El plan de la Comunidad de Madrid para transformar oficinas en viviendas de alquiler protegido
La capital confía en que liberar alrededor de 1.800.000 metros cuadrados podrían dar lugar a 20.000 nuevas casas
El pasado 5 de junio el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el Proyecto de Ley de Medidas Urbanísticas para la Promoción de Vivienda Protegida y se lo remitió a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. Se espera que se ratifique en el último pleno de este mes, por lo que su entrada en vigor es inminente.
Tal y como adelantó el gobierno regional, la principal novedad de la ley es la posibilidad de cambiar el uso de suelos terciarios de oficinas a residenciales, siempre y cuando se destinen a la construcción o reconversión en viviendas sujetas a algún tipo de protección pública en régimen de alquiler, ya que podrá aplicarse tanto a solares como a edificios existentes. La redacción del proyecto ha generado dudas sobre si deberá restituirse el uso original de los suelos una vez transcurrido el periodo de protección de quince años, pero las autoridades autonómicas han confirmado que podrán seguir siendo utilizados con fines residenciales.
La transformación solo requerirá la solicitud de una licencia, sin que sea necesaria la hasta ahora preceptiva modificación del planeamiento. Además, tendrán que respetarse las condiciones urbanísticas de ordenación del suelo correspondiente, por ejemplo, de edificabilidad y altura, así como las previstas en la normativa sectorial de vivienda protegida. Igualmente, será preciso que las viviendas cumplan los requisitos de habitabilidad y edificación propios del uso residencial.
Cabe señalar que la norma respeta la autonomía local y deja la última palabra a los ayuntamientos, que tendrán cuatro meses para decidir si la aplican, establecer condiciones adicionales o definir ámbitos territoriales para su implantación.
Se trata de una medida extraordinaria y temporal porque, de momento, se ha establecido un plazo de dos años para solicitar las licencias que empezará a contar desde el transcurso de los cuatro meses de los que disponen los ayuntamientos para pronunciarse y las obras deberán estar completamente ejecutadas en tres años desde la fecha de inicio.
La ley nace en un contexto de escasez de vivienda que conlleva el encarecimiento sostenido de los precios y rentas, y de exceso de oficinas, fundamentalmente en zonas periféricas, como consecuencia de la consolidación del teletrabajo.
En este escenario, la fórmula planteada por la Comunidad de Madrid persigue reequilibrar la oferta y la demanda de ambos usos estimulando el mercado inmobiliario, una estrategia totalmente opuesta a la de la Ley de Vivienda que, según los últimos datos, está contribuyendo a la contracción de la oferta de vivienda en alquiler por la fuga de activos hacia los mercados de compraventa, pisos turísticos y alquiler de habitaciones con el propósito de esquivar las limitaciones que impone a los arrendadores.
El reciclaje de activos es relativamente común en algunos de los países de nuestro entorno como Francia o el Reino Unido, donde los propietarios de edificios infravalorados, obsoletos o en desuso se encuentran con menos trabas a la hora de ponerlos en valor dándoles una segunda vida.
La ley también prevé, entre otras cuestiones, un nuevo parámetro de reserva de aparcamiento para las viviendas de protección pública que, a partir de ahora, contarán únicamente con una plaza por cada piso disminuyendo los costes de construcción y, consecuentemente, el precio o la renta, fomentando a la vez el uso del transporte público.
Por otro lado, se exime a los ayuntamientos de la obligación de tramitar planes especiales de infraestructuras para permitir la construcción de vivienda protegida en aquellas parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos, es decir, destinadas a servicios públicos, lo cual reducirá los plazos de edificación en torno a cuatro meses.
El gobierno de la Comunidad de Madrid confía en que la liberación de alrededor de 1.800.000 metros cuadrados podrían dar lugar a 20.000 nuevas casas y la simplificación de los trámites burocráticos para construir vivienda protegida mejoren el acceso a viviendas asequibles. Solo el tiempo dirá si el plan de choque consigue su objetivo y si esta regulación marca una tendencia para que otros territorios se sumen a la flexibilización de usos y procedimientos.
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