Jueces y fiscales se movilizan por la reforma de la Justicia
Catalá confía en que se retire la huelga del 22 de mayo
![Aner Uriarte, Juez Decano, encabeza la concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbao.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/42SMZJRHSZK4FOQ6DCQG5T5ZHE.jpg?auth=94a2f5f069f1cb9766dbba5222d500401e7d30fe24abc7bd3bb68aff4144778c&width=414)
![CINCO DÍAS](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F13aa4477-3721-4cfa-8e2a-b6db2412d133.png?auth=43723f69e1f20c7dd3480efe684c98270c9b38445811bb970ceb63257d2218ac&width=100&height=100&smart=true)
Hoy a las 13 horas los jueces y los fiscales se han concentrado delante de las Audiencias y juzgados para exigir la reforma de la Justicia. Un acto que ha dado continuidad a la manifestación que los sindicatos de funcionarios CSIF y STAJ celebraron ayer ante la sede del Ministerio. En las concentraciones de hoy, representantes de los colectivos de jueces y fiscales han leído un manifiesto en el que se reclaman medidas para despolitizar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y mejorar la independencia de la Justicia; modernizar su funcionamiento; y mejorar las condiciones de sus profesionales.
Ayer, el ministro de Justicia cuestionó que existan motivos para la campaña de movilizaciones previstas al aseverar que el 70% de las medidas planteadas están tramitándose en las reformas legales en marcha o están siendo negociadas. Rafael Catalá criticó que las asociaciones y sindicatos convocantes pretendan "alcanzar el 100% de lo que reivindican o se levantan de la mesa" y aseguró que desde su departamento se está siendo "leal y dando contenido" a la negociación.
El documento, suscrito por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial independiente; y por la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, plantea un conjunto de 14 medidas que con urgencia deben ser abordados por las Cortes Generales, el Gobierno y el CGPJ.