De Criteria a Amancio Ortega: ¿Por qué cuesta forjar núcleos duros españoles?
Naturgy no encuentra comprador para un 20% del capital, mientras brillan por su ausencia inversores nacionales que apuesten por blindar firmas estratégicas
Los designios de Carles Puigdemont son inescrutables. En su impredecible reflexión, en la que no está claro que priorice las más básicas exigencias de la realpolitik, radica que haya Gobierno socialista y arranque la legislatura o se vuelvan a abrir las urnas. “Quiere la luna, no está claro que se conforme con las estrellas”, indican fuentes próximas al expresident. Añaden que la abogacía del Estado estudia vías jurídicas -esencialmente “alivios penales”- que se aproximen a una amnistía sin serlo, fórmulas que, en todo caso, se esbozan a marchas forzadas y no garantizan el plácet de Waterloo. Resulta paradójico que, en paralelo, muchos proyectos empresariales contengan el aliento. La continuidad socialista en la avenida Puerta de Hierro confiere tracción a determinados planes mientras que obliga a meter otros en el congelador o someterlos a un ambicioso restyling.
El sector energético es el principal damnificado. Una eventual continuidad de Teresa Ribera en el gabinete obliga a Naturgy a pensar alternativas al conocido como proyecto Géminis, la escisión de su negocio para dar salida a los fondos atrapados en el capital. La vicepresidenta ya lo paró en su día -apelando a la condición estratégica de la firma- y la gestión de la gasista no oculta la posibilidad de reactivar la iniciativa si cambian las circunstancias con una llegada del PP a La Moncloa. Diversas fuentes financieras y otras próximas a la compañía aseguran que el 20% que GIP atesora de Naturgy lleva tiempo a la venta, pero no es fácil encontrar comprador. CVC, otro de los accionistas que podría haber agotado su plazo en la casa, mira de reojo al precio.
El bloqueo y los problemas para encontrar inversor en firmas como Naturgy revelan también la ausencia de grupos industriales españoles con dimensión y fortaleza para armar núcleos duros que salvaguarden la españolidad de las empresas clave, dependientes en último extremo de la golden share de turno. La otrora empresa catalana es el perfecto ejemplo de cómo un proyecto industrial anclado durante años en un accionista con visión de largo plazo y ligado al territorio -véase Criteria, con el 27% de la compañía- acaba ahogado por las exigencias de fondos centrados en maximizar su portfolio inversor. La política catalana ya se inmiscuyó en su día en la posibilidad de crear un gigante energético con sello nacional, cuando Endesa se subastó al mejor postor. “Antes alemana que catalana”, reza la frase apócrifa que ha pasado a la historia y recitaba el entorno del Partido Popular. Se prefería que cayera en manos de la teutona E.ON antes que en las de Gas Natural. Finalmente, se la quedó la pública italiana Enel.
Por si fuera poco, la apuesta de Criteria por mantenerse en iniciativas con sentido institucional le ha reportado sinsabores que derivan el foco al ámbito político. En la propia Naturgy, se ha quedado sola como accionista nacional de referencia, aferrada a una defensa numantina del proyecto industrial mientras el Ejecutivo autorizaba operaciones de todo menos amistosas. Así sucedió con la irrupción del fondo australiano IFM, cuyo acceso fue autorizado sin demasiadas trabas pese a que suponía incorporar un tercer fondo al capital.
La corporación que preside Isidro Fainé, por si no hubiera tenido bastante con una taza, acaba de encontrarse con un servicio de café completo tras el asalto saudí a Telefónica, que le arrebata la condición de primer accionista de la teleco sin que, de momento, estén claras las intenciones de los recién llegados con respecto a la gestión ni la posición de un Gobierno que se pronuncia a varias voces. Al mismo tiempo que transmite intransigencia total -por boca de Yolanda Díaz-, Nadia Calviño reclama cautela, tal vez mirando de reojo a los contratos de Navantia con el país árabe. Aunque los eventuales remedies que el Ejecutivo imponga a Saudi Telecom complicarán más o menos la operación -al tiempo que quizás ofrezcan claves sobre lo que se ha movido entre bambalinas en los últimos meses-, se ha perdido demasiado tiempo para preservar y consolidar un verdadero núcleo duro que refuerce el carácter nacional de una firma que opera con infraestructuras críticas y custodia los datos de los ciudadanos.
¿Por qué cuesta tanto defender la españolidad de las firmas claves para el país desde su accionariado? ¿Acaso no hay capital? Evidentemente, no es fácil competir con gigantes del capital riesgo o fondos foráneos de dimensión internacional. Sin embargo, Criteria no debería ser el único llanero solitario. No hay que remontarse demasiado en el tiempo para recordar la llegada de Amancio Ortega a Telxius, donde compartía accionariado con Telefónica y en la que se dejó 379 millones para obtener casi el 10% del capital allá por año 2018. Tres años después, tomaba el 5% de Red Eléctrica, participación valorada en 456 millones de euros, lo que le convertía en el segundo mayor accionista de la sociedad que gestiona el sistema de distribución eléctrica. No es difícil rastrear grupos industriales con peso susceptibles de entrar en operaciones bien diseñadas y rentables.
Fuentes próximas al Gobierno italiano explican que la ventana de oportunidad también se había presentado en los últimos meses en Endesa. El Ejecutivo de extrema derecha liderado por Giorgia Meloni, que en una de sus primeras decisiones de enjundia reemplazó a Francesco Starace por Flavio Cattaneo al frente de eléctrica para abrir una nueva era en el gigante transalpino, no habría hecho ascos a colocar un porcentaje del 70% que atesora de la española con el fin de hacer caja y, o bien invertir en la mejora de las maltrechas redes nacionales, o coadyuvar a su plan de desinversiones en marcha para reducir una deuda cercana a los 60.000 millones. En realidad, una disposición de esa índole encajaría en el plan estratégico que desarrolla a contra reloj el grupo y que contempla desinversiones por valor de 21.000 millones hasta 2025. De esa cuantía, el conglomerado ha levantado ya fondos por valor de 11.000 gracias a la ejecución de 24 transacciones, pero aún tiene mucho que remar para cumplir el objetivo. Según estas fuentes, la mayor cercanía a Fratelli d’Italia de un Ejecutivo del PP con el respaldo de Vox facilitaría ese plan de venta parcial. Para España, empero, recuperar terreno perdido en la eléctrica supera con mucho el interés partidista.
En general, los últimos episodios corporativos revelan la creciente falta de consenso político respecto a la necesidad de cerrar filas a la hora de defender marcas estratégicas. La creciente desafección escenificada por políticos y empresas a resultas de cuestiones comparativamente menores, desde los salarios que perciben los ejecutivos a los nuevos impuestos, no ayuda a forjar metas y visiones colectivas dentro del entramado institucional. El adiós de Ferrovial fue una señal de alarma que no se ha escuchado. Acompasar la rentabilidad con los objetivos del país a medio y largo plazo debería ser posible más a menudo. Y debería importar.
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