Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El crédito ‘revolving’ y las lecciones del pasado

Las crecientes garantías de legislación bancaria europea para proteger al cliente deberían ser advertencia suficiente sobre el riesgo de este producto

Imagen de varias tarjetas de crédito
Imagen de varias tarjetas de créditoAdam Gault (Getty Images)

La factura que ha desembolsado hasta ahora WiZink por los litigios relacionados con las tarjetas revolving debería servir de aviso a navegantes sobre los riesgos reputacionales y económicos que entraña este producto financiero. El banco pagó 200 millones de euros el año pasado para resolver conflictos, según las cuentas individuales de 2022. La cifra se explica por los acuerdos extrajudiciales, las condenas judiciales y los gastos de abogados generados por una lluvia de reclamaciones iniciada tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, en la que se calificaba como usurero un crédito revolving concedido por el banco. Aquel juicio obligó a WiZink a realizar provisiones millonarias, aunque estas se han ido reduciendo hasta el ejercicio 2022, en el que banco ya no ha considerado necesario realizar otras nuevas.

La razón de la mejora de las perspectivas de WiZink –y de la banca en general– sobre la litigiosidad de las tarjetas revolving está en otra sentencia judicial, también del Supremo, y esta vez de febrero de este año, en la que se define el interés usurero con unos parámetros lo suficientemente amplios como para desactivar la mayor parte de las demandas contra estas tarjetas. Pese a ello, los expertos jurídicos comienza a aconsejar reclamaciones basadas en la falta de transparencia de los contratos, una estrategia nueva que puede abrir un frente de riesgo no previsto para las entidades financieras.

La alta conflictividad de las revolving, reconocida por el Banco de España, tiene que ver con su forma de operar, distinta de la habitual en las tarjetas de crédito. Los créditos revolving permiten aplazar los pagos de las compras, pero en lugar de pasar el cobro a mes vencido, este se fracciona en cuotas mensuales, las cuales generan intereses, generalmente altos, todo lo cual dificulta que el cliente pueda calcular fácilmente la cuota que debe abonar. Los datos del supervisor revelan que las quejas se han multiplicado por 50 en los últimos años, hasta superar las 10.000 el año pasado. El saldo vivo, a cierre de febrero, que acumula la banca en crédito revolving es de 1.354 millones de euros.

Resulta innegable, y hay varias sentencias judiciales que lo acreditan, que el nivel de complejidad de los contratos revolving supera el habitual en el sector. El creciente compromiso de la legislación bancaria europea para proteger al cliente financiero debería ser una advertencia suficiente sobre lo que puede ocurrir con este producto y las consecuencias que puede tener para la imagen del sector financiero. Adelantarse a los acontecimientos equivale a tomarse muy en serio las crisis reputacionales que tanto daño han hecho a la banca en el pasado.

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