Los letrados de Justicia dan un ultimátum al Gobierno para cumplir la subida salarial
Las asociaciones advierten de que irán a los tribunales si no ven ya en sus nóminas el incremento de hasta 450 euros mensuales
Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han dado un ultimátum al Gobierno para que cumpla con el acuerdo salarial pactado hace tres meses, bajo la advertencia de judicializar el conflicto. Las asociaciones de los antes denominados secretarios judiciales advirtieron que, si en las nóminas de julio, tal y como consta en el compromiso firmado el pasado 28 de marzo, no se reflejan las subidas de hasta 450 euros mensuales, volverán a adoptar medidas de presión para exigir la ejecución del acuerdo que puso fin a una huelga de dos meses. Entre dichas medidas se encuentra la presentación de acciones judiciales ante el Tribunal Supremo, órgano competente para de revisar las actuaciones del Ejecutivo.
El aviso llega después de la negociación retributiva no se haya llevado a ningún consejo de ministros, ni siquiera al último celebrado antes de las elecciones generales del 23 de julio, para su aprobación, tal y como los letrados solicitaron por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante esta situación, el Colegio Nacional de LAJ, la Asociación Independiente de LAJ y la Unión Progresista de LAJ –todas ellas participaron en las negociaciones– recordaron ayer en un comunicado que el Gobierno en funciones puede continuar con los “trámites legales” para dar luz verde al acuerdo, lo cual evitaría iniciar la vía judicial.
“Que no se haya aprobado hasta ahora no quiere decir que no se deban seguir tramitando las normas y que no se deba seguir funcionando, aun en funciones, desde el próximo domingo”, señaló a CincoDías el presidente del Colegio Nacional de LAJ, Ernesto Casado. “Si se materializa el incumplimiento, que para nosotros será efectivo cuando veamos la nómina de este mes, ejerceremos acciones judiciales tendentes a provocar la ejecución judicial del acuerdo de forma inmediata”, afirmó Casado.
“Las subidas no corren peligro”
Como muestra de la intención de seguir adelante con las reivindicaciones, los letrados de la administración de Justicia tienen prevista una concentración este viernes, 21 de julio, en Logroño, donde tendrá lugar una reunión de los ministros de Justicia de la Unión Europea. “La normalidad en Justicia no volverá hasta que nuestro acuerdo se cumpla”, concluyó el presidente del colegio nacional.
Fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron a este diario que “las subidas no corren ningún peligro”, ya que los “acuerdos firmados se cumplen y son totalmente vinculantes”. En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que el departamento que dirige Pilar Llop, “y la ministra en particular”, son los primeros interesados en que el pacto termine de formalizarse.
Tras ver el resultado de la huelga de los LAJ, los jueces y fiscales echaron el órdago de parar también su actividad, pero Justicia y Hacienda lo evitó tras prometer un incremento salarial similar a los letrados. Este acuerdo se firmó en mayo, si bien jueces y fiscales se han sumado a las dudas sobre su cumplimiento. Y es que las asociaciones firmantes –tres de las cuatro de jueces y las tres de fiscales– también pidieron al Gobierno que llevara el acuerdo al último consejo de ministros antes de las elecciones, que tuvo lugar este martes, pero ello tampoco ocurrió.
Preocupación de jueces y fiscales
Aunque la situación es la misma, jueces y fiscales dan más tiempo al Ejecutivo antes de decidir si van a los tribunales. En este caso, el primer pago está previsto para octubre –con efectos retroactivos desde enero–, pero existe preocupación por si la subida no llega hacerse efectiva en la fecha marcada. La incertidumbre surge al ver que la negociación no tiene todavía el ok definitivo. “Si no se aprueba por este Gobierno, va a ser difícil que se pueda cumplir el primer plazo de pago por motivos de la constitución del nuevo Gobierno y del nuevo equipo ministerial”, explicó el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
Las fuentes del Ministerio de Justicia trasladan un “mensaje de calma”, si bien jueces y fiscales advirtieron de que estarán pendiente de lo que ocurra tras los comicios antes de adoptar alguna medida “acorde a derecho”, indicó Ascensión Martín, presidenta de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que añadió que la “decepción” en las asociaciones es “enorme”.
“A partir del 23 de julio hay un nuevo escenario y quien salga elegido no querrá verse en el Tribunal Supremo reconociendo su firma. Veremos, pero creo que hay muchas posibilidades, si no se cumple, de que vayamos a los tribunales”, concluyó Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En cualquier caso, las asociaciones tratan de contactar con Justicia para ver si les pueden dar alguna explicación sobre el retraso en la aprobación de la subida salarial, según indicó Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), que avisa que no van a “dejar pasar sin más” este asunto.
Las negociaciones en cifras
Cerca de 23 millones. Durante las nueve semanas de paros de los letrados de la administración de Justicia, más de 356.000 juicios y vistas fueron suspendidas; más de 424.000 demandas quedaron pendientes de tramitar; y casi 1.300 millones de euros de la cuenta de consignaciones, cuya gestión depende de este colectivo, estuvo bloqueado. Para acabar este conflicto laboral, Justicia y Hacienda ofrecieron cerca de 23 millones de euros para afrontar la subida de hasta 450 euros mensuales de los 4.000 letrados.
Más de 46 millones. Para evitar que jueces y fiscales salieran a la calle a protestar, los equipos negociadores del Gobierno se comprometieron a destinar 46,7 millones de euros para llevar a cabo el incremento retributivo, también de hasta 450 euros al mes, de los 8.000 profesionales de estas dos carreras.
Otro pacto en el aire. Los funcionarios de Justicia también han reclamado su mejora salarial. El pasado 17 de abril, las asociaciones convocaron a 45.000 empleados de la administración a realizar paros parciales, que finalmente se convirtieron en huelga indefinda desde el 22 de mayo. En este caso, el Ejecutivo no ha llegado a ningún acuerdo. El comité de huelga ha dejado en suspenso las reclamaciones hasta la formación del próximo Gobierno.
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