El Tribunal de Cuentas pospone su decisión sobre la suspensión del juicio del 1-0 por la amnistía
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tampoco comparece después de que se le denegara declarar por videoconferencia
El Tribunal de Cuentas ha pospuesto su decisión sobre si paraliza el procedimiento contable por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior de proceso independentista, a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (conocido como Diplocat), ante una eventual aprobación de la ley de amnistía, que anulará toda la responsabilidad civil y económica del procés. De este modo, la vista que se celebra este viernes para interrogar a los demandados y a testigos se mantiene en pie.
Así lo ha comunicado la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento al inicio de la sesión, en la que ha indicado que resolverá esta cuestión “por escrito en el plazo más breve posible de tiempo”.
La consejera Elena Hernáez ha adoptado esta postura tras escuchar a las defensas de los demandados, así como a las acusaciones –la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC)–, sobre la procedencia de paralizar el proceso contable que se dirige contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.
La cuestión sobrevolaba desde antes de que el PSOE presentara, el pasado 13 de noviembre la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, si bien se puso encima de la mesa de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas formalmente el pasado martes. Las representaciones legales de algunos demandados, como Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, pidieron suspender el procedimiento como consecuencia de la iniciativa legislativa registrada ante Mesa del Congreso de lo Diputados.
Es un “acontecimiento futuro”
En opinión de la Fiscalía, el procedimiento debe seguir adelante hasta que la amnistía se convierta en un hecho. Para el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, la continuidad del procedimiento “no se puede subordinar a un acontecimiento futuro, cuya existencia no se puede afirmar”. En este sentido, ha apostillado que lo único que se conoce en este momento es la presentación de un proyecto legislativo en la Cámara Baja, cuya admisión a trámite aún no se ha producido.
No obstante, el representante del ministerio público ha admitido que todo hace entender que dicho texto terminará convirtiéndose en ley, si bien “hoy no sabemos los efectos”, por lo que considera que lo más prudente es esperar hasta su entrada en vigor.
Tras ello, y pese a la queja de la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por no conocer la decisión en ese momento, la consejera ha decidido dar paso a los interrogatorios de los demandados y testigos previstos para hoy y que justifican la celebración de una vista oral, mientras que la decisión de suspender está vinculado a todo el proceso en general.
Así, el primero y único encausado en ser citado, precisamente, ha sido Puigdemont, si bien no ha comparecido. Su interrogatorio fue solicitado por los codemandados Lluis Puig i Gordi, Josep Manuel Suárez Iborra y Martí Anglada Birulé, si bien a cuatro días del inicio de la vista interesaron que la declaración se hiciera por videoconferencia, lo que fue rechazado por el Tribunal de Cuentas por la escasa antelación.
Así las cosas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha excusado al expresidente de Cataluña –huido en Bruselas–, alegando que éste “quería comparecer”, pero que no lo ha hecho porque “ha esperado hasta el último momento” para saber si podía viajar a España, por “si se aplicaba la ley [de amnistía]”, que prevé la nulidad de la orden de detención que pesa contra él.
Puigdemont y los tres exconsejeros fugados, Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí, ya solicitaron también interrumpir el procedimiento, argumentando que ellos no han sido condenados en firme por el Tribunal Supremo por el procés, por lo que tampoco cabría una responsabilidad contable en este sentido, dada su estrecha vinculación. Sin embargo, la consejera del Tribunal de Cuentas no atendió a estos argumentos.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas reclama a la treintena de exdirigentes de la Generalitat de Cataluña, de manera conjunta y solidaria, 3,4 millones de euros por el referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. Esta cantidad está por debajo de los 4,1 millones de euros que los acusados afianzaron por el 1-O con el embargo de bienes y de los 5,4 millones por la promoción exterior que avaló la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Por su parte, Sociedad Civil Catalana (la otra acusación) entiende que solo 11 exdirigentes de la Generalitat deben retornar a las arcas catalanas cinco millones de euros.
Tres testigos
Quienes sí han comparecido en la sesión celebrada este viernes han sido tres testigos. Entre ellos, ha declarado la exinterventora de la Administración del Estado en Cataluña, María Luisa Lamela, que ha negado que entre sus competencias no se encontraba el control de los gastos del procés. En esta línea, ha explicado que lo que “interesaba es que todo viniera firmado por la interventora general de Cataluña”, Rosa Vidal, una de las encausadas en este procedimiento del Tribunal de Cuentas y procesada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por los gastos de preparación del 1-O.
Esta testigo es la hermana de la juez Carmen Lamela, primera instructora del procés independentista en la Audiencia Nacional, antes de que la investigación pasara al Tribunal Supremo. En este sentido, ha subrayado que no habla de temas profesionales con su hermana, al tiempo que ha defendido la labor como magistrada de su familiar, si bien la consejera ha interrumpido la declaración para indicar que no tiene por qué explicarse.
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