El pleito millonario entre Berkeley y España por una mina de uranio en Salamanca da los primeros pasos
Tras designar ya a dos de los árbitros que conocerán la disputa, ambas partes deben acordar quien será el tercer ‘juez’ que componga el tribunal
El pleito por el que Berkeley reclama una indemnización millonaria a España por frenar los permisos para una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) da sus primeros pasos. La compañía, que inicialmente reclama 1.000 millones de dólares (unos 921 millones de euros), y la Abogacía del Estado han designado ya a los árbitros que quieren que resuelvan la disputa, tal y como marcan las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Ahora, ambas partes deben llegar a un acuerdo para nombrar al tercer ‘juez’ que estudie el procedimiento que acaba de arrancar.
Berkeley, representado por los despachos Herbert Smith Freehills y LCS Abogados, ha elegido como parte del tribunal al abogado Klaus Reichert, vicepresidente del Instituto de Arbitraje Transnacional, que ha participado en 250 disputas internacionales, entre ellos casos que involucran hasta 24 estados. Entre los procedimientos más destacados se encuentra el conocido caso Antin, relacionado con el recorte de las primas de las renovables que se llevó a cabo en 2013, que en la actualidad sigue coleando por los embargos de activos españoles que se han pedido como garantía del pago de una indemnización de 120 millones de euros.
Por su parte, España ha seleccionado como árbitro a Zachary Douglas, especialista en derecho internacional, que ha intervenido en más de 150 casos relacionados con tratados de inversión y comerciales. Entre ellos figura el arbitraje por el valor de 293,6 millones de euros presentado por la empresa española OHL y las italianas Rizzani de Eccher y Trevi contra Kuwait por las diferencias contractuales en el proyecto de construcción de un viaducto, que terminó con un laudo contrario a las pretensiones de las compañías y cuya nulidad ha sido planteada por las demandantes. Asimismo, Douglas ha sido el árbitro en dos de las causas que ha enfrentado a España y a inversores de renovables por el recorte de los incentivos, de los que uno finalizó con un laudo a favor del Estado y el otro a favor del demandante.
La designación de los árbitros ha tenido lugar una vez que el Ciadi dio por registrada, el pasado junio, la demanda que la compañía británica presentó como respuesta a que el Ministerio de Transición Ecológica rechazara el proyecto de Berkeley, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera en julio de 2021 un informe desfavorable. En mayo de dicho año, entró en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que incluyó importantes cambios normativos, como la restricción a nuevos proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos y carbón en territorio español.
Berkeley intentó entablar conversaciones con el Gobierno y hacerle cambiar de opinión, pero sin éxito. Así, en 2022 ya envió al Ejecutivo una notificación advirtiendo del posible inicio deuna disputa de inversión, que finalmente se hizo efectiva el pasado mes de mayo. Según la compañía, las acciones de España contra su filial española y el proyecto de Salamanca “han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)”.
Berkeley registró unas pérdidas de 2,92 millones de euros en 2024, año fiscal cerrado el pasado mes de junio, lo que supone una caída de un 137,5%. En el ejercicio anterior, los números rojos fueron de 1,23 millones de euros. Aun así, de los casi tres millones de pérdidas, la minería destacó, en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que unos 828.000 euros corresponden al procedimiento de arbitraje.
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