Los funcionarios de Justicia amenazan con movilizaciones tras la huelga de letrados
Reclaman “equilibrio” salarial y defienden que también deben ser compensados por la funciones otorgadas en 2009
Los funcionarios de la Administración de Justicia cogen impulso tras los dos meses de huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -antes denominados como secretarios judiciales- y amenazan con movilizaciones si el ministerio no retoma las negociaciones para el incremento salarial de los trabajadores en aquellas comunidades autónomas donde las competencias no han sido transferidas. El aviso llega justo un día después de que los letrados anunciaran que aceptan la oferta del departamento ministerial que dirige Pilar Llop de subir las retribuciones hasta 450 euros al mes.
Los sindicatos de funcionarios de Justicia -integrados por médicos forenses, personal del Instituto Nacional de Toxicología, de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial- y el ministerio entonces dirigido por Juan Carlos Campo -ahora magistrado del Tribunal Constitucional- llevaron a cabo en 2021 negociaciones para subir sueldos, que finalmente concluyó con un incremento de 190 euros, de la que también se beneficiaron los letrados de la Administración de Justicia, según denuncian los funcionarios. Una de las principales reivindicaciones de este colectivo es la diferencia en sueldos en comparación con otros cuerpos funcionariales.
A ello se suma que las administraciones que tienen las competencias en materia de Justicia cobran más que los que dependen la denominada ‘zona Ministerio’ (Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, Islas Baleares, Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). La diferencia retributiva provoca que gran parte de los funcionarios soliciten el traslado a Comunidades Autónomas con competencias para ver un alza en sus nóminas.
Equilibrio salarial
En medio de las negociaciones de los sindicatos con el ministerio, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional llegó a pedir, en mayo de 2021, a Justicia la adopción de las “medidas retributivas necesarias para evitar la salida masiva de funcionarios” de dicho órgano judicial, con sede en Madrid, donde muchos de ellos solicitan el traspaso a los juzgados y tribunales de la capital.
Ahora, casi dos años después de estas conversaciones, y tras conocer el resultado de la huelga de los LAJ, los funcionarios de Justicia consideran que se ha llevado a cabo un “asalto” a los funcionarios y demandan un “trato igual” y “equilibrio” salarial, según ha destacado el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). En un comunicado asegura que si el Ministerio de Justicia no convoca con “urgencia” la mesa sectorial para revisar las retribuciones, no solo de los trabajadores que depende de su gestión, sino de toda la Administración de Justicia, los sindicatos llevarán a cabo una “acción conjunta” para convocar movilizaciones.
En este mismo sentido se ha pronunciado también la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, que ha tildado de “falta de respeto” hacia el resto de funcionarios del sector el acuerdo alcanzado con los LAJ. “El propio ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías… de forma que cualquier cambio que se plantee tiene impacto colateral y en cascada sobre las cuantías que recibe el resto del personal”, advierte.
Para Comisiones Obreras (CCOO), la propuesta realizada a los letrados de la Administración de Justicia es “un atentado a la dignidad profesional de resto de Cuerpos”.
Nueve semanas de huelga
Los antes denominados secretarios judiciales han estado nueve semanas de huelga indefinida -que se desconvocará en el momento que se firme el acuerdo con el Ministerio de Justicia- en defensa de un aumento de sueldo que fuera acorde a las funciones que se le otorgaron en 2009. En este sentido, los funcionarios afirman que “si se trata de reconocer la retribución” por el desempeño de tareas desde hace 14 años, también se les debería compensar a ellos, ya que “la mayoría de esas funciones se desempeñan de forma efectiva por los funcionarios de los Cuerpos generales que integran las oficinas judiciales y secretarías de juzgados, tribunales y fiscalías”.
Los paros de los letrados de la Administración de Justicia, que se iniciaron el pasado 24 de enero, han provocado la suspensión de 400.000 juicios y vistas; la paralización de la tramitación de 480.000 demandas que están pendientes de llegar a los juzgados; y la retención de 1.500 millones de euros en las cuentas de consignaciones.
Por otro lado, los sindicatos reclaman también la paralización de la tramitación de la futura Ley de Eficiencia Organizativa. Los representantes de los funcionarios critican que la aprobación de esta ley supondrá un “cambio radical” en la estructura de la Administración de Justicia y afirman que llevará aparejado una pérdida de derechos y un empeoramiento de las condiciones laborales, ya que se modifica el sistema actual de destinos.
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