia de este mes en el disputado estado de Carolina del Norte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, citó datos que mostraban que los hogares del estado habían reclamado cientos de millones en créditos fiscales de la IRA, y desafió a los republicanos a cometer el “error histórico” de derogarlos.
Aunque los créditos de la IRA para la producción y la inversión probablemente sobrevivirían incluso a una toma de poder republicana, otras partes de la ley pueden ser más vulnerables. Por ejemplo, los republicanos podrían congelar las subvenciones que animan a caseros e inquilinos a instalar calefacción y electrodomésticos energéticamente eficientes, y destinar los fondos a otras prioridades. Los congresistas del partido también podrían modificar los requisitos para acceder a los créditos fiscales para el hidrógeno limpio y la captura de carbono, haciéndolos más accesibles a la industria de los combustibles fósiles. Los proyectos de energía eólica, que son objeto de especial escrutinio por parte de Trump, podrían tener más dificultades para recibir permisos federales, mientras que los nuevos pozos de petróleo y las plantas de gas natural licuado probablemente recibirían una vía rápida.
Si es elegido, Trump podría utilizar su autoridad ejecutiva para conceder nuevos arrendamientos en terrenos federales o cambiar los criterios de idoneidad para determinados programas, ya que estas decisiones no requieren la aprobación del Congreso.
Pero el núcleo de la IRA permanecerá intacto. La inversión empresarial era el eje del diseño de la ley: sus créditos fiscales debían ser lo bastante generosos como para desencadenar un círculo virtuoso de inversiones en tecnología verde, que luego harían bajar aún más los precios y apoyarían nuevas cadenas de suministro y empleos en el país, aplacando incluso al adversario político más escéptico. Es difícil derogar una ley con una pala en la mano.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
