Reforma sobre discapacidad: una cuestión de derechos humanos

Un hito democrático que requiere un cambio del entorno y una transformación de la mentalidad

Tras años de esfuerzo, por fin podemos celebrar que miles de españoles con discapacidad son iguales ante la ley, una vez que el Congreso de los Diputados aprobara el 20 de mayo una ley que supone la mayor reforma de la legislación civil y procesal española en décadas.

Esta reforma es un hito democrático, ya que garantiza el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o, lo que es lo mismo, el reconocimiento de su igualdad ante la ley. La asistencia y apoyo a las personas con discapacidad se desvincula de la restricción de sus derechos: queda proscrita la incapacitación.

El principio de la preferencia a los apoyos voluntarios vertebra el sistema de apoyos permitiendo a la persona con discapacidad hacerse su traje a medida con las debidas garantías. Para ello dispondrán del asesoramiento y respaldo de los casi 3.000 notarios españoles, dado que la persona “podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona o bienes”, añadiendo que, “asimismo, podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportuno, las salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida y los mecanismos y plazos de revisión de las medidas de apoyo, con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias”.

Las de origen judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona y se opta por el cauce de la jurisdicción voluntaria de manera preferente, considerando de manera esencial la participación de la propia persona, facilitando que pueda expresar sus preferencias e interviniendo activamente adoptando los ajustes razonables que en cada momento sean necesarios.

Para lograrlo, ha sido necesario cambiar 249 artículos de ocho leyes: Ley del Notariado, Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Protección Patrimonial, Ley de las Personas con Discapacidad, Ley de la Normativa Tributaria, Ley del Registro Civil y Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

El Registro Civil se convierte en la pieza angular de los mecanismos de apoyo, pues hará efectiva la preferencia que el nuevo sistema atribuye a las medidas voluntarias previstas por una persona respecto de sí misma o

de sus bienes. Como en el resto de las legislaciones mundiales, se consagra el Registro Civil como la institución donde constan, con la debida protección, los datos de todos los ciudadanos, con independencia de circunstancia característica personal, racial o social.

Se trata de una ley esperada, elogiada, demandada y exigida por los convenios internacionales y la propia dignidad de las personas con discapacidad. La mejor noticia ha sido el apoyo mayoritario que ha recibido la aprobación de esta ley por parte de los diferentes grupos parlamentarios y la opinión pública. Los consensos son posibles para cumplir una oportunidad histórica: consagrar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico privado, lo que situará a nuestro país a la vanguardia de la legislación europea.

Para que la reforma sea una realidad social, es necesario un cambio del entorno y una transformación de la mentalidad. Es necesaria una labor de formación, difusión y pedagogía dentro de la sociedad en general, de los profesionales que interactúan con las personas y, en particular, de las personas con discapacidad y sus familias.

De la protección hemos de pasar a la autonomía, con apoyo si es necesario, pero en cualquier caso autonomía. De la sustitución en la toma de decisiones al apoyo en la toma de decisiones. Y del “no serás capaz” al “con los apoyos que requieras o precises sí serás capaz”.

Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas y notaria