Séptimo golpe judicial a España en EE UU por el recorte de las primas de las renovables
El Tribunal del Distrito de Columbia confirma el laudo que reconoció una indemnización de 41,76 millones a 9Ren, que invirtió de 211 millones en ocho plantas fotovoltaicas
La justicia estadounidense mantiene que España perjudicó a las empresas y fondos que invirtieron en energías renovables con el recorte de las primas prometidas introducida en la reforma eléctrica de 2013, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La jueza Tanya S. Chutkan, del distrito de Columbia, ha dictado la séptima resolución que condena al Reino de España a indemnizar a uno de estos inversores que cuenta con un laudo a su favor, al considerar que dicho fallo tiene carácter de sentencia y es ejecutable, pese a que la disputa haya tenido lugar entre un inversor y un Estado miembros de la Unión Europea. En esta ocasión, se trata de 9Ren, a quien el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) —corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial— reconoció en mayo de 2019 el derecho a recibir una indemnización de 41,76 millones de euros.
Los inversores y fondos oportunistas que han adquirido los derechos de algunos de estos pleitos están luchando en varios tribunales extranjeros para que se reconozcan la casi treintena de laudos que varias cortes de arbitraje (la mayoría de ellos salen del Ciadi) han dictado a su favor, al considerar que España vulneró el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) —de la que tanto España como la propia Unión Europea han decidido salir— con la modificación normativa del sector que tuvo lugar hace más de 10 años y que en el caso del tijeretazo a los incentivos prometidos tuvieron carácter retroactivo. A los tribunales de Estados Unidos han acudido las firmas de inversión para intentar ganar la batalla judicial y conseguir el cobro de las compensaciones.
Mientras, España alega en todos los procedimientos, tanto en los pendientes de resolver como los de ejecución, que la mayoría de estos arbitrajes no tienen validez porque son planteados por empresas de Estados comunitarios. Ello se debe a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó estos arbitrajes intracomunitarios. Asimismo, los servicios jurídicos del Estado se escudan en que no pueden abonar dichas compensaciones si no tienen la autorización de la Comisión Europea, que debe analizar si se trata de una “ayuda de Estado ilegal”. De hecho, el Ejecutivo comunitario se pronunció por primera vez sobre este asunto en el marco del examen de uno de los litigios más representativos, el relativo al fondo francés Antin —que vendió sus derechos del arbitraje contra España a Centerbridge—, y rechazó el abono de la compensación de 101 millones de euros, más intereses y costas.
Rechazo de la inmunidad
No obstante, los tribunales de Estados Unidos no comparten la misma postura y consideran que España no tiene inmunidad. Después de que en el verano de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmara la firmeza de varios de los laudos contra España, los distintos jueces que han examinado las peticiones de ejecución de los mismos, han confirmado su validez y abre la puerta a embargos de activos en el extranjero que sirvan como fianza mientras se resuelve la eventual ejecución. En este sentido, desde el pasado agosto, se ha tomado esta misma decisión en favor de los inversores Cube Infraestructure (33,7 millones de euros), RREEF (59,6 millones), Infrared (28,2 millones), Watkins (77 millones), Infrastructure Services Luxembourg —conocido como caso Antin— (101 millones), y a la mayor eléctrica del mundo por capitalización Nextera Energy (290,6 millones). En algunos de ellos, el fondo Blasket Renewables tiene los derechos de los arbitrajes o canaliza la representación de los inversores.
A ellos se suma el séptimo fallo que ha inclinado la balanza a favor de 9Ren, que invirtió 211 millones de euros en 2007 en ocho plantas de energía fotovoltaica en España. La energética planteó su demanda ante el Ciadi en 2015 para reclamar una compensación de más de 50 millones, si bien el panel de arbitraje cuantificó las pérdidas reclamadas en un 20%, por lo que fijó una indemnización en 41,76 millones de euros, más intereses de demora y costas legales. La representación legal de España ha recurrido todos estos casos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Al igual que ya indicó en otros casos resueltos, la jueza Tanya S. Chutkan ha señalado en una resolución con fecha del pasado 29 de septiembre, consultada por este periódico, que, de acuerdo a lo dictado por el órgano judicial superior (el tribunal de apelación), las leyes federales establecen que los laudos dictados en virtud del Convenio del Ciadi “serán ejecutados y se les otorgará la misma plena fe y crédito que si fueran una sentencia final”. Asimismo, recuerda que el órgano de disputas sobre inversiones del Banco Mundial rechazó los argumentos de España sobre la falta de jurisdicción para resolver el conflicto.
Ahorro de 1.300 millones
La reforma eléctrica de 2013 motivó que muchos de los inversores en energías renovables afectados por el recorte de los incentivos prometidos demandaran a España. Desde entonces, se han iniciado 50 arbitrajes, de los que, hasta la fecha, solo 27 se han saldado a favor de inversores o fondos oportunistas, cuyas compensaciones suman alrededor de 1.500 millones de euros más intereses legales. De ellas, España únicamente ha afrontado la indemnización de unos 23,5 millones a la japonesa JGC, después de recibir la aprobación de la Comisión Europea, que tiene que dar luz verde a las indemnizaciones, y tras negociar con Blasket (que cuenta con los derechos de este litigio) poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor de este asunto, según indicaron fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
Fuentes gubernamentales calculan que de la factura total se pueden ahorrar más de 1.300 millones, ya que es la cantidad que corresponde a arbitrajes iniciados por sociedades afincadas en la Unión Europea. Así, cuentan con desembolsar únicamente 167 millones de euros en indemnizaciones a cuatro inversores extracomunitarios, no sujetos al derecho europeo, aunque la Comisión Europea aún no se ha pronunciado sobre su autorización.
Frente a la negativa de España de abonar las compensaciones, la estrategia de los inversores o fondos oportunistas ha sido la de instar en tribunales de Reino Unido, Bélgica o Australia el embargo cautelar de activos españoles en dichos países. De hecho, el Tribunal Federal de Australia ha avalado también la legalidad de cuatro laudos, que también han obtenido recientemente el reconocimiento en Estados Unidos. Uno de ellos es, precisamente, el de 9Ren, que lograron la victoria junto a RREEF, Watkins y NextEra, y cuyas indemnizaciones suman en total 469 millones de euros.
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