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Análisis
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

¡Crecemos en PIB y en pobreza!

Las reformas tienen que enfocarse en que nadie se quede atrás y en que la vulnerabilidad no sea asumida por planes de caridad

factura luz
Calculadora de un móvil junto a varias facturas eléctricas, en una imagen de archivo.Aitor Sol

En 2023, España tenía en riesgo de pobreza y exclusión a un 26,5% de la población, alrededor de 12,7 millones de personas (400.000 más que en 2022), según el índice Arope (At Risk of Poverty and/or Exclusion). Este índice está elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y, según el mismo, somos el tercer país con peores resultados de los 27 de la UE, a pesar de ser la cuarta economía en PIB. Y si nos fijamos en la pobreza energética, definida como la imposibilidad de mantener el hogar con un confort térmico adecuado, en España, el 21% de la población no dispone en su hogar de temperaturas adecuadas para vivir en condiciones dignas, porcentaje que sube al 32% en viviendas en régimen de alquiler.

El origen de la pobreza energética, que afecta a casi 10 millones de personas, hay que buscarlo en la coexistencia de tres elementos:

Primero: el incremento del precio de la energía. Un ejemplo es la electricidad, para la que la tarifa regulada por el Gobierno ha pasado de los 16,2 euros el kilovatio hora (kWh) de 2020 a los 36,28 de 2022, reduciéndose hasta los 22,28 en 2023, según la CNMC.

Segundo: el mal estado constructivo de las viviendas. En España tenemos 28,2 millones de viviendas, de los que 18,5 están clasificadas como primera vivienda. El 75% no cumplen las normativas de certificación energética y hay más de 1,5 millones que pertenecen a familias vulnerables y que necesitan una urgente actuación de rehabilitación, si bien sus propietarios no tienen la capacidad económica para afrontarla. Los planes de rehabilitación no están dando los resultados esperados ni en el ritmo ni en la implantación de modelos de ejecución para usuarios que no tienen capacidad económica.

Tercero: Ingresos familiares insuficientes. Si consideramos como renta básica la percepción del IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples), que está situado en 600 euros al mes, podemos ver que hay 4,3 millones de hogares que tienen una renta inferior a dos veces el IPREM y que, por ejemplo, un 8% de los hogares pagan con retraso la factura de la electricidad (el 17% si son viviendas alquiladas).

Las consecuencias se incrementan cuando coexisten varios de los elementos anteriores y las medidas puestas en marcha son de carácter paliativo, o coyuntural, y no están pensadas para eliminar las causas que originan el problema. Nuestro sistema de actuación es asistencialista, es decir, las ayudas se reciben tras declarar previamente que se está inmerso en alguna de las causas establecidas y no por el reconocimiento del derecho de acceso universal a la energía que debería tener la ciudadanía.

La ayuda se otorga a través del bono social, que cubre entre un 65% y un 80% de la factura, según se sea vulnerable o vulnerable severo. Este porcentaje se verá reducido paulatinamente, al considerar el Ejecutivo que el precio de la electricidad ha recuperado los niveles anteriores a la crisis, aunque los efectos siguen presentes. A finales de 2023 había 1,6 millones de personas beneficiadas y reconocidas como vulnerables, de las que 875.000 estaban clasificadas como severas. El proceso de percepción de las ayudas conlleva la declaración de cumplir alguno de los requisitos establecidos y se aplica, dentro de la tarifa regulada, a un consumo máximo preestablecido según la composición de la unidad de convivencia. El procedimiento asistencial seguido hace que el número de beneficiarios esté alejado de la población que sufre este problema.

Las soluciones son sencillas, pero difíciles de poner en marcha. No solo no se han paliado los efectos, sino que permanecen las causas. Por eso, las políticas que se pongan en marcha para su erradicación deberían ser estructurales e incluir: en el caso del suministro eléctrico, la modificación de la tarifa, estableciendo una que sea progresiva y cuyo primer tramo venga definido como una tarifa social que incluya un consumo vital energético garantizado, por ejemplo, una potencia de 2,3 kW y el consumo gratuito de los primeros 1.587 kWh. Este valor es considerado en la aplicación del bono social para una unidad de convivencia de dos personas y que deberá ser establecido de forma diferencial en función de las características de composición y de renta. El desarrollo de la tarifa por tramos supone que los costes e impuestos se van incrementando conforme aumentan los consumos. La configuración de la tarifa tiene que implicar la revisión de los impuestos indirectos, de los costes regulados y la eliminación de la asimetría en su asignación, evitando que el consumidor residencial subvencione al sector productivo. La existencia de una tarifa social progresiva introduce el reconocimiento como derecho universal al acceso a la energía y que quien tenga mayores consumos pague más, incentivándose las políticas de ahorro energético.

También deberíamos disponer de un plan real de rehabilitación de viviendas que no implique derramas no asumibles por usuarios vulnerables y, por tanto, que sea el sector público el que asuma los costes de rehabilitación con fórmulas de copropiedad. La introducción generalizada de comunidades energéticas con un carácter público-privado para complementar el suministro es una medida para reducir la carga económica y apostar por las renovables.

Europa destinará a España, hasta 2026, cerca de 140.000 millones de euros en el marco de las ayudas Next Generation EU del Plan de Recuperación. Este tendrá continuidad, para el periodo 2026/2032, con el Fondo Social para el Clima, por el que debería percibir casi 7.000 millones de euros, y en el que se hace hincapié en que lo más idóneo para el destino de los fondos son las inversiones en iniciativas que apuesten por la transición ecológica. Disponemos de fondos para rehabilitar nuestro maltrecho parque inmobiliario, pero no está claro cómo se van a activar en el corto plazo.

Además, las reformas deberán incluir una renta básica real, suficiente y simple, que aglutine, de forma clara, todas las ayudas actuales y que garantice unos ingresos en línea con el SMI. La actual legislatura debe tener como objetivo prioritario abandonar la componente asistencial y centrarse en recuperar derechos como son el acceso universal a la energía y disponer de una vivienda digna. Es decir, enfocarse en que nadie se quede atrás y que la vulnerabilidad no acabe siendo asumida y descontada con la creación de programas anclados en la caridad y el asistencialismo que, una vez aprobados, den vía libre al objetivo principal que es el crecimiento, frente, a lo que debería importar que es el reconocimiento y el cumplimiento de derechos básicos.

Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables

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