Alvarez & Marsal y Auren pujan por el contrato de Adif para cuantificar los daños del cártel ferroviario
Cuatro firmas han presentado una oferta para elaborar las periciales que acompañarán las reclamaciones a las empresas que se repartieron más de 1.000 millones en contratos públicos
Adif está a punto de elegir el equipo asesor que le ayudará a impulsar su macrocausa contra una quincena de contratistas, algunos grandes del sector, a los que reclamará indemnizaciones por daños y perjuicios por el denominado cártel ferroviario. La empresa pública avanza en el contrato que sacó a licitación hace casi cuatro años, por el importe de hasta 725.000 euros, para la elaboración de informes periciales que cuantifiquen los daños patrimoniales ocasionados por las prácticas anticompetitivas cometidas por un grupo de empresas y ha comenzado a analizar las ofertas presentadas por despachos especializados en esta materia. La firma norteamericana de servicios profesionales Alvarez & Marsal y la española Auren han pujado por esta adjudicación, pero no han sido las únicas, pues compiten contra la unión de la auditora Audiwork y el bufete AGM y las consultoras Alomon y Fideres, según consta en el expediente del concurso.
Adif abrió en octubre de 2021 este proceso para elegir el asesor externo que calcule el importe del perjuicio ocasionado por un grupo de empresas, entre las que figuran Alstom, Siemens, Indra, Elecnor o filiales de ACS, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionara en 2019 a una quincena de compañías por prácticas anticompetitivas. Así, busca un despacho que le preste apoyo económico, técnico y jurídico en los procesos judiciales que tiene intención de plantear para reclamar una indemnización. Sin embargo, al poco tiempo de ponerse en marcha, el concurso se paralizó, entre otros motivos, para esperar que la Audiencia Nacional resolviera los recursos que las compañías presentaron contra las resoluciones del organismo supervisor.
Las sentencias al respecto se dictaron en abril de 2024 y avalaron las conclusiones de la CNMC sobre la existencia de tres cárteles que, durante entre 2002 y 2016, se repartieron más de 1.000 millones en más de 250 contratos públicos de Adif para la construcción y mantenimiento de los sistemas de electrificación y electromecánica de los trenes convencionales y de alta velocidad. No obstante, el tribunal ordenó a Competencia rebajar la multa total de 118 millones de euros impuesta, ya que solo confirmó íntegramente las sanciones a cinco empresas de la quincena multada, entre ellas la de 16,8 millones que recayó a Siemens y la de 8,8 millones a Alstom (ambas ya reducidas por la CNMC como compensación de colaborar en la investigación bajo el programa de clemencia). Asimismo, estimó los recursos, de forma total o parcial, del resto de compañías al entender determinados periodos investigados estaban prescritos o que faltaban pruebas sobre la participación de las compañías en las actuaciones irregulares.
Informe ante los tribunales
Con estos fallos en la mano, el administrador de la infraestructura ferroviario reactivó en marzo el fichaje de un “equipo multidisciplinar especializado” para la elaboración de varios informes periciales: uno individualizado por cada adjudicataria, a los que se sumarán otros dos relacionados con las prácticas que afectaron a la alta velocidad y a la red convencional. Estos análisis y la cuantificación de los daños se llevarán ante los tribunales para exigir compensaciones económicas por el sobrecoste en los precios de adjudicación que provocaron los cárteles, según consta en el informe sobre el inicio del expediente.
Para la selección de los asesores, la empresa presidida por Pedro Marco expuso una larga lista de motivos de exclusión (empresas en situación de insolvencia o quiebra o que se hayan visto involucrados en delitos penales), haciendo hincapié en que no aceptará ofertas de firmas que, en los últimos cinco años, hayan realizado o colaborado directa o indirectamente en causas de reclamaciones planteadas contra Adif o que hayan prestados asesoramiento legal, económico o técnico a algunas de las compañías sancionadas por su participación en el cártel.
De este modo, Adif redujo considerablemente el número de ofertas a recibir, quedando finalmente cuatro: las planteadas por Auren, Alvarez & Marsal y la UTE (unión temporal de empresas) formadas por Audiwork y AGM, y Alomon y Fideres. La Mesa de Contratación de la entidad pública se constituyó el pasado 26 de junio para comenzar a evaluar las ofertas presentadas para este histórico contrato y seleccionar “la oferta más ventajosa para el interés general, que no necesariamente tiene que recaer sobre la económicamente más barata”.
Otros cárteles
La Audiencia Nacional consideró acreditado que las empresas competidores idearon un plan de actuación, que se desarrolló a lo largo de 14 años, para manipular los concursos públicos y privados y restringir o falsear la competencia. En esta línea, los magistrados señalaron que la CNMC calificó correctamente esta actuación de cártel, ya que los acuerdos adoptados entre las empresas tuvieron efectos en el mercado y causaron un perjuicio a Adif.
El primer cártel adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años (desde 2008 hasta 2016), logrando adjudicaciones por el importe total de 837 millones de euros. El segundo grupo operó durante 14 años (entre mayo de 2002 y noviembre de 2016) y estaba relacionado con 239 licitaciones para la electrificación del tren convencional (algunos de ellos convocados por Renfe), de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros. Por último, el tercer cártel estuvo en marcha durante tres años (2013 a 2025) y se creó para el reparto de, al menos, siete concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad con un presupuesto de 84 millones de euros.
A raíz de las pruebas recabadas en las inspecciones en las sedes de las empresas sancionadas en este expediente, que se inició en 2016, la CNMC ha seguido investigando las maniobras alrededor de los contratos ferroviarios. Así, desactivó otro posible cártel que alteró las adjudicaciones públicas para las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones (construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio o mantenimiento) de la red de alta velocidad y convencional. En octubre de 2021, el organismo que preside Cani Fernández impuso multas por un total de 127,3 millones de euros a ocho compañías, entre ellas Alstom, Cobra, Nokia o Siemens, por el reparto, durante 15 años, de licitaciones de Adif por valor de más de 4.100 millones de euros. La CNMC subrayó que en algunos casos los efectos de este fraude se prolongarán hasta 2040 debido a la vigencia de los contratos.
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