La CNMV suiza intenta bloquear el acceso de inversores a los documentos sobre el colapso de Credit Suisse
La Finma litiga para evitar la difusión del expediente sobre el que se basó la laminación de 16.500 millones en cocos, ante la avalancha de demandas en varias jurisdicciones
El supervisor de los mercados de Suiza, la Finma, está intentando evitar que los tribunales helvéticos proporcionen a los inversores afectados por el colapso de Credit Suisse los documentos del proceso. El supervisor ha remitido, a petición del Tribunal Administrativo Federal del cantón de Sankt Gallen, el expediente completo sobre el proceso que dio lugar a la amortización de los cocos emitidos por el banco, pero ha solicitado impedir que dicha documentación llegue a los inversores demandantes. Entre otros motivos jurídicos, la Finma esgrime el riesgo de que estos datos sean utilizados en juicios o arbitrajes fuera de Suiza. Sobre la mesa están las reclamaciones de gran parte de los miles de inversores que perdieron 16.500 millones de euros en un abrir y cerrar de ojos.
La intervención de Credit Suisse por parte de las autoridades suizas en marzo de 2023 se saldó con la venta de la centenaria entidad a su principal rival y competidor, el también suizo UBS, por 3.000 millones de euros. Aunque los accionistas recibieron algo de dinero por sus títulos, los tenedores de cocos (deuda contingente convertible, también denominada AT1) perdieron la totalidad de su inversión. El resultado de la operación sacudió los cimientos de las finanzas, pues contravino la jerarquía tradicional de asunción de pérdidas en caso de quiebra, donde los tenedores de bonos pueden asumir minusvalías, pero siempre después de los accionistas. La amortización de esta deuda estaba prevista en las cláusulas contractuales del folleto de emisión, pero los inversores afectados rechazan que se dieran las condiciones que figuraban en dichas cláusulas. Así, hay en torno a 300 demandas presentadas en Suiza, otras en Estados Unidos y varios procesos de arbitraje abiertos.
La batalla legal se dirime en torno a las decisiones adoptadas en las caóticas jornadas de marzo de 2023: el Gobierno suizo publicó un decreto el 16 de marzo para auxiliar a Credit Suisse, pero la sangría de depósitos registrada al día siguiente obligó a las autoridades a buscar un rescate de emergencia ante un terremoto financiero casi imposible de capear: los activos de la banca suiza suponían 4,5 veces el PIB del país. La venta a UBS se orquestó en fin semana sin pasar por las juntas de accionistas de ambas entidades ni por el Parlamento. El día 19 (domingo), el Gobierno enmendó su propia norma de tres días antes para especificar que la Finma estaba habilitada para decretar la amortización en caso de un rescate público, como finalmente hizo, ese mismo día.
La Finma argumentó que el respaldo del Ejecutivo tuvo “un efecto positivo directo en la liquidez y la situación del capital” de la entidad, lo que, para el regulador, implicaba cumplir con la cláusula del llamado “evento de viabilidad” contemplada en el folleto del bono, según Financial Times. El Gobierno abrió una línea de crédito de 50.000 millones de francos suizos para compensar la fuga de clientes, y también un esquema de protección de pérdidas de otros 10.000 millones que, finalmente, no fue utilizado.
El año pasado los inversores ya consiguieron obligar a la Finma a publicar el dictamen que habilitó a Credit Suisse a amortizar los cocos. Ahora han pedido más: concretamente, el expediente completo de la decisión relativa a la deuda AT1 y a los bonus de directivos ligados a dichos cocos (llamados CCA, contingent capital awards). En un requerimiento del 15 de marzo, el tribunal de Sankt Gallen requirió a la Finma el expediente completo (numerado, indexado, en formato USB y en italiano) del caso antes del 18 de marzo. El supervisor remitió la información al juez. Pero niega la mayor, al considerar que los demandantes no están legitimados para demandar. Así, ha pedido al Tribunal Administrativo Federal que se pronuncie sobre esta cuestión preliminar antes de decidir sobre el fondo. En concreto, la Finma argumenta que los demandantes no tienen derecho a recurrir su decisión del 19 de marzo de 2023 porque se trataría de una medida de protección, según el artículo 26 de la Ley Bancaria suiza, según documentación a la que ha tenido acceso Cinco Días.
El proceso, indica, “debe limitarse al examen de los requisitos procesales y concluir con una decisión de inadmisibilidad” de la demanda, pues considera que “la pérdida alegada no resulta directamente de la decisión AT1, sino de la depreciación efectuada por Credit Suisse en virtud de las bases contractuales aplicables”. Así, rechaza que los inversores tengan acceso al expediente por lo que considera una falta de legitimación. “Cuando los inversores sufren una pérdida por una medida adoptada por una autoridad, se les debe conceder el derecho de recurso”, replica Dario Item, abogado suizo experto en derecho financiero y, también, embajador en España de la república caribeña de Antigua y Barbuda. “La Finma está actuando más como una entidad privada demandada que como una autoridad pública”, remacha, indicando también que el supervisor intenta eludir responsabilidades al ligar la amortización de la deuda a una decisión de Credit Suisse.
En segundo lugar, y de forma subsidiaria, el supervisor suizo requiere que se aplace la entrega de la información a los inversores hasta que el tribunal dirima sobre esta legitimidad. “Puede considerarse un hecho notorio que numerosos herederos de AT1 han presentado demandas contra la decisión [de la Finma] con el único fin de obtener acceso a la información que podría utilizarse en procedimientos civiles y arbitrales en Suiza o en el extranjero contra la Confederación Suiza o el banco. En este contexto, cabe señalar que existe el riesgo de que se busquen procesos judiciales en países donde el respeto de los principios del Estado de Derecho es cuestionable”. También argumenta que la documentación “llegaría a los medios de comunicación con la misma rapidez [que en otras ocasiones] si se pusieran a disposición del demandante. Por ello, la Finma solicita que se posponga cualquier decisión sobre el acceso a los expedientes “hasta que se haya adoptado una decisión definitiva, en su caso por el por el Tribunal Supremo Federal”.
La Finma, por su parte, no ha confirmado esta información, si bien afirma a Cinco Días que “la Finma presenta su posición sobre la depreciación del AT1 ante los tribunales. No está llevando a cabo los numerosos procedimientos de recurso a través de los medios de comunicación”, añadiendo que ha presentado más de 100 consultas al tribunal administrativo. En total, los tribunales helvéticos tienen sobre la mesa 320 demandas de inversores en cocos de Credit Suisse. La mayor de ellas la lleva el despacho Quinn Emmanuel, también en el tribunal de Sankt Gallen, representando a 1.000 inversores con activos por 6.000 millones de dólares. Asimismo, tal y como publicó Cinco Días, Core Capital Partners presentó el 20 de octubre una demanda colectiva ante el tribunal del distrito sur de Nueva York contra el banco y varios de sus exdirectivos, pretendiendo el resarcimiento de, al menos, 1.200 millones de dólares. Con 16.500 millones de euros en juego, la batalla legal continúa, y no será corta. “Sobre la mesa está la credibilidad no solo de la propia autoridad supervisora suiza, que permitió que se cancelaran más de 16.000 millones de francos suizos en bonos AT1, sino sobre todo del centro financiero suizo como interlocutor internacional fiable”, concluye Item.
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