La ley de amnistía incluye la extinción de toda responsabilidad económica por el ‘procés’
La proposición del PSOE y sus socios de investidura prevé anular todas las consecuencias económicas que han sido investigadas por el Tribunal de Cuentas
La proposición de ley de amnistía que el PSOE y las fuerzas independentistas Junts y ERC han pactado para facilitar la investidura de Pedro Sánchez incluye la extinción de todas las “responsabilidades civiles y contables” derivadas del proceso independentista de Cataluña. En concreto, el texto señala que la medida de gracia se aplicará a todos los actos realizados durante más de una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, y en especial la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017.
El artículo 8 de la “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” –registrada este lunes en el Congreso de los Diputados para su tramitación por la vía de urgencia– regula los “efectos sobre la responsabilidad civil y contable”, con especial énfasis en los procedimientos contables en el Tribunal de Cuentas, que, precisamente, este viernes, 17 de noviembre, tiene previsto enjuiciar los gastos por la organización del 1-O y de la promoción exterior del procés a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como el Diplocat.
Dicho precepto prevé que queden extinguidas todas las responsabilidades económicas relacionadas con la organización, promoción y ejecución de actos sobre el proceso independentista, “incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados” en el órgano contable. No obstante, deja fuera “aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada”.
Asimismo, la futura ley establece el “alzamiento de las medidas cautelares acordadas en fase de actuaciones previas o de primera instancia” previstas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, esto es todos los embargos y fianzas establecidas ante eventuales sentencias condenatorias.
Por otro lado, la amnistía no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares.
Juicio contable al 1-O
En el juicio contable que está previsto celebrar en unos días por el presunto desvío de fondos públicos para la organización del referéndum de otoño de 2017 están considerados como presuntos responsables una treintena de ex altos cargos catalanes, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont –huido en Bruselas– o el exvicepresidente Oriol Junqueras –condenado por el Tribunal Supremo e indultado–. Ninguno de los encausados tienen obligación de comparecer, ya que están representados por sus defensas.
Tras varios años de investigación –el proceso se inició en abril de 2019–, la Fiscalía reclama a todos ellos de manera conjunta y solidaria (y aún de forma provisional) 3,4 millones de euros en total, una cantidad muy inferior a los 4,1 millones de euros que los acusados afianzaron por el 1-O con el embargo de bienes y de los 5,4 millones por la promoción exterior que avaló la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Por su parte, Sociedad Civil Catalana (la otra acusación) entiende que solo 11 exdirigentes de la Generalitat deben retornar a las arcas catalanas cinco millones de euros.
En este caso, la norma a tramitar señala que, tras su aprobación y entrada en vigor, todas las actuaciones del Tribunal de Cuentas, “en cualquier fase del proceso”, serán archivadas. En el caso de que se haya dictado sentencia, el órgano fiscalizador deberá dictar una nueva resolución para absolver a las personas consideradas responsables contables del procés. Procedimiento similar ocurrirá con los procedimientos administrativos que se encuentren en curso o no hayan adquirido firmeza y los recursos por la vía contenciosa-administrativa.
La responsabilidad contable del 9-N ya fue enjuiciada por el Tribunal de Cuentas, que en julio de 2022 elevó hasta 4,9 millones de euros el coste para las arcas públicas catalanas la celebración de dicha consulta. Así, condenó a Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern a devolver esa cantidad. Esta sentencia fue confirmada a principios de este año, cuando desestimó el recurso de apelación presentado por el exconsejero Francesc Homs, y al que se adhirieron otros encausados como el expresident Artur Mas. Previamente, el Tribunal Supremo también había inadmitido los recursos contra la resolución del fiscalizador.
“Fomento de la estabilidad económica”
En la exposición de motivos, la propuesta de ley de amnistía resalta que su objetivo es “excepcionar la aplicación de normas vigentes” a los actos del proceso independentista para “garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”. Así, el plazo de prescripción previsto para que los afectados puedan solicitar esta amnistía es de cinco años.
Por otro lado, el texto hace hincapié en que la amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de jurisdicción, pues, según indica, “el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley”. En esta línea, recuerda que tanto los jueces y tribunales, así como el Tribunal de Cuentas o las autoridades administrativas que hayan seguido “diligencias, procesos, expedientes y causas que afecten los actos amnistiados” están obligados a su aplicación.
Poco después de conocerse la propuesta legislativa, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado por unanimidad un comunicado en el que subraya que el “Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”. En esta línea, los magistrados de Alto Tribunal enfatizan “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones”, al tiempo que aseguran que es “incompatible” que exista una “fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.
El pacto para la investidura ha generado mucha polémica en el sector judicial y fiscal que, antes de que se firmará el acuerdo definitivo, lo criticaron con dureza. En especial, asociaciones de jueces y fiscales, así como los presidentes de audiencias provinciales y jueces decanos, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundieron la semana pasada sendos comunicados en contra de la referencia al lawfare (instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política), que en un principio se había incluido en el acuerdo. Finalmente, este término no aparece en la propuesta que se presentará a las Cortes Generales.
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