Contratos covid y fraudes de IVA: La Fiscalía Europea multiplica sus causas en dos años
La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas
Los contratos públicos subvencionados con fondos europeos para combatir la pandemia de la covid-19; los múltiples fraudes de IVA; las organizaciones criminales que operan contra los intereses financieros de la Unión Europea; la corrupción y el blanqueo de capitales, son algunas de las 50 causas que la Fiscalía Europea en España ha investigado en sus dos años de recorrido. Un número que parece escaso para un órgano instructor, si bien se trata de una cantidad que “se ha multiplicado por seis” desde que inició su andadura, según destacan fuentes del propio órgano.
La Fiscalía Europea, con sede central en Luxemburgo, se puso en marcha el 1 de junio de 2021, y en España sigue siendo casi desconocida. Su actividad es más parecida a la que desempeñan los jueces instructores que los fiscales españoles. Los siete fiscales europeos delegados, más su ‘jefa’ en España, Concepción Sabadell -conocida por ser unas de las fiscales Anticorrupción del caso Gürtel y cuyo mandato caduca el próximo 28 de julio- son los que dirigen las investigaciones penales en las que se ven perjudicados los intereses económicos de la Unión Europea. Un modelo de investigación instaurado en muchos países europeos y que se pretende implantar en España, aunque la reforma requerida para ello lleva años paralizada.
Es por esta forma de actuar que muchas entidades y organismos siguen poniendo pegas a la Fiscalía Europea a la hora de facilitar la información requerida para las investigaciones, al pensar que no son autoridades judiciales, explican fuentes del órgano comunitario.
Falta de medios
De hecho, resaltan que todavía falta apoyo de las autoridades nacionales para detectar los fraudes y agilizar los procedimientos en curso. Por ello piden contar con más unidades de Policía Nacional y Guardia Civil, un mayor soporte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), o acceso a los ficheros de titularidad financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y al Punto Neutro Judicial, pese haber firmado convenios con distintos ministerios y con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, reclaman más medios humanos y materiales, pues cuentan con una plantilla de ocho funcionarios para sacar adelante las investigaciones. “El fiscal hace de tramitador, de fiscal y de juez instructor”, explican las fuentes consultadas para exponer la situación en la que trabajan.
Aun así, la Fiscalía Europea ha incrementado los procedimientos en sus manos, pasando de un par a 50 en menos de dos años. Asimismo, ha obtenido ya tres sentencias condenatorias, aunque han sido el resultado de acuerdos de conformidad con los investigados. La Audiencia Nacional es el órgano competente para juzgar los hechos analizados por los fiscales europeos españoles, siempre y cuando los investigados no sean aforados, que entonces pasarán ante el Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia.
Casos destacados
Entre los procedimientos más destacados se encuentra la investigación relacionada con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un contrato por la compra de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 en pleno confinamiento, con fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Este proceso finalmente fue archivado.
Las fuentes de la Fiscalía Europea prevén que los casos relacionados con la pandemia vayan en aumento, ya que, según recuerdan, la Unión Europea creó en julio de 2020 los fondos Next Generation EU para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. De hecho, otras de las causas abiertas fue por el contrato de emergencia firmado por el Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa para la adquisición de 500.000 batas deseschables, también con fondos Feder.
Igualmente, son numerosos los casos por los denominados fraudes de carrusel de IVA, como la Operación Admiral, estimado en 2.200 millones de euros, vinculada a la venta de productos electrónicos. La operación estuvo coordinada en 14 países de la Unión Europea.
Los fiscales europeos también han entrado a valorar presuntas tramas corruptas como la relacionada con Acuamed, la empresa estatal de aguas de la cuenca mediterránea, cuyo caso se ha instruido en la Audiencia Nacional y por el que se han procesado 42 personas, entre ellos el ex director general Arcadio Mateo. En este caso, la Fiscalía Europea finalmente decidió retirarse y no ejercer su derecho de avocación para liderar la instrucción, como sí ha hecho en otros casos.
Actividad en 2022
La Fiscalía europea se creó para proteger las finanzas europeas, tras detectar que en 2015 se utilizaron indebidamente unos 638 millones de euros de los fondos estructurales de la UE. A ello se suma que en 2018 los países de la Unión perdieron unos 140.000 millones de euros de ingresos en concepto de IVA. Una cifra que se prevé que haya aumentado con motivo de la pandemia.
Según los datos oficiales que constan en la Memoria Anual del año 2022 del órgano comunitario, la delegación española de la Fiscalía Europea abrió durante ese año 43 investigaciones. A 31 de diciembre, 42 de ellas, estimadas en un total de 169,8 millones de euros, seguían activas. En concreto, cuatro de los procedimientos estaban relacionados con fraudes de IVA, por el valor total de 57,5 millones de euros.
Asimismo, los fiscales europeos españoles acordaron resoluciones de embargo preventivo por el total de 3,7 milones de euros.
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