Siempre nos quedará Bruselas: pensiones e Ingreso Mínimo Vital
La ‘reforma Escrivá' de las jubilaciones no ha sido más que una coartada para aprobar una medida electoral
Como Feijóo no quiere hacer oposición en economía, salvo de brocha gorda y catastrofista, tenemos que recurrir a voces profesionales e institucionales para encontrar análisis que, con datos, cuestionan aspectos de la gestión económica del Gobierno, rebajando el triunfalismo del que suelen hacer gala sus representantes. Y es que tan imposible es que un Ejecutivo lo haga todo mal, como todo bien. Y ahí está el margen para la crítica democrática.
En estos días hemos conocido informes de la Comisión Europea que ponen el acento crítico en dos asuntos, no menores: la última reforma de las pensiones y la implantación del Ingreso Mínimo Vital. A la vez, reconoce méritos como la reducción de la temporalidad o la subida del salario mínimo sin destruir empleo.
Una de las cosas más destacadas por el Gobierno cuando hace poco más de un año se aprobó otra reforma del sistema público de pensiones es que había sido pactado “con Bruselas”, como si ello fuera razón suficiente para justificar el no hacerlo aquí con los partidos del antiguo Pacto de Toledo. Sin embargo, el informe Ageing Report 2024 apunta, de nuevo, lo obvio: los números de las pensiones, no salen, ni con la reforma recién aprobada. Y la cuestión es fácil: nuestro modelo es de reparto. Es decir, los pensionistas se reparten (con criterios establecidos) lo que hay, en la caja común, según vayan cotizando los ocupados (con criterios establecidos). Durante años, la lógica del modelo exigía que estuviera anualmente equilibrado. Después, para mantener lo cobrado por los pensionistas ante crisis económicas que reducían coyunturalmente lo ingresado, el Tesoro cubría el déficit temporal con préstamos. Luego, para épocas de bonanza, se estableció el Fondo de Reserva que alcanzó, con ZP, los 60.000 millones.
Poco a poco, los desfases de tesorería en la Seguridad Social empezaron a ser estructurales porque el envejecimiento de la población hacía que el número de pensionistas creciera más que el de ocupados. Entonces empezaron las reformas del sistema (revisando los criterios de pago y de cobro) y los préstamos: empezaron a ser transferencias permanentes, es decir, el déficit de las pensiones lo cubríamos todos los españoles mediante nuestros impuestos o/y deuda pública.
El informe publicado por la Comisión insiste en que, dadas las tendencias demográficas, el sistema actual entrará en un déficit estructural creciente, ya que los pensionistas, en aumento, se reparten mucho más de lo que se ingresa con las cotizaciones de unos ocupados menguantes (hemos superado, además, los 19 años de media cobrando la pensión). Y ello será así, a pesar de que la última reforma incrementa las cotizaciones, porque incluye, también, la revalorización por el IPC de las pensiones, lo cual llevará a un incremento del gasto superior al de los ingresos. Señala el informe que en 2050 habrá seis millones más de pensionistas, con prácticamente los mismos ocupados que ahora, lo que elevará el gasto hasta situarlo, sobre el PIB, en el más elevado de la eurozona.
¿Soluciones, tras constatar que la reforma Escrivá no ha sido más que una coartada para aprobar una medida electoral? La primera, resignarnos a vivir en una sociedad en la que los 22 millones de ocupados financian, mediante cotizaciones e impuestos crecientes, las pensiones intocables de 16 millones de pensionistas. Segunda, aumentar el número de ocupados lo suficiente, al menos, para mantener la actual proporción entre pensionistas y cotizantes, lo que dada nuestra tasa de natalidad exigiría, según el Banco de España, incorporar a 24 millones de inmigrantes hasta 2053, con todo lo que ello conlleva.
Tercera, volver a modificar las condiciones según las que se cotiza y se cobra pensión. Y, aquí, salvo que vayamos a una escala de cotizaciones con efectos negativos sobre el empleo, solo podemos endurecer tres de los criterios actuales para cobrar pensiones: retrasar la edad efectiva de jubilación; revisar la revalorización automática de las pensiones y/o corregir la mayor y más antigua distorsión de nuestro modelo: rebajar la tasa de reemplazo entre la pensión y el último salario, que es, en España, un 75% superior a la media europea. Cuarta: cambiar el modelo e integrar la Seguridad Social, con sus impuestos y gasto, de manera paulatina, en la Hacienda pública global.
La Comisión ha publicado otro Informe sobre la convergencia social en Europa, por países. Y España no sale bien parada. Los expertos comunitarios constatan que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) aumentó en España hasta el 26,5% en 2023, “mostrando poca o ninguna convergencia con la media europea desde 2015″. Sobre todo, en pobreza infantil, donde estamos a la cabeza tras subir en 2023.
Pero no solo es que mucha gente “se está quedando atrás”, sino que uno de los mayores éxitos de la pasada legislatura, el Ingreso Mínimo Vital, no ha servido para el objetivo declarado, ya que apenas ha llegado a la mitad de familias objetivo y “solo alcanza al 20% de las personas Arope en España”, tanto por problemas de difusión y conocimiento por parte de los afectados como por “obstáculos burocráticos”. Se calcula que un 58% de los hogares que podrían beneficiarse del IMV no lo solicitaron, y que a un 70% de los solicitantes se les denegó por problemas burocráticos sobre las condiciones.
El informe también recuerda la elevada tasa de paro, las ineficientes políticas activas de empleo, el desajuste entre los conocimientos y habilidades que tienen los trabajadores y los que necesita el mercado de trabajo, y concluye que la pobreza y la exclusión se mantienen muy elevadas en España, mientras que hay dudas sobre la eficacia de varias de las políticas sociales puestas en marcha para reducirlas.
Bruselas señala un problema urgente y otro muy importante. Sabemos solucionarlos. Pero se requieren acuerdos transversales que la actual polarización impide realizar, lo cual la convierte, por tanto, en el mayor obstáculo para España. ¿Quién le pondrá fin y aplicaremos aquello de Ortega: “españoles, a las cosas”?
Jordi Sevilla es economista
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