La gestión contractual de los fondos comunitarios de recuperación (NG)

A finales de 2019 España solo había justificado el 39% de los fondos del MFP; ahora disponemos de cuatro veces más recursos y menos tiempo

Getty Images

Para la recuperación económica de la crisis provocada por la Covid-19 y la consolidación de un modelo productivo sostenible, competitivo e integrador, la Unión Europea ha puesto en marcha un ambicioso presupuesto, del que España podría disponer hasta 220.000 mil millones de euros, sumando todos fondos del MFP (marco financiero plurianual) 2021-2027, los remanentes del 2014-2020 y el Mecanismo Extraordinario de Recuperación y Resiliencia, Next Generation (NG-EU). No será, por lo tanto, un problema del «cuánto», sino de en “qué” invertirlo y “cómo” gestionarlo.

La orientación de las inversiones viene marcada por los objetivos que establece la Comisión Europea para cada fondo, adaptados en los planes y normas de desarrollo de cada país. Plasmar esos objetivos en proyectos capaces de generar inversiones dinamizadoras de nuestro tejido productivo y social, superando los gastos suntuarios y el hormigón, no será sencillo (ni nuevo, pues es el objetivo de las leyes de economía sostenible y de ciencia, tecnología e innovación, de 2011).

Nuestro principal hándicap está en la gestión: a finales de 2019 España, solo había justificado el 39 % de los fondos del MFP 14-20 (el tercer país de la UE con menor ejecución), y ahora dispondremos de cuatro veces más recursos y menos tiempo. Un sistema normativo-administrativo excesivamente burocratizado y unas entidades politizadas también en exceso, parecen los responsables de esa ineficiencia. Para superarlo se están proponiendo ideas e iniciativas, tanto el Gobierno como el sector privado y el mundo académico: el PRTR (PlanEspañaPuede) plantea la necesidad de modernizar nuestra Administración, tarea en la que llevamos décadas y que no es realizable a corto plazo; se ha propuesto una reforma en varias leyes para eliminar “cuellos de botella”, aunque han de respetarse los derechos de los interesados, los requisitos y principios de contratación y gestión fondos públicos (y España ha perdido fondos comunitarios por no respetarlos); se ha presentado una PNL para la creación de una Agencia independiente; ….

El problema no es tanto normativo, como fáctico. Centrándonos en la contratación pública, aplicando la misma farragosa Ley 9/2017, hay Administraciones capaces de adjudicar contratos entre 3 y 6 meses, mientras que a otras les cuesta el doble. Encomendar la gestión de los fondos a nuevos entes instrumentales o externalizarla, lleva tiempo y requiere dotarlos de medios. Nos parece más operativo aprovechar los recursos disponibles, reforzando aquellos que son clave y van a sufrir una sobrecarga de trabajo.

Cada entidad pública gestora de fondos debe crear un equipo multidisciplinar con su personal más especializado y proactivo. Estos deben extremar el principio de agilidad y simplificación de trámites que imponen las leyes (artículos 28.1 LCSP, 3.1.d LRJPAC), sin vulnerar las garantías ni reducir plazos para presentar ofertas; utilizar programas de gestión electrónica (y los hay públicos de sencilla y rápida implantación); y elaborar documentos tipo reutilizables, especialmente pliegos de contratación, lo que ayudará también a los licitadores, especialmente a las pymes y a los órganos revisores, al no tener que enfrentarse en cada contrato con pliegos diferentes.

Reforzar los medios materiales y humanos de los organismos que intervienen en los procedimientos de contratación es también esencial: la Plataforma de Contratos del Sector Público para permitir la generalización de la licitación electrónica (en 2019 solo el 20 % de las licitaciones en nuestro país lo fueron en formato electrónico, pese a ser obligatorio); los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, para evitar dilaciones en la resolución de recursos (el Central ya sufre una demora de 57 días); la Oficina Nacional de Evaluación de Concesiones; el Comité Superior de Precios de Contratos; las Juntas Consultivas de Contratación…

Sin perjuicio de los cambios normativos o la creación de nuevas instituciones, anticiparse, planificar, organizar y reforzar los recursos existentes, son medidas más necesarias, inmediatas y eficientes.

José Manuel Martínez Fernández, doctor en Derecho, es vicesecretario general Ayuntamiento de Valladolid y director del Observatorio de Contratación Pública local de COSITAL.