Las universidades tendrán que elevar en 844 millones su gasto salarial para cumplir con la ley en 2024

Se abre un frente entre el Gobierno central y las autonomías, respecto a quién debe asumir los 3.130 millones extra para cumplir con el objetivo de gasto

Carlos Cortinas Cano

Las universidades tendrán que elevar su presupuesto para 2024 en al menos 844 millones de euros si quieren cumplir con lo que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) contempla en materia de profesorado y que forma parte del objetivo estatal de llevar a mínimos la precariedad laboral. Esa es una de las conclusiones de la monografía sobre financiación pública en el sector, presentada ayer la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). La mejora de la calidad de la plantilla se llevaría la mayor parte de ese dinero (318 millones) al implicar la contratación de más de 8.800 plazas de lo que en la jerga académica se conoce como ayudantes de doctor –primer paso en la carrera–.

La segunda partida con mayor gasto sería por la limitación del tiempo lectivo (225 millones). La ley ha fijado en un máximo de 240, las horas de docencia que cada profesor puede impartir. Para cubrir las jornadas perdidas se deberían contratar a 6.287 académicos; de ahí el desembolso adicional. Otra de las partidas que se llevaría al menos 100 millones de euros es la reducción de la temporalidad. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a bajar hasta el 8% la inestabilidad laboral en el sector público. Esto implica que las universidades deben convertir a miles de profesores en indefinidos con derechos de antigüedad, paro y vacaciones. Según los cálculos de CRUE, en el curso 2021-2022 había 5.895 efectivos con contratos laborales temporales, ya fuera de ayudantes (que trabajan en la tesis), asociados, sustitutos o visitantes. Esta cifra supone solo un 7% de los PDI computables, es decir, que se cumple con el tope máximo impuesto por el Estado. Sin embargo, hay 16 centros educativos que superan el porcentaje admisible, por lo que deberían abrirse casi 3.000 plazas para ayudantes de doctor. Su contratación implica un gasto extra de 106,4 millones de euros al año.

El documento destaca que el impacto presupuestario derivado de la normativa es muy desigual entre instituciones, por lo que consideran que antes de hacer todos los cambios que exige la ley en materia de profesorado, debería haber un “reequilibrio financiero”. En concreto, señala que “si deben asumir los costes presupuestarios derivados de la exigencia de disponer de una determinada calidad en la plantilla, los recursos disponibles deben ser equitativos para todas las universidades públicas”.

La discrepancia por el gasto económico va más allá de las universidades. La ley señala que las comunidades e instituciones comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1% del PIB del gasto público en educación universitaria, lo que según los cálculos de los rectores implica una aportación de recursos adicionales de 3.135 millones de euros, tomando como base los presupuestos de 2022. El problema esencial es que la mayor parte de los fondos los ponen las autonomías, por lo que las diferencias entre cada territorio son abismales. En concreto, el gasto por estudiante llega a tener una brecha de 57 puntos porcentuales.

Los investigadores recuerdan que España es territorialmente muy desigual y mantiene, desde hace décadas, diferencias de renta per cápita entre regiones superiores al 80%. “Si se deja a cada comunidad a expensas de su capacidad fiscal (PIB), tendremos que, para un mismo esfuerzo fiscal, una comunidad pobre tiene que conformarse con dar a sus ciudadanos menos y peores servicios esenciales que una rica”, agrega. Por ello, creen que lo razonable sería que la Administración central asuma la mayor parte del incremento presupuestario y se dedique a paliar las diferencias educativas que existen en el país. Esto equivale a conseguir que el gasto por alumno se aproxime lo máximo posible.

Una de las prioridades en este terreno es la mejora de las becas al estudio, priorizando las ayudas ligadas a las familias con renta baja. Para ello, el documento cifra un importe cercano a los 1.000 millones de euros. la última convocatoria para el curso 2023/2024 otorgaba una cuantía fija ligada a renta de 1.700 euros anuales, lo que en opinión de los expertos resulta “insuficiente para amortiguar el coste de oportunidad que supone para las familias más pobres que uno de sus miembros con capacidad de participar en el mercado laboral prolongue su desarrollo formativo”.

Presupuesto para la Ciencia

El Consejo de Ministros aprobó ayer dos convocatorias dotadas con un presupuesto de 494 millones de euros para la formación de futuros profesores universitarios que realicen sus tesis doctorales en universidades españolas e impulsar proyectos de colaboración entre empresas y organismos de investigación, reforzando la transferencia de conocimiento. 

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, detalló que estas convocatorias están sufragadas sin fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuentan con fondos nacionales. En este sentido, Morant puso en valor el aumento presupuestario que destinó el Gobierno a la I+D+I para este ejercicio económico, que se está materializando en “mejoras para el sector científico y universitario del país”. Además, la ministra recordó que hace dos semanas el Gobierno aprobó otro paquete de medidas con una inversión de más de 1.000 millones de euros de presupuesto nacional para las citaciones de talento y de financiación de la investigación.

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