La transición justa avanza más allá del sector energético
En España, la primera estrategia de este tipo se aprobó en 2019. Desde entonces se han destinado 2.000 millones a proyectos competitivos de reconversión industrial, modernización, I+D+i y restauración medioambiental
Para la población próxima a las centrales térmicas de Andorra y Pego (Portugal), ya cerradas, las grandes extensiones de olivares de los alrededores eran algo tan consustancial al lugar que casi pasaban desapercibidas. Ahora, ese entorno natural se ha convertido en el sustento de algunos de los extrabajadores de esas instalaciones clausuradas en pro de una economía descarbonizada.
Por ejemplo, en la provincia de Teruel, hasta 2028 se espera contratar a unas 250 personas que recuperarán estos árboles tan únicos como abandonados. Para este doble plan se adjudicaron a Endesa dos concursos de transición justa a los que luego se unió Apadrinaunolivo.org –reconocida por su labor de custodia del territorio por Ecodes en los IV Premios Acelerando la Transición Justa–. Un tándem de apoyo en la transformación socioeconómica de estas zonas que, a la vez, ancla a sus habitantes ahora contratados por almazaras y conserveras, entre otros negocios.
Y es que el origen de este conjunto de políticas ecológicas, que ponen la justicia social en el centro, va ligado al carbón y a su sustitución por energías renovables. El término apareció por primera vez en la cumbre de Kioto, como demanda sindical por la pérdida de empleos asociados al deterioro de los ecosistemas (la Organización Internacional del Trabajo cifra en 1.200 millones a las personas que dependen directamente de estos y en 82 millones los puestos que peligran). “Luego, fue asumido en el Acuerdo de París con un propósito claro: ofrecer acompañamiento para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades del cambio de modelo. La idea es mitigar y hacer la adaptación más fácil”, explica Judith Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ).
Sin embargo, el término parece algo difuso según amplía retos y se extiende a otros sectores y actores, o al contrario, a veces se limita demasiado su acepción. “Hablamos de un concepto vivo y ahí radica su complejidad. A veces nos ven como un atrápalo todo o enterradores, cuando nuestra prioridad es que nadie se quede atrás. Lo primero es tomar conciencia del punto de partida y después, saber bien hacia dónde se va; y en lo industrial no siempre está claro. Aunque nunca se ponen en cuestión sus fines, sino su despliegue territorial”, añade.
Acorde a los datos de dicha entidad, en España, donde a finales de año entrará en vigor la Estrategia de Transición Justa 2026-2030, ahora en redefinición, tal gestión se realiza a través de 15 zonas que abarcan 197 municipios en ocho comunidades autónomas. Lo que implica a una población de 1,2 millones de habitantes, el 80% en zonas rurales (menos de 5.000 habitantes).
El pasado 30 de junio la Orden TED/613/2026 amplió el plazo de ejecución dos años más, lo que afectará a unos 60 proyectos con 70 millones adjudicados. En total, desde 2019 se han distribuido cerca de 2.000 millones de euros, sin incluir los concursos. Ello a través del ITJ y también del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Recursos adicionales a los comunitarios (140.000 millones del fondo de recuperación).
Iniciativas empresariales que brindan un plan B
- Referente. Crear el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo gubernamental autónomo con rango de dirección general, e incorporar las necesidades de transición justa a lo legislativo en políticas energéticas y climáticas, convierten a España en país pionero en la materia. No son actuaciones aisladas, sino un principio que rige la transición ecológica. A continuación, algunos proyectos empresariales de tamaño y especialización diversa en distintas zonas.
- Valle de H2V. Una central de biomasa, una planta de electrólisis de hidrógeno verde (200 MW y una fábrica de e-metanol, por un lado, en La Robla (León) y en paralelo, se construyen mismas instalaciones en la localidad cercana de Villadangos para crear un Valle del Hidrógeno que unirá ambos municipios mediante un C02ducto. Con una inversión total calculada de 1.340 millones y unos 110 empleos industriales, más casi otra centena de puestos logísticos en biomasa.
- Fibra reciclada. En As Pontes (A Coruña), en antiguos terrenos de una central térmica, Ence impulsa una instalación pionera global que se autoabastecerá con energía renovable de origen forestal para producir fibra reciclada a partir del papel y el cartón, utilizando una tecnología de blanqueo sin cloro en una firme apuesta por la economía circular. Requerirá 125 millones en su primera fase. Se estima la creación de 120 empleos.
- Carpacho de gamba. En una actividad de temporada como es la captura de gamba, el objetivo de la planta ubicada en Carboneras (Almería) es transformar este producto gourmet perecedero en otro con caducidad más extendida. La empresa beneficiaria es Aquí Santoña; la inversión prevista de 460.378 euros y la plantilla la compondrán ocho mujeres.
- Autogiros. Revo, el nuevo modelo comercializado por ELA Aviación S.L, ha tenido tal demanda nacional e internacional que requiere ampliar la nave de este negocio en Fuente Obejuna (Córdoba). Al tiempo, apostarán por convertirse en destino turístico, creando un museo para exponer sus aeronaves. La ayuda será de 722.163 euros para los 1.407.209 euros presupuestados.
Fin del dinero fácil
El compromiso de la Unión Europea con la neutralidad climática de aquí a 2050, como se establece en el Pacto Verde Europeo, se sustenta en el Mecanismo para una Transición Justa, que introdujo la Comisión Europea en 2020. La UE ha tomado decisiones de calado como la adopción del Green Deal y la creación del programa Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia-Next Generation. Este último finaliza este verano. No obstante, aparte de la prórroga mencionada, hay colchón, pues se compensará con el Fondo Social para el Clima 2026-32 (86.700 millones para toda la UE), el fondo soberano anunciado España Crece (120.000 millones vía deuda privada) y con la continuidad de los fondos estructurales (36.700 millones del marco 2021-2027).
Aun así, la opinión generalizada es que el ritmo de adjudicación vivido hasta 2024 no se repetirá, mientras los desafíos crecen. Se calcula que, en el mundo, la inversión en este capítulo es cuatro veces inferior a lo requerido hasta 2030. Y se estima que se necesitarían unos nueve billones de dólares al año para la descarbonización.
Ana Sánchez, directora de IE Alinnea, cree que “lo esencial es incorporar a la conversación a quienes salen peor parados en este proceso. Y para ello hay que priorizar personas, territorios y tiempos. No es algo automático, sino un movimiento similar al de un gran buque que, para cambiar de dirección, debe virar lentamente. En Europa, según se van subiendo al carro otras muchas industrias muy contaminantes, se impone cada vez más el criterio de la competitividad como eje vertebral”.
Sánchez hace hincapié en que esto ya no puede circunscribirse solo al cierre de minas de carbón y como buenos ejemplos en la UE cita los casos de Noruega y Escocia y su reconversión del negocio del petróleo hacia la eólica marina. “Chemelot, enorme complejo químico, hoy epicentro de Holanda en economía verde; o Valonia, en Bélgica, que de corazón siderúrgico ha pasado a paradigma laboral en economía circular y alta tecnología. “Por no hablar del caso de España, otro referente. De hecho, Australia se inspira en nuestra experiencia con el carbón”, asegura.
Y para hitos españoles, las intervenciones masivas en Doñana (Huelva) y el Mar Menor (Murcia). “Todo un puzle de acciones que superan con creces la centena en ambas zonas y que han requerido más de 700 millones en cada marco (metodología que ha canalizado y formalizado lo realizado)”, indica Laura Martín, comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas en el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
Otros ámbitos de acción
“Hay que destacar el carácter de emergencia y de excepcionalidad de estos ecosistemas que estaban al borde del colapso, lo que ha requerido la adopción de medidas medioambientales y sociales más allá de las competencias departamentales y ministeriales, siempre en coordinación entre unos y otros, con mecanismos de diálogo, debates muy sólidos y mucho peso de la innovación. A finales de 2028 estará todo acabado”, subraya.
Los problemas eran diferentes, contaminación en el Mar Menor, con unos pasivos ambientales que venían de muy atrás, asociados a minería, nitratos y fosfatos del sector primario, y sobreexplotación en Doñana, detalla. Este mismo mes en Huelva se han activado subvenciones para quienes cedan sus tierras para restaurarlas, pasando a ser terrenos de monte público.
Pero, además, la tarea de crear una industria verde, manteniendo el empleo y generando riqueza, obliga a hablar de agricultura regenerativa y alimentación, hidrógeno verde, rehabilitación energética de edificios, automoción... “Los distintos sectores deben ponerse las gafas de la transición justa al optar por procesos menos contaminantes. Esto ya pasó en reconversiones industriales anteriores, pero se asumieron como crisis sectoriales. Es la gran diferencia: ahora rige el criterio de proteger a los más vulnerables.”, asevera Carreras.
Para Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Justa en Ecodes, “es muy importante abordar la pobreza energética en toda su dimensión, en el transporte, la edificación, en todo aquello que penaliza siempre más a los que menos tienen. La trasposición de la directiva europea sobre el mercado de los derechos de emisión obliga a tomar, con urgencia, medidas que procuren la equidad: descuentos y rebajas en los recibos, fomento del autoconsumo, movilidad compartida”, opina quien coordina el programa Ni un hogar sin energía y la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás.
Y es que a muchas comunidades de vecinos la cosa se les complica, con la nueva política rehabilitadora. “Lo que se une a tener uno de los parques edificados más envejecidos, algo que las directivas europeas van a penalizar más, de ahí que sea clave un sistema de financiación que se anticipe a los bloqueos vecinales que provocan los que tienen menos recursos. En Cataluña lo han hecho muy bien con préstamos públicos blandos, retornables, que dan tranquilidad y evitan conflictos”, comenta Susana Martín, presidenta de la Asociación Revo Prosperidad Sostenible.
Mención aparte merece la automoción porque su transformación industrial impacta en todo el modelo socioeconómico, ya que da empleo a 13 millones de europeos y a más de un millón en España, donde representa el 10% del PIB. “Coches se seguirán vendiendo, pero la clave es dónde se van a fabricar, esa es la pregunta. La digitalización, electrificación y descarbonización del sector debe hacerse bien; hay mucho en juego”, reseña Ignacio Rodríguez-Solano, director de Fundación Renault Group, que en alianza con la Asociación Candelita financia tanto el carné de conducir como vehículos a quienes lo necesitan para conseguir un trabajo. La compañía ha impulsado un Pacto de Estado para mantener el liderazgo en la nueva movilidad. Anticipación, participación e inclusión son vitales para transitar sin riesgos y de forma justa.