La anunciada moratoria de un año en la concesión de licencias para la implantación de grandes centros comerciales en Andalucía está originando un nuevo efecto llamada. Unos 20 proyectos de hipermercado intentan llegar a los registros de la Junta antes del 31 de diciembre. Esta es la fecha en la que entrará en vigor la moratoria, salvo para aquellos proyectos que ya hayan solicitado licencia en los registros de la Consejería de Economía.
La armonización del calendario bursátil español con el europeo hace que resten sólo dos sesiones hábiles a efectos bursátiles, las del jueves y viernes, para que termine un año especialmente conflictivo. Sólo algunos valores de capitalización media y las opas han logrado plusvalías importantes para los inversores.
Un grupo de cajas, entre las que figurarían Ibercaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha presionado en el consejo de la aseguradora Caser para aplazar la elección de Juan Antonio Gisbert, ex número dos de la CAM, como nuevo director de la compañía. Mientras, en la financiera Lico Leasing, otra empresa participada por las cajas, las entidades pequeñas han plantado cara a las grandes y han logrado cuatro puestos en el consejo para tener más voz y voto.
El director general de Fira de Barcelona, Josep Gual, propuso una alianza entre esta institución e Ifema para organizar conjuntamente salones en el exterior. Gual asegura que "la expansión exterior tendría que ser fruto de un esfuerzo conjunto entre las principales instituciones: Fira e Ifema, así como las Administraciones que hay detrás de ellas".
Los precios en origen de la leche no han subido en 20 años mientras que los inputs necesarios para producirla se han disparado: la rentabilidad por tanto está reñida con este sector. Como consecuencia de éste y otros motivos, casi 90.000 explotaciones lácteas han cerrado desde la campaña 92/93. El futuro del sector anuncia que sólo la concentración podrá garantizar beneficios en los centros productores.
El Colegio de Abogados de Madrid ha aprobado el presupuesto de 6.993 millones de pesetas (42,003 millones de euros) para el próximo año 2002. Por su parte, el Colegio de Abogados de Barcelona contará con un presupuesto de 3.378 millones de pesetas (20,3 millones de euros) tras la aprobación, casi por unanimidad, del mismo.
