Seamos conscientes de que la inteligencia artificial revolucionará el sector farmacéutico y sanitario
Hay incertidumbre y la normativa aplicable no logra adaptarse rápidamente a este avance
Algoritmos, riesgos, softwares, desafíos y máquinas: son palabras asociadas a la inteligencia artificial (IA) y, desde hace unos años, también al sector farmacéutico y sanitario, puesto que puede emplearse para, entre otras tareas, proporcionar diagnósticos más precisos, disminuir los gastos sanitarios y tratar enfermedades de forma más eficiente.
En la otra cara de la moneda, empero, se vislumbra un panorama difuso protagonizado por la sustitución progresiva de profesionales de la salud por robots; la responsabilidad sanitaria por errores y daños causados por sistemas de IA a los que, como a muchos cirujanos, no les tiembla el pulso; la eventual protección jurídica de las invenciones y del acervo intelectual de contenido científico fruto de esta tecnología; los límites en el tratamiento de datos personales o confidenciales por procedimientos automatizados con fines de investigación; las discriminaciones por sesgo racial cuando no es posible aumentar muestras para ampliar perfiles; y, en definitiva, una serie de cuestiones legales y éticas sobre las que prima facie reina la inseguridad.
Ante este panorama, la Unión Europea está apostando por una regulación sobre el uso y desarrollo de sistemas de este tipo made in the European Union, ética y respetuosa con los derechos fundamentales, encabezada por instrumentos como el Libro Blanco sobre la IA, la futura Directiva sobre responsabilidad en materia de IA y el venidero Reglamento Europeo de IA.
No obstante, llama poderosamente la atención que la regulación europea en la materia no contenga menciones expresas de gran calado sobre ciertos usos de los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito sanitario y, en concreto, en relación con el libre criterio clínico del personal sanitario, el autodiagnóstico, el uso de robots quirúrgicos, la rehabilitación de órganos dañados y el restablecimiento de funciones corporales reducidas.
Cabría preguntarse si esa carencia podría reforzar la inseguridad jurídica en el sector farmacéutico y sanitario o -peor aún- provocar que dejemos pasar la oportunidad de prohibir o limitar prácticas médicas que, por sus posibles riesgos, deberían evitarse o controlarse directamente.
Al mismo tiempo, España parece consciente de su óptima oportunidad para erigirse como una de las piedras angulares del sector tecnológico europeo y, en consecuencia, en el marco de la Estrategia Nacional de IA, recientemente se ha aprobado la creación de la Agencia Española de Supervisión de IA (AESIA), con sede en A Coruña.
Gracias a esta creación, podemos hablar igualmente de una regulación made in Spain que, aunque a rebufo de la normativa y orientaciones europeas, ha logrado acelerar y adelantar al resto de los socios europeos, ya que su aprobación ha supuesto que España se haya convertido en el primer país europeo en tener una entidad de derecho público como autoridad nacional de supervisión, asesoramiento, concienciación y formación en materia de IA.
En cualquier caso, la creación de la AESIA no menoscaba las competencias y funciones que en el ámbito de la salud vienen ejerciendo el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en relación con los medicamentos, los productos sanitarios y la evaluación de nuevas tecnologías, si bien esta nueva entidad podrá ser trascendental para medir las expectativas generadas por la IA, complementar adecuadamente la inteligencia artificial con otros progresos biomédicos, ajustar las decisiones inversoras en esta tecnología por parte de las entidades del sector sanitario y, en esencia, redundar en la mejora de la prevención, tratamiento, seguimiento, diagnóstico y gestión de la salud con ayuda de sistemas automatizados.
Con independencia de ello, es evidente que seguimos en un panorama de incertidumbre y que la normativa aplicable no logra adaptarse rápidamente a todos los avances de la IA. ¿Es esto un problema para el sector farmacéutico y sanitario?
Estamos en el momento preciso para, como bien han entendido la Unión Europea y España, establecer bases organizativas y jurídicas relativas a la inteligencia artificial. Cuestiones básicas como una regulación supranacional efectiva, el respeto a los derechos fundamentales y la promoción de la innovación deberían adquirir un lugar preeminente en la estrategia de regulación.
Ahora bien, no es menos cierto que, generalmente, las reformas legislativas tardan en adoptarse, entrar en vigor y aplicarse de forma adecuada y que, con tecnologías disruptivas como las que nos atañen, las reformas corren el riesgo de quedar obsoletas rápidamente.
Por todo ello, tal vez sería preciso fijar las antedichas bases, teniendo siempre en cuenta que las modificaciones legislativas deberían ser mínimas, que el objetivo principal de la IA es mejorar y aumentar el potencial humano y que, en ocasiones, el impacto social, sanitario, psicológico y ético puede llegar a ser más importante que los aspectos legales y económicos. Por el momento, será preferible guardarse de los juicios prematuros, pero todo parece indicar que somos conscientes de que la inteligencia artificial revolucionará el mundo y, especialmente, el sector farmacéutico y sanitario.
David Fuentes Lahoz, abogado de Bird & Bird.
