La industria audiovisual española, a la conquista de Europa y de Hollywood
Los despachos de abogados asesoran de forma integral las producciones cinematográficas
El sector audiovisual en España está en alza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunía la semana pasada en los estudios de la NBC Universal en Los Ángeles con los responsables de grandes productoras cinematográficas (incluidos los jefes de Netflix) para promover la marca España como hub audiovisual. El plan España Hub Audiovisual de Europa (Spain AVS Hub), dotado con más de 1.600 millones, es uno de los ejes de la agenda España Digital 2025 del Ejecutivo. “Aspiramos a convertirnos en el Hollywood de Europa", ha dicho el presidente desde la propia meca del cine.
Y es que la revolución que ha experimentado el sector audiovisual en los últimos años ha lanzado la industria española a niveles de competitividad nunca vistos. Las fronteras de los mercados nacionales se han ido difuminado a la vez que surgían nuevos modelos de negocio. Este impulso se ha notado incluso durante la pandemia, pues, a pesar de que el virus ha dificultado la grabación de series y películas, el sector ha aguantado bien el tirón. A diferencia de otras industrias culturales, cuenta Mabel Klimt, socia directora en Elzaburu y especialista en asesoramiento legal para proyectos culturales y de entretenimiento, “el audiovisual ha sido el remanso donde cobijarse”.
El milagro del sector se entiende por varios motivos. Klimt destaca el notable incremento de la demanda de contenidos en plataformas, patente durante el confinamiento, a lo que suma lo que en la jerga se llama “el efecto Juego de Tronos”, esto es, “el efecto llamada que ha ido causando el hecho de que grandes producciones internacionales vinieran a España”. La exitosa serie de HBO ha sido un rey Midas para otras industrias, como la turística. Tras las primeras experiencias, “nos hemos convertido en un polo atractivo”, afirma la abogada, que desvela los ingredientes de la receta: por un lado, “el gran talento que hay aquí”, desde productores hasta autores, actores o técnicos, y, por otro, “un ecosistema jurídico que acompaña”.
Rentabilidad
El sistema de incentivos fiscales que se puso en marcha hace unos años ha sido esencial para la industria. Dicho marco, cuyo origen se remonta a la ley del cine de 2007, ha sufrido algunas mejoras a lo largo del 2020. Según destaca Klimt, la ley de presupuestos introdujo una novedad muy interesante, sobre todo, para los inversores nacionales. Ahora basta contar con un contrato de inversión para “vehiculizar” las desgravaciones. Esta solución, remarca la abogada, ayudará a “democratizar mucho el modelo”, al permitir que producciones más modestas accedan a estos beneficios.
Pero España también es muy atractiva para inversores extranjeros. Sin ir más lejos, Klimt cuenta que recientemente ha asesorado a dos productores que se mudan al país. Uno de ellos, canadiense, se establecerá en Canarias, “el lugar donde están los mejores incentivos fiscales del mundo”, afirma la abogada. Al final, resume, hay que tener en cuenta que “por cada euro de dinero público que recibe el sector, lo multiplica por siete”. Y ese gancho, subraya, ayudará a que “quede en el país un tejido industrial maduro”.
Producto seguro
Para atraer rodajes hay que generar confianza en el producto. En este sentido, afirma Pedro Contreras, director del área del Derecho del Entretenimiento y Deporte de Montero Aramburu, “nuestro país cuenta con innumerables posibilidades y ventajas”. No solo por el clima y localizaciones extraordinarias, sino porque “la industria técnica está muy profesionalizada”. De igual manera, y aunque “aún hay camino por recorrer para equiparar los incentivos fiscales a los de otros países de nuestro entorno”, cree que el modelo de tax rebate para las producciones internacionales “funciona bastante bien”. Vía reducción fiscal, “se pueden obtener un retorno del 30 % sobre el primer millón de euros, y del 25 % sobre el resto”. El único punto que lastra el despegue definitivo de la marca España es, en opinión de este letrado, “la falta de centralización y agilización de los trámites administrativos y burocráticos para poner en marcha el rodaje”.