El riesgo de gobernar con la prórroga de la prórroga del Presupuesto
España precisa arrancar la era de las nuevas reglas fiscales europeas con unas cuentas y unos objetivos irreprochables
El Consejo de Ministros quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 en Moncloa y subcontratar con el Parlamento la responsabilidad de su validación para que puedan entrar en vigor, que es tanto como dejarla en manos de todos los grupos parlamentarios salvo el socialista. Pero tal como está el patio en la Carrera de San Jerónimo, todo apunta a que si hay salvoconducto presupuestario será por milagro, y el país estará abocado a la prórroga de unas cuentas ya prorrogadas este año: la prórroga de la prórroga.
Es una anomalía desconocida, pero a la que la inestabilidad política ha acostumbrado a los administrados que financian los recursos y a quienes los reciben, y que no es sino un episodio más de la debilidad creciente de la utilidad de la política, por mucho que quienes la ejercen quieran disfrazarla de la virtud que sortea y surfea las hostilidades de los grupos que no comulgan con el Gobierno. Sin Presupuestos no se debe gobernar, no se puede gobernar, salvo aceptar que con decretos pueden convertirse en recursos públicos más del 40% de la producción de riqueza del país para darles destino como gasto público.
En condiciones normales, La ley de Presupuestos Generales del Estado es la más importante de cuantas pasan cada año por las Cortes. En condiciones normales. Marca el contexto en el que se desenvuelven las decisiones de la Administración pública y las de todos los ciudadanos, sean contribuyentes netos o perceptores de los recursos. Unos y otros están pendientes de cuánto le quitan y cuánto le dan, y en función de ambas variables planifican su actividad, su renta, su consumo, su inversión y su futuro. Pero en todas las grandes economías europeas, en las que el intervencionismo público, con más o menos intensidad, impregna la mitad de la economía y condiciona el margen de maniobra de la otra mitad.
Pero es lo que hay. El Gobierno se encontró en julio con el rechazo de las Cortes a su techo de gasto y al escenario de déficit fiscal y deuda pública que había diseñado hasta 2027 y que las reglas fiscales europeas reclaman para fiscalizar los dineros públicos de cada socio de la Unión Europea, y no tiene garantía alguna de que repetir el intento este mes o los siguientes arroje resultados diferentes. El calendario legal apremia, aunque sea esta una circunstancia de la norma que cada vez se desprecie más, y la fragilidad del Ejecutivo para legislar persiste atrapada en el torbellino catalán.
La fractura del monolítico bloque independentista catalán tras la victoria electoral del Partido de los Socialistas de Cataluña en la primavera no ha impedido que la lógica de la candidatura más votada en los comicios regionales se haya impuesto y haya formado gobierno regional. Pero puede impedir la continuidad hasta ahora sostenida del estatal. Si hasta ahora el largo plazo ofrecía poca visibilidad, ahora es una quimera política. Los diputados de Junts, desairados en Cataluña, pondrán cada vez más cara la gobernabilidad, y ni siquiera el aval de Esquerra Republicana de Catalunya es en Madrid garantía pese al pacto en Barcelona.
La simple interpretación en la capital de España de lo firmado en la ciudad condal es un enredo político de declaraciones acerca de si tiene la naturaleza del concierto vasco o es un aguado traspaso de competencias administrativas. La impresión que da hasta que se vea su aplicación práctica es que, si vascos y navarros cocinan y comen aparte, utilizando el símil que un día manejó el socialista José Bono, los catalanes almorzarán en distinta mesa, pero el mismo menú que los demás, si acaso con diferente aliño.
Volviendo al hilo del asunto, conviene no convertir el vicio de prorrogar las cuentas en una virtud. De ejecutar este año una nueva prórroga de la prórroga del Presupuesto de 2023, resultaría hecho novedoso, aunque sería ya la decimoprimera vez que se prorrogan desde que se prolongaron los de 1978: 1979, 1983, 1990, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 y 2025. Y consolidaría los años recientes de alta fragmentación parlamentaria e inestabilidad política en el periodo más prolijo de prórrogas presupuestarias, con seis decretos de prolongación desde 2016, aunque en la mayoría de las ocasiones la prórroga es provisional hasta el diseño y aprobación de nuevas cuentas. Sólo en los ejercicios 2016, 2019, 2020 y 2024 se han gestionado los recursos y los gastos del Estado durante todo el año con unos guarismos prorrogados.
Tanto abuso de esta figura normativa para configurar la recaudación por los diferentes impuestos del 42,9% del PIB y el destino de los gastos por valor del 45,4% del PIB, que tal es la intención inicial del Gobierno para 2025, y cubrir el déficit resultante con deuda, ha devaluado la ley de Presupuestos hasta concederle una importancia cuasi subsidiaria, cuando es capital para la seguridad jurídica de los administrados y para la rendición de cuentas de los administradores. Las prórrogas han proporcionado a los presupuestos públicos la ultraactividad de la que disponían los convenios colectivos privados, y que mantenían de por vida las condiciones laborales hasta la muerte, pudiese la empresa soportarlas o fuese víctima de ellas.
Pero este año no es un año cualquiera. Es el primero en el que las reglas fiscales europeas tratan de disciplinar los gastos de los estados para reducir sus deudas acumuladas, tras el salto vertiginoso experimentado durante la doble crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania. Para España es más urgente que nunca contar con un itinerario explícito de control del gasto y reducción de su pesado pasivo, que está expresado negro sobre blanco en los planes elaborados por Economía y Hacienda (2,5% de déficit y deuda pública del 104,1% en 2025, cifras sobre las que pesan las dudas de Banco de España, AIReF y varios institutos de análisis fiscal), pero que precisa del aval parlamentario para darle credibilidad y poder exigir su cumplimiento.
Además, tal disciplina proporcionará certidumbre a la política económica y visibilidad a medio y largo plazo, compensando la aportación negativa que la incertidumbre política genera en empresarios, inversores y trabajadores, que se expresa de forma abierta en los reiterados sondeos de varias instituciones, y que están en parte detrás del estancamiento de la inversión, que sigue en niveles inferiores a los pre-covid. Bien está liderar el crecimiento del PIB en la UE y la creación nominal de empleo, pero tales variables serían más robustas si contaran con la estabilidad de un Presupuesto nuevo y plena estabilidad política.
¿Se imaginan un año sin Presupuesto y sin la capacidad de prorrogarlo? El Estado dejaría de ingresar y de gastar, entre otras cosas porque, como ha ocurrido en Estados Unidos cuando la aprobación de asignaciones de gastos ha sido imposible, se cerraría la Administración, los funcionarios serían despedidos automáticamente y solo funcionarían los servicios básicos de sanidad y seguridad. No estaría mal caer en tal acracia pública alguna vez…
José Antonio Vega es periodista.
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