Las tareas pendientes de la economía española
Hay que reformar el modelo productivo y el mercado laboral, atacar la desigualdad social y equilibrar las cuentas públicas
Mientras algunos se atascan luciendo lo hecho, otros tendemos a mirar, siempre, lo que queda por hacer. En un contexto mundial de policrisis sucesivas, el barco de la economía española ha resistido razonablemente bien, con tres rasgos novedosos respecto a lo que ha sido nuestra tradición: crecemos más que la media europea, creamos empleo, incluso con desaceleración económica, y mantenemos superávit por cuenta exterior.
Todo lo vivido en estos últimos cinco años ha sido tan excepcional, cuando todavía no nos habíamos recuperado de las crisis financiera-inmobiliaria y del euro que, con lo hecho, podemos sentirnos razonablemente satisfechos. Incluyendo la aplicación, en línea con el resto de países, de medidas urgentes durante la pandemia o cuando la inflación desatada tras la invasión de Ucrania por parte de Putin y las sanciones impuestas por Occidente a Rusia.
Europa afronta una etapa nueva en la que tendrá que desarrollar el aprobado plan de autonomía estratégica, estableciendo una nueva política industrial, como defiende Mario Draghi, un nuevo impulso al mercado interior en Bolsas y entidades financieras, como ha propuesto Enrico Letta, el papel de la energía nuclear para asegurar la independencia energética reduciendo emisiones, cómo recuperar competitividad con Estados Unidos, impulsar la nueva política de defensa, aclarar las nuevas relaciones con China, recuperar el terreno perdido en nuevas tecnologías del dato e inteligencia artificial y adecuar sus Presupuestos a todos estos desafíos, sin excluir la ampliación al este. Una agenda intensa frente a la que España deberá consensuar una posición de país.
En paralelo, deberíamos ir cerrando los problemas heredados a lo largo de estas últimas décadas, con alguno más reciente, y que representan un serio lastre para abordar un futuro tan desafiante como el expuesto arriba. Entre ellos, quisiera mencionar los cuatro siguientes:
-Modelo productivo. La economía española es incapaz de generar empleo para todas las personas que pueden y quieren trabajar. En este momento, más de dos millones y medio de personas están en paro. Necesitamos más empresas y más grandes para absorber a la población activa existente.
Aunque en los últimos años ha crecido el peso de la economía digital, nuestra actividad continúa avanzando sobre dos piernas de bajo valor añadido: servicios y construcción. El auge del turismo empuja el crecimiento, mientras que el frenazo en la vivienda explica el déficit acumulado en ella y la caída agregada en la inversión. Desde la demanda, han contribuido al crecimiento el sector exterior y el consumo público. Necesitamos mayor peso industrial desde la oferta y más inversión desde la demanda.
Todo ello requiere que las Administraciones dejen de ser el obstáculo burocrático que frena la inversión y acometan una seria y coordinada reducción de trámites y tiempos, a la vez que hace falta un cambio en la ley de contratos para premiar la innovación frente a los precios temerarios, como ocurre ahora.
-Mercado laboral. El fuerte desajuste existente entre oferta y demanda de trabajo (vacantes y paro) es prueba de los problemas acumulados por las políticas activas de empleo y de las graves carencias de nuestro sistema educativo. La elevada precariedad persistente, con altísima rotación en la contratación, se ha trasladado desde la temporalidad hacia el tiempo parcial tras la reforma aprobada, manteniendo unos salarios bajos para amplias capas de trabajadores. Y muestra más las carencias del aparato productivo que de la legislación laboral. Demasiadas empresas, micro o pequeñas, el 95% del total, dando empleo al 40% de los trabajadores, por su escaso valor añadido, no sobrevivirían sin precarizar el trabajo que contratan.
A medio plazo, hay que seguir tres asuntos: si se consolidan los cambios en la cultura laboral expresados por los más jóvenes; la inmigración necesaria para compensar el envejecimiento de la población y el impacto de la IA sobre el empleo; y la política social, como acaba de señalar el FMI.
-Desigualdad social. Estar a la cabeza de Europa en pobreza infantil, con una elevada tasa de exclusión social estructural, es solo la punta de un vergonzoso iceberg que incluye un inaceptable nivel de desigualdad social, como ha puesto de relieve el Informe del CES. Desde la pandemia, además, los beneficios empresariales vienen creciendo por encima de los salarios, evidenciando una nueva desigualdad de rentas que viene a sumarse a la clásica de riqueza. La probabilidad de que el hijo de un pobre sea pobre también es hoy muy superior a hace unos años, y muestra que el llamado ascensor social está seriamente averiado, lo que invalida los relatos de igualdad de oportunidades y de esfuerzo meritocrático. La capacidad del Estado español para reequilibrar la situación mediante políticas redistributivas es claramente inferior a la media europea: nuestros impuestos no son tan progresivos como deberían y las políticas sociales se quedan cortas o/y son poco eficaces. Aquí está el mayor fracaso del sistema, que empuja a tantos hacia el enfado populista.
-Cuentas públicas. Más allá del espejismo temporal, el déficit público estructural, aquel que no depende del ciclo económico, es demasiado elevado en España, y hoy duplica con creces a lo que exigirán las reglas europeas. Y planean sobre él tres amenazas que dificultaran su disminución: el déficit del sistema de pensiones, pese a la reciente reforma; la ausencia de un modelo estable de financiación autonómica, sobre el que sobrevuela el aumento en el gasto sanitario y el traslado a Presupuestos de gastos de políticas públicas que ahora se cobran, por ejemplo, en la tarifa eléctrica. No es nuevo que nuestro sistema tributario arrastra problemas (fraude y exceso de gastos fiscales) que contribuyen al déficit estructural, como sigue siendo imprescindible generalizar el análisis independiente de la eficiencia del gasto público.
Cuatro bloques de problemas estructurales que limitan las posibilidades de nuestra economía, que deberían centrar el debate político y que ningún Gobierno puede abordar sin establecer grandes pactos y acuerdos políticos, sociales e institucionales. Algo imposible de conseguir en este ambiente tóxico de polarización que es, pues, nuestro verdadero lastre. Para la democracia y para el país.
Jordi Sevilla es economista
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