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Análisis
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Inteligencia Artificial: una oportunidad que España no puede perder

Entre las barreras para avanzar, figura la dificultad de regular una tecnología que se desarrolla más rápido que la normativa

Inteligencia Artificial en un papel
Unsplash

Estamos ante la oportunidad de acelerar algo que lleva años generando gran cantidad de titulares en España: la implantación de la inteligencia artificial (IA) en todo el tejido empresarial. La adopción de la IA por parte de grandes entidades demuestra que, a diferencia de otras tecnologías disruptivas que todavía están en proceso de demostrar su impacto real en los negocios, la IA ya se ha consolidado como un habilitador y acelerador de la transformación y competitividad de las empresas.

Esta oportunidad, dado el contexto actual, se puede canalizar y abordarse de manera más eficiente a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y bajo la tutela de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), que deberían dotar de inversión la democratización de la IA en España. Y hacerlo además de manera alineada con la futura AI Act europea, consolidando de esta manera la seguridad jurídica de la implantación de la IA en el tejido productivo español. En este contexto, la Administración central espera que para 2030 el 75% de las compañías españolas ya cuenten con programas de aplicación de IA. Y esto, en un sistema productivo como el español, con un alto porcentaje de pymes, no es baladí.

Para que esto ocurra hay que avanzar y aprovechar esta coyuntura. Es necesario, además, hacer frente a los retos que presenta en la actualidad la tecnología, como la escasez de talento tecnológico para facilitar su adopción, la necesidad de divulgar sobre la propia IA, y la de otorgar la seguridad jurídica necesaria para que cualquier compañía pueda utilizar sistemas de esta tecnología con todas las garantías. Esto último será posible gracias a la regulación que ya está ultimando la Unión Europea, pero también será necesario canalizar de manera adecuada la financiación.

A esto se suma el reto de generar confianza alrededor de una tecnología que puede entenderse como una herramienta con el potencial de afectar negativamente la vida de los ciudadanos, incluso de ser percibida como su sustituto a nivel laboral, y la necesidad de lograr soluciones fácilmente explicables y transparentes para el usuario. Pero hay que resaltar el lado positivo para que llegue una necesaria aceptación social.

Gracias a la IA es posible desarrollar soluciones cuyo impacto puede condicionar la vida de las personas y por ello, se debe aplicar teniendo en cuenta unas guías de diseño que no sean ajenas a los principios éticos y leyes que rigen nuestra sociedad, teniendo en cuenta además las limitaciones de la tecnología. Por su propia naturaleza de aprendizaje a través de datos seleccionados por humanos, o incluso por la propia definición humana de sus condiciones de éxito, la IA tiende a tener sesgos. A esto se suma el nivel asombroso de cómputo que están alcanzando las nuevas soluciones basadas en lenguaje natural, que proporcionan respuestas con alto nivel de verosimilitud pero que, en muchas ocasiones, simplemente no son ciertas.

Ante este escenario, nos encontramos con diferentes retos. Por un lado, la dificultad que supone regular sobre una tecnología cuyo avance es tan rápido que su normativa puede quedar obsoleta en poco tiempo. De hecho, hay una dificultad de base y es la propia definición de IA, tan abierta que es difícil acotar.

Por otro, el propio texto de una ley que podría frenar el progreso de la tecnología en favor de soluciones menos competitivas. Por este motivo, las sanciones aplicables en el marco regulatorio de la IA deberán entenderse como el último recurso y deberán promoverse en casos de incumplimiento flagrante y sobre todo para desincentivar que las grandes compañías abusen del poder de la tecnología.

Las Administraciones no deberían marcarse como prioridad perseguir y tratar de buscar al infractor, sino facilitar y dar seguridad jurídica a aquellas empresas que quieran innovar y aplicar programas de inteligencia artificial para ganar competitividad. La buena noticia es que en España contamos con la oportunidad que supone la creación de la Aesia. Para facilitar la adopción de la propia regulación una vez sea efectiva, el propio sector tecnológico también está poniendo de su parte, participando en el sandbox regulatorio que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha creado para poner en común buenas prácticas antes de que entre en vigor la propia regulación.

No obstante, su papel deberá materializarse en la puesta en marcha de un conjunto de herramientas y políticas que aseguren de manera coordinada con la Administración pública que organismos, empresas, proveedores de software y cualquier organización que use esta tecnología cumplen con los requisitos que a día de hoy están incluidos en esa futura ley y que tienen que ver con la gestión de los riesgos que nos puede conllevar el uso de la inteligencia artificial.

En definitiva, estamos viviendo un momento clave, en el que el crecimiento exponencial de la IA va a marcar la evolución de nuestro tejido empresarial y social los próximos años. En esta ocasión España cuenta con una posición de salida privilegiada para dotar a empresas y sistemas públicos de una tecnología innovadora, pero también responsable.

David Pereira es Socio y director de Datos e Inteligencia Artificial de NTT DATA

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