La obsolescencia programada desbarata el futuro de las personas
Es preciso retomar el derecho a la jubilación como un derecho de la persona y no como una obligación
Hace once años, uno de los autores firmantes publicaba el artículo No a la obsolescencia programada en el que llamaba la atención sobre la necesidad urgente de repensar las políticas y prácticas en relación con la gestión de la edad en las organizaciones, la prolongación de la vida laboral y la flexibilización de las transiciones personales a la jubilación.
Una década después, constatamos que se habla y se escribe más de esta situación, se han producido algunos pequeños cambios y mejoras, aunque, en lo esencial, las barreras estructurales, legales, culturales y mentales se mantienen.
Todos los países desarrollados estamos inmersos en importantes cambios demográficos; así, según el Aging Report 2021, en dos décadas en España estaremos próximos a una esperanza de vida al nacer de 90 años. Pero el dato que más nos interesa es el relativo a la esperanza de vida a los 65 años, puesto que define el tiempo medio probable durante el que las personas vivirán después de la jubilación. En 2021, alcanzó en promedio los 21,15 años, con la habitual diferencia a favor de las mujeres (23,07 y 19,03 para los hombres).
La tasa de actividad de la población española mayor de 55 años se encuentra entre las más bajas de la OCDE. Todo ello tiene su origen en diversas causas: estructura productiva, nivel formativo de nuestro capital humano, falta de incentivos adecuados a seguir activos una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, y sobre todo la tendencia generalizada en nuestras organizaciones a utilizar la edad como variable de ajuste del mercado laboral.
La diversidad de las personas y las diferentes situaciones vitales hacen que la fijación de una determinada edad como criterio y predictor homogéneo para la jubilación de las personas parezca inadecuada. Además, no todos los trabajos son iguales. Los tradicionales hitos vitales: 55, 60, 65, 70… se desdibujan y ya no explican las diferentes preferencias ni capacidades de los individuos ni, tampoco, describen la realidad social. La edad ya no es lo que era, ni es lo que será.
Si los argumentos demográficos (recuérdese: se trata de datos objetivos y de estimaciones estadísticas, no de opiniones ni de posicionamientos ideológicos) son evidentes desde hace décadas, y si aparentemente todo el mundo está interesado en mantener el estado del bienestar y la calidad de vida de este país, ¿por qué España no es un país adecuado para que el mayor número de personas de más de 55 años continúen trabajando?
Si logramos identificar las principales razones, sería posible entonces proponer posibles soluciones. Ese es el objetivo que nos proponemos en las siguientes líneas.
1. Mantenimiento de estereotipos negativos y prejuicios hacia las competencias de las personas que superan los 55 años.
2. Rigideces y constricciones del mercado laboral y en la gestión empresarial de las carreras profesionales en sus etapas medias y finales.
3. Prioridad de los criterios economicistas y de corto plazo de las organizaciones respecto a la gestión de la edad. Para generar prosperidad compartida es necesario que todos pensemos y actuemos en lo individual y en lo colectivo comprometidos con el largo plazo.
4. Mantenimiento de una cultura de la jubilación, colectiva e individualmente.
5. Barreras y limitaciones al emprendimiento senior y al empleo puente, con escasas opciones de continuar trabajando más allá de las edades de jubilación.
6. Menosprecio por las aportaciones intergeneracionales, desaprovechando el valor de las competencias de asesoría, mentoring y coaching limitando así la capacidad de generatividad, o motivación por transmitir y compartir con los más jóvenes la experiencia acumulada por los mayores.
Respecto a las propuestas planteamos:
Con carácter general, indicamos que es necesario generar un marco normativo mucho más abierto y flexible, en el que todas las partes ganen, para que cada día un mayor número de personas quieran y puedan permanecer activas más tiempo y generando riqueza para toda la sociedad. La nueva realidad obliga a las leyes laborales y de seguridad social a actualizarse y coordinarse intensa y profundamente con el fin de dar respuesta al reto en el que estamos inmersos.
· Es preciso retomar el derecho a la jubilación como un derecho absoluto de la persona, y no como una obligación, por encima de cualquier limitación.
· Hay que promover de forma efectiva el valor transformador de la educación para los empleados de más de 55 años con una formación que les permita el upskilling y reskilling profesional.
· Se debe anticipar, apoyar y promover en las organizaciones los necesarios procesos de transición personal que se requieren en los años previos a la jubilación.
· Es importante lograr un despegue suave de la vida activa que permita encajar y adecuar deseos y comportamientos de empleadores y empleados.
· Es importante facilitar la vuelta a la vida activa de una persona jubilada por medio de la compatibilidad plena entre la pensión y el trabajo de una manera sencilla y flexible. De esta forma no sería necesario mantener ni ampliar reglas diferenciadoras que aplican a ciertos colectivos. Lo que no facilite la regulación lo hará posible la imaginación.
· Urge la entrada en vigor lo antes posible de un factor de sostenibilidad (longevidad) consensuado entre todos. Es nuestra deuda pendiente y creciente con las generaciones futuras.
Los próximos diez años son decisivos, estamos ante una oportunidad, necesitamos anticiparnos a las necesidades de la realidad social, a la transformación del mundo del trabajo y comprometernos activamente por las generaciones más jóvenes.
Aquí no sobra nadie que quiera seguir aportando a la sociedad. Está en juego el presente y el futuro de varias generaciones.
Tomás Arrieta / Carlos María Alcover son Presidente de la Fundación Activos de Gran Experiencia / Catedrático de Psicología de los Grupos y las Organizaciones de la Universidad Rey Juan Carlos
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