Guía para evitar prender la mecha de los megaincendios, una catástrofe también socioeconómica
Reanudar la actividad agrícola y ganadera en los montes es vital. La limpieza de matorral en áreas urbanas periféricas merece especial atención
Aprender a convivir con el riesgo de incendio. No solo en los territorios afectados históricamente, como los del Mediterráneo, sino también en toda España. Esta es la principal lección que deja un verano en el que la rápida proliferación y la mayor intensidad de los fuegos desbordaron la capacidad de los sistemas de extinción, incluso de prevención, pese a su descenso en número, coinciden los expertos. De ahí la necesidad de sustituir un modelo basado en apagar las llamas por otro que ponga el foco en la prevención. ¿Pero qué implica esta transformación?
“Nunca habíamos tenido unas condiciones ambientales tan favorables a la propagación. De hecho, la ignición, cuyo origen suele ser humano, fue provocada en algunos casos en Cataluña y Aragón por los rayos asociados a la inestabilidad atmosférica”, afirma Eduard Plana, responsable de política forestal y gobernanza del riesgo del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC). El cambio climático –con olas de calor más tempranas, persistentes y frecuentes– y el abandono de la actividad rural son los principales detonantes de unos incendios que son hoy más extensos, intensos y difíciles de controlar, recoge un estudio de la Real Academia de Ingeniería (RAI).
Sobre todo, la acumulación de combustible –vegetación y matorral– por la falta de una gestión activa del territorio está detrás de los siniestros vividos en julio y agosto, y es en ese ámbito donde los especialistas creen que hay que incidir si se quiere revertir esta tendencia. La superficie calcinada se incrementa desde 2019, tras más de dos décadas a la baja, advierte el estudio de la RAI, promovido y elaborado por el académico Luis Gil y el investigador Víctor Resco de Dios. “En 2022 y 2025 se superaron las 300.000 hectáreas quemadas, cifras que no se registraban desde el siglo pasado”, apunta.
Y a juzgar por los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y los de Copernicus, la situación empeora en este ejercicio. El área abrasada fue mayor que la de 2025 y hubo más muertes que lamentar: 20 personas, 15 de ellas en el de Los Gallardos, Almería, el más letal. “Constituyen ya un problema de salud pública, de protección civil y económico”, concluyen los autores del estudio, quienes proponen un pacto de Estado dotado de 3.000 millones de euros anuales para afrontar un desafío que ven estructural. La intención es que estos recursos se destinen a la gestión del combustible, la mejora de los sistemas de alerta y emergencia, la restauración de áreas quemadas, la reforma de la legislación y la fiscalidad forestal, el impulso de la bioeconomía y el fortalecimiento de la investigación.
Impacto en el PIB
El presupuesto total que destinan el Gobierno y las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias, se desconoce con precisión. No existe un registro oficial y el último informe del Miteco, con datos de 2024 y dispar, está incompleto. Aun así, las estimaciones publicadas este verano lo sitúan en unos 1.800 millones de euros, de los que menos del 30% va a prevención.
Desde el ministerio se remiten a las declaraciones de la ministra Sara Aagesen en su comparencia en el Congreso, sin dar valores absolutos: “Entre 2018 y 2026, el presupuesto del Miteco ha aumentado un 60% en extinción y un 66% en prevención”. Y añaden que este ejercicio han dedicado más de 110 millones al dispositivo estatal de preparación, prevención y extinción, 20 millones para reforzar la preparación y respuesta de pequeños municipios y 137,5 a modernización y restauración. “La evidencia demuestra que no estamos invirtiendo lo suficiente; seguir centrados en la respuesta no soluciona la amenaza”, comenta Juan Caamaño, responsable del área de capacitación y operaciones de la Fundación Pau Costa.
Tampoco es posible cuantificar aún con precisión el impacto sobre el conjunto del PIB de este devastador evento. Sin embargo, Nikhil da Victoria Lobo, responsable de Europa Occidental y Meridional, Oriente Medio y África en la reaseguradora Swiss Re, da una idea: “Es el fenómeno meteorológico con el crecimiento global más rápido en términos de pérdidas aseguradas, alrededor del 12% anual desde 1970. En Europa, la estimación se sitúa entre el 8% y el 11% al año. En el mundo, la media anual alcanzó los 12.000 millones de dólares (unos 10.470 millones de euros) entre 2016 y 2025, frente a los 1.000 millones (unos 870 millones de euros) en las décadas anteriores. Y en la UE, unos 70 millones de dólares (60 millones de euros).
La magnitud de los daños es todavía moderada respecto a Estados Unidos, pero la tendencia, y es lo que preocupa, va al alza. Otro dato. En 2025, las catástrofes naturales , no solo los incendios, provocaron en el Viejo Continente pérdidas cercanas a los 10.000 millones de dólares (unos 8.700 millones de euros), equivalentes al 0,03% del PIB europeo, refiere. “Se exige una colaboración estrecha entre Gobiernos, comunidades locales, empresas y aseguradoras. Si las pérdidas continúan aumentando sin que exista una reducción efectiva del riesgo, esa presión terminará trasladándose al coste de las póliza”, desliza.
Corresponsabilidad civil
Hay menos incendios, pero son más agresivos y devastadores. ¿Qué hacer? Para Plana, la autoprotección es clave: “En un contexto de amenaza creciente, que la gente tome conciencia, que asuma su parte de responsabilidad y contribuya a la solución con el apoyo de las Administraciones”. Esto implica habilitar franjas en las urbanizaciones, según marque la ley en cada comunidad autónoma. El coste es de 2.500 euros por hectárea de media; 250 por vivienda en una franja de 25 metros para una urbanización de 10 casas y 50 euros por mantenerla, calcula.
No obstante, Resco alerta de que los mínimos que establece la legislación, en muchas ocasiones, pueden no ser suficientes, por lo que reclama planes municipales de prevención más ambiciosos. Esto se debe a que los incendios ya no se propagan de forma lineal, sino por saltos, explica Plana, lo que genera un comportamiento más severo y desconocido. “Necesitamos una mayor corresponsabilidad ciudadana”, recalca.
Los barrios periféricos merecen especial atención. “Trabajar en las zonas de interfaz urbano-forestal, donde viviendas, infraestructuras y población conviven con los espacios forestales. Es ahí donde un incendio deja de ser únicamente un problema forestal para convertirse en una emergencia de protección civil, con riesgo para las personas”, puntualiza Fernando Medina, geógrafo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un ejemplo son los siniestros de Tres Cantos en Madrid y el de Collserola en Barcelona en 2025.
Actuar en el paisaje, en un millón de hectáreas, el 5% de la superficie forestal, estima Resco, es otra de las medidas. Favorecer la actividad agrícola local, la ganadería extensiva, la diversidad de especies, la quema prescrita, el desbroce mecánico o el corte de determinados árboles. Con el acento en áreas protegidas, ya que el 53% de la superficie ardida recayó en estas zonas. “Hay que reformar la regulación para que la prevención no entre en conflicto con la conservación”, subraya. “La gestión forestal será clave. Modificar la estructura del bosque y las especies para un menor riesgo”, agrega Josep María Espelta, investigador de Creaf.
Resco sugiere además establecer ejes de confinamiento, grandes cortafuegos a escala regional y nacional. “Estamos viendo incendios de 10.000 a 40.000 hectáreas que terminan en 80.000, y el siguiente paso es que alcancen las 100.000 hectáreas y, si no hacemos nada, incluso el millón, como ocurrió en Australia en 2019-2020”, avisa. Y planes de prevención en nudos de barranco o de caminos; una mayor coordinación a escala nacional, de macizo y municipal, y avanzar en la extinción con sistemas de comunicación homogéneos, mejor organización, incorporación de analistas en la cadena de mando, más formación del personal y calidad de los medios, añade.
Las dinámicas políticas y de mercado también influyen. “Sale más barato comprar la carne en Sudamérica con Mercosur que promover la ganadería extensiva en nuestros montes”, lamenta Plana. Por eso las empresas, cada vez más expuestas a estos fenómenos, deben incorporar esta cultura de riesgo en sus estrategias. “En vez de verlo como un coste, actuar desde la perspectiva de la inversión en un paisaje que permite desarrollar su actividad económica”, opina Plana. En el incendio de Los Gallardos, en Almería, más de la mitad de los fallecidos eran extranjeros.
“Puede afectar al transporte, la energía, la agricultura, los recursos hídricos, los ecosistemas, el turismo y las economías locales”, admite Joan Borrell, vicesecretario general para la estabilidad y resiliencia de la Unión por el Mediterráneo. Esta región se calienta un 20% más rápido que la media mundial y está mucho más expuesta a fuegos y otros desastres climáticos, recuerda Borrell. Por lo que, recalca, reforzar la cooperación regional es imprescindible.
El informe de la RAI calcula que por cada euro invertido en gestión de combustible se puede ahorrar cuatro euros en daños posteriores. Aunque las pérdidas humanas y de alteración del territorio difícilmente se reviertan. “Si desde tu ventana no ves campo, sino solo bosque, preocúpate porque tienes un problema”, sentencia Plana.
Iniciativas y otras recetas
Privadas. FSC España coordina el programa Comprometidos con nuestros bosques, que promueve Carrefour y en el que participan 10 compañías de gran consumo, como Mahou San Miguel, L'Oreal, Mondelez España, Diageo, Fundación Coca-Cola, Pernod Ricard, CVNE y Bel y Asalvo. Creado hace cuatro años, fomenta la coexistencia de pastos, zonas abiertas y áreas arboladas para la conservación o fines productivos. En esta edición se desarrollan tres proyectos que abarcan 560 hectáreas de montes de Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El primero, llamado Raño Vivo, en Irixoa (A Coruña, Galicia) se lanzó el 22 de este mes. El objetivo es, en 342 hectáreas, “la reducción de biomasa forestal y del riesgo de incendio mediante el pastoreo controlado de caballos de pura raza gallega y cabras. Protección de robledales, fomento de razas autóctonas, disminución de la biomasa seca, control de especies invasoras y seguimiento de las cabezas de ganado con GPS”, detallan.
Fiscalidad. Otra vía son los impuestos. Víctor Resco, ingeniero forestal, propone reducir o eliminar el IVA en las actuaciones de prevención y que la Política Agraria Común (PAC) incluya la singularidad forestal. “Mantener zonas sin labrar favorece la acumulación de carbono en el suelo, pero aumenta el combustible junto a los cultivos”, explica. La idea es revertirlo con la plantación de viñedos y olivares para frenar los fuegos. Y que la prevención se declare de interés general.
Cooperación. España quiere impulsar el desarrollo de capacidades euromediterráneas para hacer frente a los incendios y, para ello, ha propuesto la creación de una estación regional en Islas Baleares con una estructura similar a la de Chipre, cuenta Valentin Forand, experto en protección civil de la Unión por el Mediterráneo. La iniciativa francesa de prevención de fuegos es otro ejemplo o el Centro Regional de Formación en Líbano. "La UpM ha contribuido también a la creación de una comunidad técnica euromediterránea sobre gestión de incendios mediante talleres en Túnez, Barcelona o Pafos (Chipre)", añade.
Sistemas de medición. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria trabaja en un índice, Territorial Stress Index, que permite identificar las áreas sometidas a determinadas combinaciones de estrés climático y territorial relevantes para la gestión del riesgo. Inicialmente de aplicación en Gran Canaria, la metodología puede reproducirse y utilizarse en otros territorios para anticipar dónde se deben concentrar los esfuerzos de prevención, planificación y preparación antes de que se produzca la emergencia, aclara Fernando Medina, geógrafo e investigador de este centro.