Las adjudicatarias de las subastas de renovables celebradas desde 2021 renuncian a la retribución
Los cientos de proyectos de más de 6.000 MW que ganaron las cuatro pujas organizadas por Transición sacan más rédito en mercado y han optado por perder los avales
Hubo un tiempo en que los inversores de energías renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa) reclamaban la celebración de subastas en las que poder garantizarse un precio durante 20 años con que el poder financiar la inversión, pagar los costes de funcionamiento y lograr un margen de beneficio. Con gran expectación, el Ministerio de Transición Ecológica inició el proceso en enero de 2021, con la celebración de una primera puja a la que seguirían otras tres, la última, en octubre de 2022, que quedó prácticamente desierta.
El objetivo de este tipo de subastas convocadas por el ministerio que dirigía Teresa Ribera era otorgar a los ganadores (los que estuviesen dispuestos a construir las instalaciones recibiendo el menor incentivo) el llamado Régimen Económico de Energías Renovables (REER). Las instalaciones adjudicatarias (más de 6.200 MW de capacidad entre todas las pujas) disponían de distintos plazos para inscribirse en el registro electrónico del REER. Pero, para sorpresa de los responsables del ministerio, ahora dirigido por Sara Aagesen, los de la primera y la segunda subastas (las del 26 de enero y del 19 de octubre de 2021), así como el establecido para la fotovoltaica distribuida de la tercera, han caducado sin que nadie (o prácticamente nadie) se haya inscrito en dicho registro, según datos oficiales del departamento. Solo siete pequeñas fotovoltaicas locales, con una potencia de apenas 25 MW, de los 31 MW adjudicados, percibirán el REER a partir del próximo 15 de marzo.
El resto de la potencia otorgada en los cuatro procesos ha perdido el derecho al citado régimen económico al haber optado por vender su energía en el mercado eléctrico; por firmar contratos bilaterales (PPAs), o porque han desistido y no han construido las plantas. La consecuencia de esta renuncia es que las asignatarias perderán las garantías que se les exigieron (hasta 60 euros/kW), ya sea total o parcialmente, en función del grado de cumplimiento de los hitos que se fijaron para su devolución. Fuentes oficiales confirman que el Ministerio de Transición está en proceso de ejecución de estos avales: 12 euros/kW a la identificación de la instalación; 18 euros/kW a la acreditación de la autorización administrativa, y 30 euros/kW a la inscripción en el registro del REER en régimen de explotación.
Según fuentes del sector, la razón principal de esta renuncia es que las subastas comenzaron a celebrarse en 2021, justo el año en que empezaron a subir los precios de la electricidad, que acabaron disparándose ya en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética que se derivó de la misma (el mercado mayorista registró solo ese año un precio medio superior a los 200 euros/MWh). Por tanto, resultaba mucho más rentable para los inversores vender su energía en el mercado que ceñirse al régimen económico de las subastas que habían ganado. “Hicieron las cuentas y comprobaron que les compensaba renunciar a las garantías y vender su energía en el mercado”, indica un experto.
Este precio contrasta con la cotización media de 2024, que se situó en 63,19 euros/MWh, si bien, con un enorme contraste entre los primeros meses del año, en que se llegaron a registrar precios cero y, por primera vez, negativos y la última parte del ejercicio, en que se superó la barrera de los 100 euros/MWh. El derrumbe de los precios de hace casi un año dejó al descubierto la debilidad financiera de las renovables que venden en el mercado su producción, como es el caso de muchas de las que renunciaron al REER.
¿Subastas para nada?
En las dos primeras subastas, las únicas realmente exitosas, se asignaron 6.158 MW (2.902 MW fotovoltaicos y otros 3.256 MW eólicos). Se calculó entonces que dichos proyectos requerirían una inversión de 3.000 millones de euros. En la primera puja se adjudicaron el REER hasta 114 ofertas, la mayoría de pequeñas empresas, pero también de compañías reconocidas, como Naturgy, EDP Renovables, Capital Energy o X-Elio. En la segunda subasta las ofertas ganadoras llegaron también al centenar y, además, de las empresas antes citadas, en la lista figuraban Repsol, Forestalia, Bruc Energy, Engie España o TotalEnergies. En ambos casos la ganadora fue Capital Energy, con la mitad de los megavatios que se adjudicaron.
Por el contrario, ya en la tercera subasta, apenas se asignaron 146 MW de biomasa y 31 MW de fotovoltaica distribuida entre seis inversores. Y el descalabro llegó con la cuarta, en la que de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos que se subastaban solo se otorgaron 50 MW. Las grandes eléctricas que se presentaban, como Naturgy o Iberdrola, no se llevaron nada. La explicación que se ofreció entonces es que Transición no estaba dispuesto a admitir los precios por los que pujaron las compañías, que incidirían de lleno en la factura de los consumidores.
En el ministerio reconocen la gran dificultad de averiguar qué ha pasado realmente con las adjudicatarias del REER. De hecho, solo se tiene constancia de que “un mínimo del 47% de las instalaciones de la primera subasta (1.223 MW fotovoltaicos y 225 eólicos) y un mínimo del 10% de la segunda (293 MW fotovoltaicos y 10 MW eólicos) se han construido, están funcionando y perciben el precio del mercado o de contratos bilaterales”. Una labor ardua en la que el equipo de Energía de Sara Aagesen ha tenido que cruzar los datos de los ganadores (nombre de la instalación, término municipal o potencia) con la información del registro administrativo de instalaciones de energía eléctrica. Uno de los problemas de identificación es que se han producido muchos cambios de titularidad, de tamaño o de denominación, de lo que se deduce que hay mucha más potencia funcionando, eso sí, vendiendo en el mercado “tras renunciar al REER”, reconocen.
Pese a lo ocurrido, fuentes del ministerio aseguran que este seguirá celebrando subastas de REER, por entender “que es una herramienta válida para dar seguridad y certidumbre a la promoción de renovables, al garantizar su rentabilidad”.
Sobre la firma