España ficha a un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza para defenderse en el arbitraje de Berkeley
La Abogacía del Estado seleccionó la puja de la institución aragonesa para elaborar los informes periciales para tumbar la demanda por 1.000 millones de dólares
España completa su equipo de expertos para definir su estrategia legal en el arbitraje que Berkeley registró en junio de 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Para ello, la Abogacía del Estado ha seleccionado a la Universidad de Zaragoza para elaborar y defender informes periciales que contrarresten las pretensiones de la minera, que reclamó provisionalmente 1.000 millones de dólares (unos 870 millones de euros, al cambio actual) por frenar los permisos para una mina de uranio en Retortillo (Salamanca). Unos trabajos que costarán en total 54.500 euros y que se desarrollarán a lo largo de cuatro años, con posibilidad de ampliación o disminución dependiendo de la duración del procedimiento.
La Dirección Adjunta de Medios Personales y Materiales, órgano de la Abogacía General del Estado, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha adjudicado al centro universitario aragonés un contrato para servicios de asistencia especializada en derecho administrativo, según se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los servicios jurídicos del Estado sacaron la licitación pública en verano, que se tramitó con carácter de “urgencia”, para hallar un equipo de técnicos que les ayude a tumbar este proceso arbitral que ha dado ya sus primeros pasos con la elección del tribunal y la determinación del calendario procesal.
La memoria justificativa de la licitación, consultada por este diario, explica que las prisas para seleccionar al equipo pericial se debe a la “insuficiencia de medios” para elaborar informes periciales económicos en el departamento de arbitrajes internacionales de la Abogacía del Estado. El documento explica que los técnicos deben conocer la “abundante” documentación para poder definir cuanto antes una estrategia legal, teniendo en cuenta, además, que se trata del primer caso contra España en el que se aplican las nuevas reglas de arbitraje del Ciadi, aprobadas en 2022.
A ello se suma que el equipo debe estar preparado para las distintas situaciones que se puedan dar en al inicio de un procedimiento de arbitraje, ya que, tal y como indica el órgano de contratación, al principio existen varias líneas de trabajo: desde la paralización del asunto para discutir la validez del litigio (España argumenta que el arbitraje no es legal porque no existe “inversión”) hasta la respuesta a una demanda donde se relate los hechos por los que se inicia el arbitraje y se cuantifica los daños ocasionados. Según informó Berkeley, representado por los despachos Herbert Smith y Freehills y LCS Abogados, en sus últimos resultados trimestrales, presentará el escrito de denuncia a principios de 2026.
La contratación pública de servicios externos es un mecanismo habitual utilizado por la Abogacía del Estado para requerir el apoyo legal y pericial para la defensa de España en los distintos arbitrajes que afronta. Ejemplo de ello son muchos de los litigios por el recorte de las primas de las renovables contemplada en la reforma eléctrica de 2013, para los que ha contratado los servicios de despachos de abogados y firmas de servicios profesionales expertas en esta materia.
Para el caso Berkeley, España presupuestó este contrato en un máximo de 60.000 euros (50.000 euros más 10.000 euros para gastos de viajes justificado), que con IVA asciende a 72.600 euros. A este adjudicación se presentaron dos organizaciones: la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Zaragoza. Aunque la universidad madrileña recibió una mayor valoración en relación a la calidad técnica de su propuesta, la Dirección Adjunta de Medios Personales y Materiales se decantó finalmente por la zaragozana al lograr una mayor puntuación total, en gran parte por plantear una oferta más barata, de 35.000 euros más IVA, más los 10.000 euros por desplazamientos.
La oferta de la Universidad de Zaragoza se situó un 30% por debajo a la otra puja (de 50.000 euros, aunque intentó presentar una mejora que no fue aceptada al registrarse fuera de plazo), por lo que la Mesa de Contratación solicitó que justificara dicha cuantía, tal y como marca el artículo 85.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que prevé que las ofertas se consideren “desproporcionadas o temerarias” si se encuentra un 20% por debajo de la propuesta del otro licitador. Según motivó el centro de estudios superiores, y que recibió el visto bueno de la Abogacía del Estado, la bajada del coste de los servicios está relacionada con la retribución de los investigadores, debido a la “sinergia” de costes, ya que algunos de los expertos ya estaban al tanto de “líneas de investigación pasadas y actuales”.
Berkeley decidió iniciar un arbitraje contra España como respuesta al rechazo por parte del Ministerio de Transición Ecológica de su proyecto en Salamanca, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera en julio de 2021 un informe desfavorable. En mayo de dicho año, entró en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que incluyó importantes cambios normativos, como la restricción a nuevos proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos y carbón en territorio español. La compañía británica intentó entablar conversaciones con el Gobierno y hacerle cambiar de opinión, pero sin éxito. Así, en 2022 ya envió al Ejecutivo una notificación advirtiendo del posible inicio de una disputa de inversión por supuestamente vulnerar “múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)”.
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