España tiene todo para liderar la transición energética europea
Para descarbonizar la economía es clave financiar nuevos proyectos de energías renovables, así como un consumo privado más consciente que reduzca las emisiones de carbono
El observatorio de tendencias económicas, Foro Futuro, creado por el Banco Santander en colaboración con CincoDías, ha puesto la lupa sobre los retos que trae el cambio climático. Es urgente hablar de transición energética y de poner en la balanza la capacidad de los sectores público y privado para financiar no solo la producción sostenible, sino además, para financiar el consumo privado con criterios de sostenibilidad. Más ahora, que 2024 ha cerrado como el año más cálido registrado en la historia y el primero en el que se superó la peligrosa barrera de los 1,5 grados. La mesa fue moderada por Nuño Rodrigo, subdirector de CincoDías, y contó con la participación de Arturo Rojas, socio de la consultora AFI; Lucas Arangüena, responsable global de finanzas sostenibles del Banco Santander; y de Enrique Castelló, catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Complutense de Madrid.
Para alcanzar los objetivos de descarbonización y la necesidad de transitar hacia una economía menos intensiva en carbono se requiere de un importante músculo financiero. “El reto climático es un desafío para las empresas, las administraciones y los ciudadanos”, afirmó Rodrigo. Por su parte, Rojas señaló que España se ha convertido en un referente internacional en la incorporación de energías renovables, gracias a una combinación de factores, como el inicio temprano en la década de los 90, de financiamiento a proyectos de energías renovables y el apoyo del sector financiero, que estuvo allí desde el primer momento.
“España ha sido pionera en la adopción de energías renovables, el balance es exitoso, y esto ha sido posible gracias a la estrecha colaboración que ha habido entre el sector público y privado”, explicó Rojas. Eso sí, destacó que, aunque los objetivos de descarbonización son alcanzables, el camino por recorrer es difícil y requiere de una transformación profunda en la forma de vivir, de generar y de consumir energía.
Arangüena aportó cifras clave. “España ha reducido sus emisiones en un 30% desde 2005 y el objetivo es reducirlas en un 32% para 2030″, comentó. Sin embargo, advirtió de que el 73% de la energía utilizada por el sector industrial en España aún proviene de combustibles fósiles y que se importa el 70% de la energía consumida en el país. Arangüena ha remarcado el compromiso del Banco Santander de movilizar 220.000 millones de euros para apoyar esta transición y ha subrayado que, aunque se ha avanzado significativamente en la descarbonización de la oferta energética, el futuro requiere un enfoque creativo para descarbonizar la demanda, especialmente en el sector industrial. “Tenemos que descarbonizar dos frentes: tanto la oferta como la demanda energética”, subrayó. Y destacó como positivo el hecho de que “España tiene todo para liderar esta transición gracias a sus recursos naturales y su infraestructura”.
Castelló, por su parte, enfatizó en la importancia de generar sostenibilidad en las finanzas. Mencionó algunas iniciativas como el Compromiso 2025 del BBVA o el plan de sostenibilidad de CaixaBank, que prevé movilizar 100.000 millones de euros en finanzas verdes. También destacó el papel que jugarán entidades como el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial en la financiación de la transición energética. “La sostenibilidad no solo es de carácter medioambiental, sino también social y de gobernanza”, afirmó Castelló. “Por eso, matizo una idea: sería un error pensar que solo el sistema bancario debe solucionar los problemas complejos, como lo son el cambio climático y la transición energética”, concluyó el catedrático.
En el panel también se discutió la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, que busca modernizar el sector industrial español y fomentar la inversión en nuevas tecnologías. Se mencionaron inversiones clave como la que hará CATL— el gran fabricante chino de baterías de ion, que ha anunciado una inversión de 4.000 millones de euros en España —y Stellantis en la producción de baterías, así como el aterrizaje de Microsoft— que ya invirtió 1.600 millones en la Comunidad de Madrid y que hará otra en Aragón por 6.500 millones —o Amazon para construir grandes centros de datos. “Es crucial crear un marco legal y regulatorio que atraiga la inversión de grandes actores internacionales y que, además, la retenga”, señaló Arangüena.
Asimismo, se trató la importancia de los contratos de compra de energía (PPA) para garantizar la estabilidad de precios y fomentar la inversión en renovables. Un PPA es un acuerdo a largo plazo entre un productor de energía renovable y un comprador, en el que se establece un precio fijo para la energía durante un período determinado, generalmente entre 10 y 25 años. Este tipo de contrato proporciona estabilidad financiera tanto al productor, que asegura ingresos constantes, como al comprador, que obtiene energía a un precio predecible. De hecho, Rojas destacó que España es líder mundial en este tipo de contratos, lo que ha permitido a las empresas mantener sus niveles de producción, incluso durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.
La financiación necesaria para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de proyectos de energías renovables es esencial para materializar los planes de instalación de renovables establecidas en el marco del Plan Nacional de Energía y Clima. Hoy en día la mayor parte de los proyectos de generación mediante energías limpias, desarrollados por promotores independientes o de menor capacidad financiera, necesitan recurrir a financiación externa para cubrir los costes de inversión. Financiación que es actualmente facilitada por entidades financieras, fondos de deuda e inversores institucionales.
Y aunque España está en pleno proceso de reindustrialización, Rojas destaca que no deja de ser curioso que el consumo de energía esté en los mismos niveles de hace 20 años. “Aunque ha habido mejoras en eficiencia y un aumento en el autoconsumo, la demanda eléctrica debe crecer para permitir la electrificación y descarbonización. De hecho, la transformación del sector energético es más efectiva con una demanda creciente”, apuntó Rojas.
Marcos regulatorios que promuevan la inversión sostenible
Algunos proyectos legislativos han favorecido la financiación de estos proyectos en España, beneficiando a proyectos de más de 45 gigavatios. Uno fue el que se publicó en el BOE, el Real Decreto-ley 8/2023, que extiende los plazos administrativos del Real Decreto-ley 23/2020 en materia de energía. Este nuevo decreto amplió el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción hasta el 25 de junio de 2024 y permite solicitar una extensión de hasta 36 meses adicionales para la Autorización Administrativa de Explotación.
Esta reforma legal, altamente esperada, permitirá un despliegue ordenado de instalaciones renovables en el sistema eléctrico español. El Ministerio de Transición Ecológica ha mostrado coherencia al escuchar las demandas del sector, contribuyendo a que España continúe siendo un referente en energías renovables. Además, como se espera que el BCE siga la senda de recorte de tipos de interés en la eurozona, los costes aplicados por las entidades financieras y fondos sería menor, lo que beneficiaría a los desarrolladores de energías renovables con menores cargas financieras y mayores posibilidades de apalancamiento en deuda.
Sin embargo, también hay medidas que se perciben como menos favorables, como la reactivación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica con un tipo impositivo del 7% (en vigor desde de julio de 2024), y los nuevos impuestos autonómicos en el País Vasco y Aragón. Estas medidas podrían encarecer los proyectos y afectar la confianza de los inversores.
Al cierre del panel, se abordaron temas como la sobrerregulación en Europa y la necesidad de simplificar las normativas para facilitar la inversión. “Hemos llegado a un punto de sobrerregulación que dificulta la inversión y la innovación”, afirmó Castelló. Y se discutió la importancia de redefinir la red eléctrica en España para adaptarse a la creciente demanda de instalaciones de hidrógeno, carga de vehículos eléctricos y centros de datos. “La red eléctrica se ha quedado pequeña ante el aluvión de peticiones para conectar nuevas instalaciones”, señaló Arangüena.
Buscar un modelo de precios regulados
Una de las necesidades más acuciantes es la de avanzar en la capacidad tecnológica de almacenamiento de electroquímicos y la implementación de un nuevo modelo de precios regulados de luz. “El almacenamiento es clave para garantizar la estabilidad del suministro energético”, explicó Rojas. Y puntualizó que se “necesita un marco regulatorio que fomente la inversión en tecnologías de almacenamiento y permita una mayor flexibilidad en la gestión de la demanda”.
A solo cinco años de 2030, la necesidad de estrechar la colaboración entre el sector público y privado para alcanzar los objetivos de descarbonización y aprovechar las oportunidades que ofrece la transición energética crece. “La transición hacia una economía sostenible es un reto muy complejo, pero también una oportunidad única para España de posicionarse como líder de una transformación tan urgente como necesaria”, concluyó Rodrigo en el encuentro.
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