Las grandes fortunas no necesitan regulación cripto, pero el resto sí
La protección del inversor no sería clave si su perfil medio fuese el que arrojan las estadísticas del Impuesto sobre el Patrimonio
Entre las características que alimentan los elevados niveles de riesgo financiero del universo de los criptoactivos figura la falta de transparencia del sector, lo que explica que no haya estadísticas fiables sobre el total de dinero invertido y el número de inversores, más allá de las cifras que proporcionan las propias plataformas o una variopinta multiplicidad de estudios que no suelen ofrecer fuentes concretas. Entre los pocos datos oficiales que existen en España figuran los que maneja la Agencia Tributaria, que grava los criptoactivos tanto por medio del IRPF como del Impuesto de Patrimonio. Las estadísticas respecto a este último, actualizadas la semana pasada, revelan que hay 20 grandes fortunas españolas que atesoran en conjunto 1.200 millones de euros en criptomonedas, lo que supone el 60% del total declarado en el impuesto al cierre de 2021. La cifra permite concluir que la mayor parte de los grandes patrimonios españoles no apuestan por invertir de forma destacada en estos activos, salvo ese reducido club formado por una veintena de ultrarricos con algo más de 60 millones cada uno.
Más allá de que los datos del ejercicio de 2021 no reflejan los terremotos experimentados desde entonces en el sector, el hecho de que las fortunas españolas inviertan en criptomonedas es resultado de la mayor capacidad de diversificación y del sólido potencial financiero de estos patrimonios, algo que les permite invertir sin problemas en activos de alta volatilidad. Una circunstancia a la que hay que sumar el asesoramiento profesionalizado con el que operan las grandes fortunas, que minimiza extraordinariamente el riesgo.
Los esfuerzos globales por adoptar una regulación que ponga orden en el sector de las criptomonedas y proteja al inversor –que en Europa han cristalizado en el reglamento MiCA– no serían una necesidad urgente si el perfil medio del tenedor de estos activos fuese el que arrojan las estadísticas sobre el Impuesto sobre el Patrimonio. La regulación comunitaria, aprobada en abril por la Eurocámara, ha sido el primer intento europeo de ordenar minimamente este mercado, que nació como una especie de tierra de nadie con rendimientos desorbitados para los inversores especializados, pero también abultadas pérdidas, fraudes de toda factura y malas prácticas. Aunque MiCA, como la CNMV se ha encargado de subrayar, no es un “bálsamo arreglatodo”, proporcionará al mercado una relativa seguridad, que es prescindible para las grandes fortunas, pero fundamental para el pequeño inversor.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
