Esa intrascendente orden ministerial sobre la clausura de Almaraz
La enmienda del PP para revocar la falsa norma de cierre de la nuclear ha sido solo una prueba para Junts. La gran batalla se librará antes de 2030 con el cierre de Cofrentes, Ascó I... y la propia Almaraz
Si hay una orden jurídicamente intrascendente esa es la que ha estado en cantares esta semana: la aprobada el 23 de julio de 2020 por el Gobierno que determinaba (y determina) que la prórroga que solicitaron las propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para la planta extremeña sería “la última y definitiva”. En realidad, la orden ministerial, que el Partido Popular ha querido derogar a cañonazos a través de una enmienda al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, fue redactada por las propias eléctricas. Más exactamente, la orden se dictó en los términos solicitados por las empresas tras el calendario de cierre del parque atómico español (entre 2027 y 2035) que ellas mismas firmaron con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a través del memorándum no vinculante el 26 de marzo de 2019.
De la irrelevancia de la orden da cuenta el hecho de que, con ella en vigor, han solicitado su prórroga al Ministerio de Transición Ecológica hasta 2030 y que el departamento que dirige Sara Aagesen aceptará con toda probabilidad (tras hacerse, quizás, “el interesante”). Así será, ya que las empresas han renunciado a los recortes de impuestos que venían reclamando y que el ministerio consideraba “una línea roja”.
Esa mención al carácter “definitivo” de la renovación concedida en 2020 no ha impedido solicitar la renovación porque la fecha de cese de explotación no está recogida en norma alguna. Y es que la polémica orden no es una norma, “sino un acto administrativo”, recuerdan fuentes jurídicas, y las titulares de Almaraz bien lo sabían. De hecho, la petición de prórroga la habían presentado ante el ministerio mucho antes del enredo generado por la enmienda en cuestión y el trámite no se va a alterar porque la orden siga vigente después de que la abstención de Junts frustrara la iniciativa del PP.
Fuentes políticas aseguran que la enmienda fue una propuesta del Gobierno extremeño cuando aún no tenía claro si las eléctricas iban a solicitar o no la prórroga de Almaraz. Pero si esta ha despertado tanto interés informativo ha sido por razones políticas: era la primera prueba para Junts tras su aireada ruptura con el Gobierno. Los independentistas catalanes, pese a las nulas consecuencias que habría tenido la enmienda, no han querido jugársela con un mensaje pronuclear idea del PP, a pesar de que defienden la continuidad de Ascó y Vandellós, a las que les llegará su turno en pocos años.
Con su solicitud, las propietarias han admitido lo que habían venido negando y que habían convertido en un mito, esto es, que no podían pedir la prórroga si el ministerio no derogaba antes la orden en cuestión. La razón es elemental, y así lo expresan fuentes políticas: “Una orden posterior puede dejar sin efecto lo dispuesto en una anterior si es favorable al interesado”. De hecho, el ministerio, tras el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), plasmaría su visto bueno para Almaraz en otra orden.
2030, el gran culebrón
A la vista de que el calendario de cierre del parque no sirve ya para nada y tras la experiencia vivida con la central de Santa María de Garoña, un culebrón que duró 10 años y que protagonizaron las empresas titulares (Endesa e Iberdrola, al 50%) y el Gobierno del PP, amén de lo acontecido ahora con Almaraz, todo apunta a que el futuro cierre de cada una de las nucleares españolas tendrá su propia película.
La ampliación de la vida de la central extremeña hasta 2030 va a coincidir en el tiempo (¿coincidencia atómica?) con el fin del permiso de funcionamiento de Cofrentes y Ascó I, que, cómo no, está recogido en sendas órdenes ministeriales de 2021 gemelas de la de Almaraz que el PP también ha querido revocar en su enmienda.
Pero esas películas futuras, que con toda seguridad llegarán, serán protagonizadas por separado por Iberdrola, compañía que controla el 100% de la nuclear valenciana, y Endesa, con el 100% de Ascó. En esos casos podrán librar en solitario sus batallas, por el cierre o la continuidad, sin injerencias de socios. Las centrales están constituidas como comunidades de bienes, cuyas decisiones deben adoptarse por unanimidad. De hecho, la negativa de Naturgy a pedir la prórroga de Almaraz más allá de 2030, o a renegociar el calendario de cierre en su conjunto, ha sido determinante para que las empresas se hayan limitado finalmente a solicitar solo tres años para Almaraz.
Pero así como el capital de las nucleares seguirá en las mismas manos, la incógnita es con qué Gobierno tendrán que vérselas para entonces; si, como ocurrió con Garoña, con uno más pronuclear, o con otro dispuesto a mantener el cierre. Sea como fuere, la primera palabra la tiene el CSN, la segunda, el Ejecutivo y, en el caso de que este diga sí, la última palabra será siempre de las empresas.
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