A la búsqueda del pleno empleo
La evidencia y la ciencia nos permiten arrojar luz sobre lo que puede ser más o menos conveniente para el mercado laboral, pero a veces preferimos darle la espalda
No cabe duda de que uno de los grandes objetivos de nuestro país debe ser alcanzar el pleno empleo. Esta meta no solo añadiría trabajadores a la generación de valor, reduciendo a su vez la carga que supone un amplio porcentaje de población dependiente de ayudas para sobrevivir, sino que generaría además otros muchos efectos positivos en áreas aparentemente alejadas del mercado laboral, como el rendimiento académico, la satisfacción de necesidades básicas y el bienestar general de las familias.
Sin embargo, a lo largo de los años, nuestro país ha convivido con índices de desempleo propios de una economía en desarrollo. No hay nada en nuestros genes ni ninguna maldición que explique por qué desde los años ochenta hemos llegado a ser un caso extremo en el contexto occidental. Es evidente que, descartadas otras explicaciones propias de la superstición, las razones de esta situación se derivan de aquello que nos diferencia del resto de los países que nos rodean. En gran medida, las razones últimas provienen de unas instituciones laborales que definen y condicionan el mercado de trabajo y que afectan de manera particular a realidades individuales y territoriales diversas dentro de nuestro país.
Por esta razón, la convivencia con altas tasas de desempleo es principalmente una cuestión de voluntad política. Luchar contra ello, perseguir el pleno empleo, se convierte, por lo tanto, en un objetivo político fundamental.
Sin embargo, como he adelantado, nuestra realidad lleva décadas siendo la misma, y la solución evidente parece no haberse encontrado. Podríamos decir que algo hemos avanzado gracias a las reformas de 2012 y 2022. Sin embargo, me temo que aún no conocemos completamente los resultados de esta última, por lo que no debemos darnos por satisfechos y es imperativo seguir avanzando en reformas que ayuden a las personas y empresas a establecer relaciones contractuales justas y rentables.
Sobre esta cuestión, esta semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la presentación del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo elaborado por Fedea. En la mesa redonda que siguió a la presentación del informe hubo tres intervenciones sobre políticas favorecedoras del pleno empleo. En la primera, a cargo de Yolanda Rebollo, profesora de la Universidad Pablo de Olavide, se habló del diseño de incentivos de las políticas pasivas de empleo, aquellas que implican el pago de prestaciones y subsidios a trabajadores desempleados y su efecto sobre las decisiones de sus beneficiarios. La segunda intervención, de la profesora de la Universidad de Sevilla Cristina Borra, abordó la necesidad de políticas familiares y de conciliación para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Finalmente, la intervención de Miguel Ángel García, profesor de la URJC e investigador asociado a Fedea, buscaba concienciar sobre la necesidad de desarrollar políticas activas que respondan a las necesidades reales de los trabajadores y las empresas.
En cada caso, se destacó la importancia de utilizar la evidencia como guía para el diseño eficiente de incentivos que influyen en el éxito o fracaso de las reformas. En el caso específico de la profesora Rebollo, presentó un trabajo realizado en 2020 junto con su coautora Nuria Rodríguez Planas, donde analizan el efecto que la reducción en la cuantía de la prestación por desempleo a partir del sexto mes llevada a cabo en la reforma de 2012 tuvo en la empleabilidad de los desempleados y la calidad de los nuevos emparejamientos entre empresas y trabajadores.
A modo de recordatorio, en la reforma de 2012 lo que se hizo fue, en primer lugar, reducir a partir del sexto mes de prestación al 50%, de la base reguladora, frente al 60% anterior. Los incentivos que se querían generar buscaban favorecer una más rápida incorporación al mercado de trabajo asumiendo, como la evidencia indica, que a mayor prestación, mayor tiempo en el desempleo.
Lo que encontraban Rebollo y Rodríguez-Planas resulta fascinante. En primer lugar, la probabilidad de que un trabajador saliera del desempleo hacia el empleo aumentó tras la reforma. Esto era cierto no solo en los últimos meses antes del sexto mes, sino desde el mismo inicio. Es decir, el hecho de que se redujera la prestación a partir del sexto mes implicó que, independientemente del tiempo que faltara hasta llegar a dicho mes “frontera”, el trabajador tenía más probabilidades de salir del desempleo. Así pues, los incentivos generados favorecían la salida del desempleo antes de la caída en la prestación.
Sin embargo, un segundo resultado resultaba mucho más interesante. Las autoras no encontraban que esta mayor premura fuera a cambio de un empleo peor, con un salario más bajo o una categoría inferior para el trabajador. La salida se producía antes y sin que esto condicionara la calidad del empleo. Así pues, esta medida favoreció la reducción del desempleo sin afectar a la calidad del empleo.
Esta evidencia nos dice que, estas medidas, aunque puedan resultar contraintuitivas, favorecen el pleno empleo. Ir en contra, por lo tanto, alejan el objetivo. Pues bien, debemos recordar que en la pasada legislatura este cambio se deshizo, pasando de nuevo del 50% al 60% a partir del sexto mes. Habría que ver si el efecto es simétrico o no, pero lo que podríamos esperar es que, muy probablemente, esta contrarreforma haya impedido una mayor reducción del desempleo.
En resumen, las políticas que afectan al empleo, bien diseñadas, pueden ayudarnos a alcanzar el pleno empleo siendo estas muy diversas, abarcando prácticamente todas las áreas de nuestra vida social, laboral y económica. Más aún, aquellas que afectan a las instituciones laborales cobran un protagonismo especial y relevante. La evidencia que tenemos sobre muchas de estas políticas es significativa, y mucha de ella se consolida a medida que avanzamos en conocimiento y experimentos.
No obstante, a veces parece que nos obstinamos en ir en contra. La evidencia y la ciencia nos permiten arrojar luz sobre lo que puede ser más o menos conveniente, pero a veces preferimos darle la espalda, no sabemos muy bien por qué. En todo caso la labor de economistas como los aquí citados debe seguir siendo la misma: ofrecer análisis, estudios y evidencia de lo que parece funcionar para alcanzar el pleno empleo. Ya después llegará la voluntad política de ir, o no, en la dirección marcada.
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