El PP propondrá contratos a precio fijo a la nuclear para facilitar la ampliación de su vida útil
Quiere garantizar y proporcionar más rentabilidad a las eléctricas que pidan prórrogas de 10 años para sus centrales
El Partido Popular ha dejado claro que, si llega al Gobierno, su objetivo es mantener abiertas las centrales nucleares españolas. Algo que, en última instancia, no está en sus manos, sino en las de las compañías eléctricas propietarias de las plantas que vienen reivindicando desde hace años una bajada de los impuestos y la tasa que gravan esta energía. Aunque las grandes empresas del sector han hecho una excepción con Almaraz, que comparten Iberdrola, Endesa y Naturgy, y han pedido al Ministerio de Transición Ecológica, sin contrapartidas, una ampliación de la vida de los dos reactores hasta 2030, de momento ya han logrado que el Gobierno de Extremadura les rebaje a la mitad la ecotasa de esta instalación. Además, a más años de producción, la tasa de Enresa para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento se diluye.
Para evitar abrir un nuevo frente cuando se acerque el cierre del resto del parque (en 2030 le toca el turno a Cofrentes y, de nuevo, a las dos plantas de Almaraz, según el calendario de cierre de 2018), el PP tiene una opción con el fin de contentar a las eléctricas: contratos bilaterales (por diferencia) para la producción nuclear con un precio cerrado que cubra todos los costes y proporcione una rentabilidad a las centrales sin tener que rebajar los impuestos.
Según fuentes de Génova, el partido “es favorable a crear condiciones para la contratación a largo plazo”. Eso sí, añaden, “no como una opción obligatoria ni como única forma de venta de la energía de las centrales”. En el caso de la tasa por la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento, “habría que modificarla en función de la duración de la extensión de la vida útil”, añaden.
Los contratos por diferencias (CFD) son conocidos y admitidos por la Comisión Europea para las instalaciones de renovables. Se trata de un acuerdo entre un generador y una autoridad regulatoria, por el que se compensan las diferencias entre un precio fijo pactado y el precio real del mercado mayorista. Sin embargo, así como las renovables acceden a dichos contratos a través de subastas, en el caso de la nuclear, las subastas no servirían porque hay pocas plantas (siete en total, con una potencia instalada de 7.400 MW) y no hay competencia entre ellas.
Se trataría de fijar un precio, una vez que las eléctricas se comprometan a solicitar la prórroga por 10 años de cada instalación, que se calcularía teniendo en cuenta los costes fijos y variables y las inversiones a que obligue a cada planta el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Una vez fijado dicho precio, la nuclear seguiría yendo al mercado y, de no obtenerlo en el pool eléctrico en el periodo que se determine, el sistema se lo compensaría; por el contrario, si lo superara, tendría que devolver el exceso cobrado.
Por tanto, se fijaría una rentabilidad financiera según el periodo de funcionamiento y la producción de cada central, para el que se tendrán en cuenta todos los costes fijos (como el combustible o la anualidad de la inversión) y variables (como algunos impuestos). En definitiva, una tasa de rentabilidad (sistema similar al que se fija para las redes eléctricas) teniendo en cuenta las inversiones a futuro pero no las del pasado.
En el caso de la energía nuclear, el contrato se deberá firmar con el regulador, no servirían -según distintos expertos- los llamados PPAs, que son contratos bilaterales a largo plazo privados, muy frecuentes en el sector de las renovables. Y es que este tipo de contrato obligaría a retirar la energía nuclear del mercado mayorista, lo que dejaría a este sin liquidez. Los PPAs son contratos directos entre un productor (generalmente, de renovables) y un consumidor que pactan un precio fijo para un plazo determinado, lo que da estabilidad a las partes.
Con contratos por diferencia adecuados a las peticiones de las eléctricas no sería necesario bajar los impuestos (aunque el PP sí quiere modificar la tasa Enresa, pero no ha explicado ni como ni cuánto), y facilitarían la paz nuclear en esos años.
Para poner en marcha este mecanismo, un hipotético Gobierno que optara por él, debería pedir autorización a Bruselas, pues podría ser una ayuda de Estado que requiere su permiso. Un sistema similar aplica Francia a su parque nuclear, que puede cobrar en el mercado hasta 63 euros/MWh.
A finales de 2021, ya avanzada la crisis energética, cuando la cotización del pool superaba los 200 euros/MWh, Iberdrola ya planteó un sistema de precio cerrado a plazo para la nuclear, en línea con el francés, donde las centrales nucleares destinan un tercio de su producción a las comercializadoras de referencia que suministran al consumidor doméstico (de menos de 10 kW de potencia).
El precio, según aquella propuesta de Iberdrola, cubriría sus costes fijos y variables y las posibles extensiones de vida de las plantas, lo que se traducía, en aquel momento, en unos 60 euros/MWh. El objetivo era que el Gobierno eliminase las duras medidas que empezó a aplicar para detraer los grandes beneficios extras que estaban obteniendo las eléctricas gracias a la crisis de precios.
La vuelta de Nadal
Este año, el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo nombró vicesecretario de Economía del partido a Alberto Nadal, quien fuera secretario de Estado de Energía del primer Gobierno de Mariano Rajoy. Nadal fue el artífice de la reforma de un sistema eléctrico al borde de la quiebra tras la acumulación incontrolada de déficit de tarifa desde el año 2000 y una deuda de casi 30.000 millones de euros.
La reforma se saldó con un recorte de primas a las renovables (a las que se atribuyeron mayoritariamente los déficit) con carácter retroactivo, que derivó en decenas de arbitrajes por parte de inversores extranjeros afectados y gran cantidad de laudos condenatorios contra España. Otra medida fue la creación de un impuesto del 7% a todo tipo de generación y otro específico para la energía nuclear, el que grava el combustible (uranio) gastado.
Tanto él como su hermano, Álvaro Nadal, quien fue posteriormente ministro de Energía, se han declarado siempre abiertamente pronucleares. De hecho, Álvaro Nadal dio la batalla durante años por la continuidad de la central de Santa María de Garoña, a lo que se negaron sus propietarias, Endesa e Iberdrola. La razón última que esgrimieron para el cierre, que ambas eléctricas decidieron unilateralmente, fue precisamente el impuesto sobre el combustible nuclear gastado, que consideraron retroactivo y restaba rentabilidad a la vieja planta burgalesa.
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