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El Gobierno lleva el techo de gasto a un nuevo récord y abre la puerta a extender algunas medidas anticrisis

El Consejo de Ministros aprueba un límite de gasto no financiero de 199.120 millones y da el pistoletazo de salida a los Presupuestos de 2024

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Rodrigo Jimenez (EFE)
Pablo Sempere

El Gobierno ha dado este martes el pistoletazo de salida oficial para la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero de 2024, conocido comúnmente como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria. Dados los plazos y lo ajustado del calendario, el Ejecutivo se verá obligado a prorrogar las cuentas públicas de 2023 para inmediatamente después ponerse a trabajar en las nuevas, que deberían aprobarse antes de que termine el próximo mes de marzo. En esta ocasión serán cruciales los objetivos en materia fiscal, puesto que las reglas comunitarias que limitan el déficit y la deuda pública volverán a funcionar tras varios años congeladas.

El techo de gasto, avanzó tras la reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, alcanzará los 199.120 millones de euros, un incremento del 0,5% respecto a 2023 que lo sitúa en nivel récord. Sin contar con el impacto de los fondos europeos la cifra rondaría los 189.200 millones, una subida del 9,3%. Es un límite de gasto “realista” y “prudente”, dijo la también ministra de Hacienda para recalcar después que el Gobierno “cuenta con margen para prorrogar algunas de las medidas pensadas para aliviar el alza de los precios”, y que por ahora terminan el próximo 31 de diciembre.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe llevar al Consejo de Ministros tanto el techo de gasto como los objetivos de estabilidad presupuestaria antes que el proyecto de Presupuestos. Una vez aprobado, todo se remitirá al Congreso y al Senado para su visto bueno. “Este es un trámite previo necesario para poder llevar al Congreso unas nuevas cuentas”, apuntó Montero. “Este Gobierno se guiará por el rigor en las cuentas públicas, por la prudencia a la hora de presupuestar y por el compromiso con la consolidación fiscal”, rebajando el déficit a un máximo del 3% del PIB en 2024 desde el 3,9% en el que se prevé cerrar este ejercicio. A partir de aquí, añadió la titular de Hacienda, se bajará al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026.

En esta ocasión, sin embargo, hay serias dudas sobre qué sucederá en el trámite parlamentario. El beneplácito en el Congreso se presupone de antemano gracias al apoyo de los socios del Gobierno de coalición. Sin embargo, la mayoría que ostenta el Partido Popular en el Senado podría bloquear el proceso en un momento en el que el control del déficit se convierte en decisivo.

Hacienda, en sendas reuniones con las autonomías y ayuntamientos, comunicó ayer los nuevos objetivos de déficit para 2024. Estos serían del 0,1% para las autonomías y del 0% para los municipios, frente al equilibrio exigido previamente para los primeros y el superávit del 0,2% fijado para los segundos. Es decir, un mayor margen de una y dos décimas, respectivamente, que será asumido por la Administración central. Las autonomías, gobernadas en su mayor parte por el Partido Popular, rechazaron esta senda.

Por eso, en plena guerra abierta entre Gobierno y oposición, cabe la posibilidad de que el PP aproveche su mayoría en la Cámara Alta para tumbar los nuevos objetivos de déficit. Esto sería contraproducente, advirtió ayer la propia Montero tras el Consejo de Políticas Fiscal y Financiera, ya que inmediatamente después entrarían a funcionar “los objetivos vigentes del Plan de Estabilidad remitido en abril a la Comisión Europea”, mucho más estrictos.

Para llegar a esta conclusión, Hacienda se apoya en un informe jurídico de la Abogacía del Estado en el que se detalla que, si los objetivos de estabilidad son rechazados dos veces en las Cortes, entrarían en vigor los remitidos en abril. Esto, a su vez, complicaría las cuentas de muchas regiones que se encuentran ahora elaborando sus Presupuestos y que cuentan con ese margen fiscal del 0,1%. Lo mismo sucedería con el equilibrio presupuestario con el que ya cuentan muchos consistorios. Si los nuevos objetivos caen, dijo Montero, todas estas cuentas decaerían al ser “ilegales”.

Por ello, “si el PP piensa que con esa estrategia impide el desarrollo de unos Presupuestos nuevos para España se equivoca”. “Está tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían un objetivo más exigente”. Montero también recordó que, bajo este supuesto, la tramitación de las cuentas se retrasaría como máximo un mes, que es el límite legal para el tiempo de debate de los objetivos. “Vamos a tener Presupuestos”, independientemente de que “otros juegan a bombardear o torpedear”.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
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