Renovables: cómo asegurar un avance a buen ritmo frente a los desafíos
La Unión Europea acordó el pasado octubre elevar la cuota de la energía verde sobre el consumo final de energía del 32% al 42,5% en 2030
El 2023 cerró como un año de récord para las energías renovables en nuestro país. Los datos muestran que a su cierre se habían batido los niveles de potencia instalada de 2022, impulsados fundamentalmente por la solar fotovoltaica, que añadirá más de 5 gigavatios a la red. Además, una vez tengamos el dato definitivo, la aportación de las renovables superará con toda probabilidad la marca inédita del 50% del total de electricidad generada, según las previsiones adelantadas por Red Eléctrica.
Quizás sorprenda entonces que estos significativos avances no sean suficientes para cumplir los objetivos climáticos y que debemos intensificar el despliegue de las fuentes de energía renovables. La Unión Europea acordó el pasado octubre elevar la cuota de renovables sobre el consumo final de energía del 32% al 42,5% en 2030. El objetivo marcado en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español es aún más ambicioso: 48%. Pero, según las estimaciones del Observatorio de Transición Energética del BC3, vamos por detrás de la trayectoria marcada: en 2022 la parte del consumo energético final atribuible a estas tecnologías fue del 22%. Al ritmo actual la duplicación de esta tasa parece muy lejana.
Aunque España tenga una ventaja comparativa por clima y ubicación, la necesidad de acelerar el despliegue de las renovables trae consigo desafíos a corto y medio plazo, empezando por el actual entorno macroeconómico y geopolítico y su impacto en las decisiones de inversión. En la lucha por contener la inflación, los bancos centrales han puesto fin a cerca de una década de tipos en el entorno del 0%. El encarecimiento en las condiciones de financiación afecta a los proyectos renovables que concentran sus costes en la construcción y puesta en funcionamiento de la infraestructura. Además, por el lado de los ingresos, muchos promotores acuerdan precios de venta de la energía a largo plazo antes de desarrollar los proyectos, lo que les hace especialmente vulnerables ante cambios en las condiciones de financiación. Se suman las tensiones comerciales con los países que lideran la cadena de valor de estas tecnologías, como China, que pueden afectar a la disponibilidad de materias primas y equipos, incrementando los costes y el riesgo de la inversión. No obstante, aunque puede haber cierta ralentización por estos factores, los analistas del sector (empezando por la Agencia Internacional de la Energía), coinciden en que el desarrollo de proyectos seguirá avanzando por la inercia implícita en la creciente competitividad de las tecnologías renovables.
Así que, asegurada la viabilidad económica de los proyectos a largo plazo, incluso a pesar de un contexto cambiante, el escollo más inmediato lo podemos encontrar dentro de nuestras fronteras: la oposición social a su construcción, directamente relacionada con su distribución de costes y beneficios. A nivel agregado los beneficios son innegables: reducción de emisiones y menores precios de la electricidad. Sin embargo, a nivel local, no está tan claro. El trabajo reciente de Fabra y coautores que analiza el efecto de los parques eólicos y solares sobre el empleo de los municipios concluye que este es modesto. En cambio, los costes se concentran en estas poblaciones: cambios en el uso tradicional del suelo y el consiguiente impacto en la actividad económica de las familias, alteración del paisaje o efectos sobre la flora y la fauna. Para aminorar la oposición que implican estos proyectos, se vuelve necesario contar con licencia social. Precisamente Teresa Ribera anunciaba hace unas semanas que abrirá una consulta con los principales actores del sector para ir en esa dirección. Lo que ya sabemos es que para conseguir el avance “ordenado” y “justo” que refirió la Ministra es clave garantizar un reparto justo de la energía y la riqueza que generan estos proyectos, así como involucrar a las comunidades desde el inicio, informándolas y haciéndoles partícipes en las decisiones. En particular, se podría asignar una parte de la energía generada a la comunidad local a precios más bajos o incluso de forma gratuita, u otorgarles una participación en los proyectos. Por el contrario, reducir o eximir a las instalaciones renovables de evaluaciones medioambientales, podría agravar este problema.
En paralelo, es fundamental disponer de una economía electrificada para acomodar la creciente generación renovable. Sin que el aumento de oferta vaya acompañado de una mayor demanda, aumentará la electricidad de origen renovable que termina sin ser usada, reduciendo la rentabilidad y desincentivando la inversión en estas fuentes. Aunque hay progresos visibles, como el notable aumento en la matriculación de vehículos eléctricos en el último año, este proceso no avanza al ritmo que necesitamos. Hay que acelerar la electrificación de la industria y la adopción de tecnologías como bombas de calor, calentadores o vehículos eléctricos en los hogares. Poniendo el foco en estos últimos, la sustitución de equipos por sus alternativas libres de emisiones tiene un doble coste, la inversión inicial en la nueva tecnología y retirar un activo que todavía tiene vida útil. Sin embargo, no todas las familias disponen de los recursos para enfrentarse a dicho coste. Esto ralentiza el crecimiento de la demanda eléctrica y acentúa las desigualdades socioeconómicas de partida: los hogares con menor capacidad económica no podrán descarbonizar sus actividades cotidianas. En este sentido, desarrollar medidas de apoyo focalizadas en los hogares de renta baja y media-baja permitirá avanzar a mayor velocidad en la transición y, además, hacerlo de forma justa.
Facilitar la expansión de la oferta y su absorción por parte de la demanda es por tanto un trabajo que no sólo implica grandes proyectos y contextos favorables, sino medidas específicas destinadas a desbloquear cuellos de botella que ayuden a la expansión general de las renovables y a que lleguen a quienes ahora menos están disfrutando de sus beneficios potenciales.
Natalia Collado Van-Baumberghen es economista e investigadora en EsadeEcPol
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