Un ático sin ascensor
Los expertos han demostrado que la movilidad social no funciona en España. Corregir la desigualdad no ha sido una prioridad, al menos en esta legislatura
Corregir la desigualdad social no ha sido una prioridad del Gobierno progresista. Al menos en esta legislatura determinada por la pandemia y los efectos inflacionistas de la guerra de Putin en Ucrania. Y no será porque no ha dado pasos en esa dirección con medidas como la subida del SMI, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la revalorización de las pensiones o la reforma laboral, claramente contrarrestadas por el aparcamiento de la reforma fiscal, el deterioro acelerado de la eficacia de las Administraciones públicas y la puesta en marcha de medidas coyunturales que apenas si han incidido sobre la desigualdad, bien por ser generales, como los 20 céntimos a la gasolina, bien por ser de escasa intensidad, como el cheque de 200 euros anuales y dejar fuera al 40% de destinatarios.
Salimos, pues, de esta policrisis a dos velocidades y ensanchando la brecha social que fundamenta el desencanto ciudadano y el auge de los populismos. Al menos, es lo que nos dicen, uno tras otro, los diferentes datos que se van conociendo. Por ejemplo, la Contabilidad Nacional, según la cual, si en 2022 las retribuciones de los asalariados han crecido entorno a un 6%, el excedente empresarial lo ha hecho en un 15%. Se refuerza así el carácter regresivo de una inflación que ha hecho perder poder adquisitivo a los salarios, mientras los márgenes empresariales se mantienen, o incluso crecen, como avalan los resultados de la Central de Balances del Banco de España.
Dos hechos deberían ser centrales en cualquier decisión de política económica española: el primero, que, si bien nuestra renta per cápita ha mejorado en los últimos treinta años, llevamos una década con la misma estancada en términos reales, además de que no hemos sido capaces de recortar la distancia con la media de los países de la eurozona. ¿Por qué? El segundo, recogido en el Informe sobre Precariedad Laboral y salud mental presentado por la vicepresidenta Díaz, la desigualdad en la distribución de ingresos es persistente en España y más elevada que en la media europea. De hecho, entre los países con renta alta, somos el más desigual. ¿Por qué?
Los expertos llevan tiempo diciendo (y demostrando) que el ascensor social ha dejado de funcionar en España. Que nuestro Estado es de los menos redistributivos de Europa por dos razones: el sistema tributario es escasamente progresivo y la política social es escasa y se concentra poco en los más necesitados. Por citar un dato reciente sobre esto último: mientras en España hay, según Foessa, 11 millones de personas en riesgo de exclusión residencial y el 41% de los hogares dedica más del 40% de sus ingresos netos a pagar alquiler, la vivienda social apenas alcanza un 2% del parque cuando en la media europea es el 10% y en alquiler, todavía la distancia es mayor.
En la misma línea, un informe elaborado para el Alto Comisionado de Lucha contra la pobreza infantil calcula que solo el coste económico global de no hacer nada respecto a este grave problema, supera en mucho a los recursos necesarios para poner fin a esta lacra silenciosa. Y ahí seguimos, a la espera de conocer el impacto real del Ingreso Mínimo.
Si además de los problemas crónicos de nuestro Estado del Bienestar para redistribuir renta, añadimos los problemas conocidos de nuestro mercado laboral para predistribuir, quedaran pocas dudas de la urgencia de priorizar este asunto en el debate público y político. Por seguir con el informe mencionado sobre salud mental, no solo establece una vinculación directa de este problema con la precariedad laboral, sino que añade que algo más de la mitad del mercado laboral en España (12 millones de personas, incluyendo parados) está en situación que puede definirse como de precariedad laboral.
Tenemos una parte relevante de nuestro sistema productivo que, para ser rentable, necesita “precarios, dopados con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos”, según el profesor Benach director del informe. Es lo que he llamado el retrocapitalismo en un reciente libro, donde lo contrapongo al turbocapitalismo moderno y competitivo internacionalmente del que también gozamos en España.
Demasiada gente se está quedando atrás en esta sociedad posmoderna con el ascensor social averiado. Y, de nuevo, salimos de esta difícil situación, cargando el coste sobre unos salarios que pierden poder adquisitivo frente a márgenes empresariales que mantienen mejor el embate de la inflación. Ya sé que en esta sociedad del espectáculo y de la lucha despiadada por cinco minutos de atención, hablar de pobres y ricos suena a cosa aburrida y antigua frente a otras batallas culturales que se recubren de actualidad, aunque sean viejunas. Pero el problema es que la brecha social tiene impacto transversal y afecta al género (mujeres-hombres), a las generaciones (jóvenes-viejos) y al territorio (rural-urbano), tanto o más que cualquier otra cosa.
Quienes defendemos los principios de una democracia con estado del bienestar, como los mejores para articular la convivencia en sociedades plurales y complejas, aunque seamos flexibles con los medios, la desigualdad social es el mejor termómetro para medir el grado de equidad y, por tanto, de aceptabilidad ciudadana del propio modelo democrático frente a populismos. Por eso debe de ser prioritario reparar el ascensor social (igualdad real de oportunidades más recompensa real del esfuerzo personal) y aquellos mecanismos que equilibran la capacidad negociadora de los grupos sociales en un mercado laboral en plena transformación tecnológica unido a un Estado con capacidad de hacer que cada cual, contribuya (de verdad) de acuerdo con su capacidad adquisitiva (total) y de concentrar las ayudas en aquellos que más la necesitan y se comprometen a aprovecharla mejor.
Pero parece que, de esto, hablaremos en la próxima legislatura. Mientras tanto, se ofrece ático cutre sin ascensor, aunque con vistas.
Jordi Sevilla es economista
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