Cosas que hacer en la tributación autonómica
Necesitamos consensuar una estrategia global de reforma que contemple las interconexiones entre las partes. Y a partir de ahí, ir tocando las piezas que se pueda
Diez ideas sobre tributación autonómica, expuestas desde un espíritu constructivo. La primera es que somos líderes en la Unión Europea en autonomía tributaria en el escalón intermedio de gobierno. Estamos por delante de países federales como Alemania, Austria o Bélgica; hemos avanzado mucho en los últimos cuarenta años. Dicho lo anterior, es verdad que las comunidades autónomas están lejos de contar con la autonomía tributaria de los Estados americanos, las provincias canadienses, los cantones suizos y, algo menos lejos, de los Estados australianos.
La razón fundamental es la armonización que rige en Europa en la fiscalidad sobre consumo y que impide diversidad de tipos en el interior de los Estados. Y no es fácil que la Comisión Europea vaya a reconsiderar esto. No hay demanda política y sí muchas resistencias técnicas. Lo que nos lleva a la tercera idea: para seguir avanzando en el frente de la autonomía tributaria debemos centrarnos más en los aspectos cualitativos que en los cuantitativos; y hacerlo de forma imaginativa e inteligente.
En el caso del impuesto sobre sociedades lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. La teoría del federalismo fiscal, la experiencia comparada y nuestra propia experiencia en los territorios forales muestra que este no es un buen impuesto para descentralizar, por distintos motivos que se pueden encontrar en cualquier manual al uso.
Quinta idea: en ningún país federal de la OCDE el gobierno central renuncia a tener un IRPF propio. Puede compartir la fuente tributaria, pero no abandonarla. De hecho, la cesión de espacio a las comunidades autónomas es de las más extensas en el mundo. Me parece difícil que podamos ir más allá. Donde sí es posible y deseable avanzar es en el sistema de retenciones. Las decisiones autonómicas deberían trasladarse a las retenciones a la misma velocidad que las del Ministerio de Hacienda. Hoy el retraso se sitúa alrededor de dos años; algo más cuando hablamos de la recaudación que reciben las haciendas autonómicas. Con los rezagos actuales, se desactivan, al menos parcialmente, los incentivos al ejercicio de la autonomía tributaria.
En el caso del IVA y los impuestos sobre consumos específicos armonizados, la única opción es colegiar decisiones. Es decir, que se diseñe un mecanismo para que, con el grado de consenso que se estime conveniente, las comunidades autónomas en su conjunto puedan decidir subir o bajar tipos a aplicar sobre los actuales tramos autonómicos. Cierto que esto no otorga autonomía individual, pero posibilita que el nivel autonómico de gobierno no dependa de renegociaciones con el gobierno central sobre transferencias de recursos adicionales si se quieren aumentar de forma sustancial los ingresos. Sería una forma de resolver el debate sobre el reparto vertical de los recursos en el futuro y de endurecer la restricción presupuestaria de los gobiernos autonómicos.
En cambio, en lo que atañe a la tributación ambiental en sentido amplio, sí existe un espacio de mejora. En el marco de la reforma tributaria verde de la que llevamos hablando veinte años, sería posible encontrar posibilidades para aumentar la autonomía tributaria de las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, simplificar el actual mapa de tributos propios en este ámbito, para ganar en seguridad jurídica.
Octava idea: en la imposición patrimonial hay que agitar el tablero. Las normativas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, del impuesto sobre patrimonio neto y del impuesto sobre grandes fortunas, que toma como referencia al anterior, están obsoletas y abandonadas. Tres tributos generales sobre la riqueza son demasiados. Ningún país de la OCDE cuenta con algo así. Si se quiere mantener el de grandes fortunas, debería eliminarse el de patrimonio neto y elaborar una normativa nueva. Finalmente, descentralizar los impuestos generales sobre la riqueza sin establecer suelos no es buena idea. Lo teníamos claro en la reforma que entró en vigor en 1997, pero lo olvidamos en la de 2002.
Novena idea. En línea con lo que se dice en el Libro blanco de la reforma tributaria y en el anterior sobre la reforma de la financiación autonómica, existen numerosas figuras tributarias que requieren ser revisadas para mejorarlas, tanto en el nivel autonómico como el local. En particular, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el IBI, el IAE y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica son cuatro ejemplos. No debería ser tan difícil ponerse de acuerdo e iríamos mejorando el sistema.
Precisamente, esta es la décima idea con la que cerraba mi participación en el III Foro de Fiscalidad de EsadeEcPol el miércoles pasado en Madrid: necesitamos consensuar una estrategia global de reforma que contemple las interconexiones entre las partes. Y a partir de ahí, ir tocando las piezas que se pueda. Sin duda, consensuar posturas en el ámbito patrimonial es muy difícil. Pero no debería serlo en los impuestos locales, o en lo que tiene que ver con las retenciones del IRPF, por poner dos ejemplos.
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