Los asesores de voto alertan a las cotizadas españolas de la brecha salarial entre directivos y plantilla
Los ‘proxy solicitors’ Morrow Sodali y Georgeson avisan del riesgo de contagio tras las huelgas en EE UU. Los accionistas castigarán las subidas de remuneraciones fijas y variables sin justificar
Los gigantes de la automoción en EE UU, como General Motors, Stellantis o Ford, están sufriendo la presión de sus miles de trabajadores, que se han lanzado a la huelga para mostrar su descontento por la pérdida acumulada de poder adquisitivo durante tres décadas. Es solo la punta del iceberg de un movimiento laboral que amenaza con remover los cimientos de la industria estadounidense. Desde 1978, el salario de los trabajadores de las 300 empresas más grandes de EE UU apenas ha crecido un 18% en términos reales mientras que el de los máximos ejecutivos lo hizo un 1.460% descontada la inflación. En su lucha contra la cúpula directiva de sus empresas, los empleados también han encontrado el apoyo de los proxy solicitors, los asesores de las empresas que tratan de evitar el activismo entre los propietarios de las compañías. Sus críticas pueden tener consecuencias nefastas en la votación de junta de accionistas o pueden desencadenar cambios en la cúpula en función del peso que tengan esos activistas en el capital. Y esa alerta también está llegando a España.
La brecha salarial entre los ejecutivos y los empleados escala a 54,5 veces en el caso del Ibex 35
Borja Miranda, jefe de fusiones y adquisiciones de Morrow Sodali para España y Latinoamérica, uno de los grandes proxy solicitors que opera en España y que asesora a la mayoría del Ibex 35, recalca que ese fenómeno de EE UU llegará en breve a Europa. “Si hay mucho desajuste entre la retribución del consejero delegado y la de los empleados, los accionistas van a mostrar su descontento por el incumplimiento de la parte social. Y pueden hacerlo votando en contra en las juntas generales de accionistas o provocando una rebaja del rating de las agencias de ESG (medio ambiente, social y gobierno corporativo por sus siglas en inglés) lo que puede condicionar la inversión de determinados fondos en las compañías”, recalca. En su opinión, la mayor transformación se ha producido en el cambio de perfil de los inversores hacia el activismo. “Antes si no estaban de acuerdo con lo que hacía la empresa, vendían sus participaciones. Ahora votan en contra, se oponen al acuerdo y hay quiénes van más allá al ponerse más agresivos, entrar en contacto con la compañía e incluso hacer públicas sus denuncias”, señala en alusión al caso del fondo activista TCI y Cellnex. La desaprobación del primero por el retraso en el nombramiento de un sustituto de Tobías Martínez al frente de la compañía generó la tormenta perfecta: TCI empezó a incrementar su posición hasta convertirse en el mayor accionista y se llevó por delante al presidente de Cellnex, a un consejero independiente y al consejero que actuaba en nombre del fondo soberano de Singapur (GIC). Todo un aviso a navegantes.
Las retribuciones de los directivos fuera del Ibex 35 crecieron un 21,4% en 2022
La brecha salarial entre directivos y empleados en España no es tan evidente como en EE UU, pero sigue concitando fuertes críticas desde los inversores institucionales. El último informe de la CNMV, hecho público a mediados de septiembre, revelaba que la retribución de los consejeros ejecutivos, sin incluir los conceptos extraordinarios, supuso 31 veces la remuneración media de los empleados de las sociedades cotizadas. Un porcentaje que se dispara hasta 54 veces, en el caso de las empresas del Ibex 35 y que se desploma hasta 17 veces en el resto de compañías que no forman parte del citado índice. Pese a ello, los proxy advisors, los asesores de voto de los inversores institucionales y la némesis de los proxy solicitors, tienen esa brecha salarial en el punto de mira. Juan Prieto, consejero delegado de Corporance y el primer proxy advisor español independiente, recalca que los inversores se están oponiendo a las remuneraciones excesivas. “Todavía no son porcentajes muy elevados por la dispersión del capital, pero a los accionistas no les gusta que haya una oposición de más del 10% y por eso las empresas están dando pasos para adaptar sus métricas a las peticiones de los accionistas”. Pese a valorar ese esfuerzo, considera que no existe una taxonomía clara en ese tema, como sucede con la agenda medioambiental, lo que genera mucha dispersión a la hora de actuar. En cualquier caso destaca que el activismo es una tendencia imparable “apoyada por la normativa que ya ha llegado a Europa”.
Carlos Sáez, responsable del proxy solicitor Georgeson en España, matiza que la preocupación de las empresas no está tanto en la brecha salarial con los empleados, como en los incrementos salariales injustificados y discrecionales en la cúpula directiva. “Ha sido el tema estrella en los últimos años y lo va a seguir siendo en 2024. El escrutinio a las empresas se ha visto incrementado a raíz del Covid-19 para que se alineen con los mejores estándares internacionales”, recalca. Gestoras como Amundi, BNP Paribas, Legal & General, Aviva o Allianz están siendo las más activas en penalizar las cuestiones retributivas con más frecuencia.
Sáez asegura que aquellas compañías que no preparen un plan de acción para controlar el crecimiento de las remuneraciones entre los directivos van a recibir una penalización del mercado con porcentajes elevados de voto en contra. “La línea roja que no están dispuestos a cruzar los inversores y que van a penalizar son las retribuciones excesivas o los bonus que no estén vinculados a métricas objetivas. En las juntas de 2024 van a volver a preguntar cómo se paga el variable a los consejeros ejecutivos y pedirán información incluso a posteriori cuando ya se haya desembolsado. Antes las empresas se escudaban en que era información confidencial. Ahora no cuela porque los inversores esperan conocer esa información”.
La escasa presencia de la transición verde
KPMG. Ramón Pueyo, socio de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG España, remarca que la sostenibilidad todavía cuenta con una escasa presencia en las agendas de los consejos. De hecho, el último observatorio de la compañía remarcaba que solo el 64% consideraba el cambio climático como un riesgo para su negocio.
Avance. Carlos Sáez, responsable de Georgeson en España, destaca que España está por detrás de otros países europeos en cumplimiento de la estrategia contra el cambio climático. “Hemos visto un avance muy tímido, con la primera presentación de estrategias de Aena y Ferrovial y la posterior de Acciona y Acciona Energía.”.
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