Constructoras y concesionarias ven sus dividendos en EE UU a salvo del ‘efecto Trump’
Entre las mayores referencias españolas se instala el temor a una economía más débil o a la paralización de fondos federales
La agresiva política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha apuntado de forma directa, al menos de momento, a las mayores firmas extranjeras de infraestructuras. Pero comienza a temerse en el sector la contracción de la economía del que es uno de los principales destinos para constructoras y concesionarias.
Desde una posición de cierto optimismo, las referencias españolas no ven en riesgo la integridad y repatriación de los dividendos, especialmente los derivados de la explotación de autopistas. Distintos directivos, que piden el anonimato, descartan gravámenes, aunque Trump ordenó al secretario del Tesoro la elaboración de una lista de medidas de protección frente a países con reglas fiscales que pongan a empresas estadounidenses en desventaja. Un hecho ciertamente amenazante al que se refiere Sacyr en su informe de resultados de 2024.
Firmas como Ferrovial, ACS, OHLA o la citada Sacyr, algunas consolidadas y otras creciendo a buen ritmo en el mercado estadounidense, han monitorizado cada uno de los pasos que está dando Trump. OHLA, por ejemplo, incluye el regreso del republicano a la Casa Blanca como factor de incertidumbre para el presente ejercicio por las “potenciales repercusiones empresariales, comerciales y geopolíticas”. Las constructoras tienen a favor haber adquirido o constituido empresas locales con fuerte asentamiento. “Trabajamos en Estados Unidos como estadounidenses, favoreciendo a proveedores y comunidades de trabajadores locales, tal y como exigen los pliegos de contratación”, apunta uno de los ejecutivos consultados.
La referida OHLA tributa en régimen de consolidación fiscal tanto en España como en Estados Unidos, donde consiguió cuatro de sus cinco mayores proyectos en cartera. ACS, por su parte, tiene en el país norteamericano su primer mercado por contratos por ejecutar, con 44.400 millones (Australia es el segundo, con 18.300 millones), al tiempo que su concesionaria Abertis está a la caza de oportunidades allí. Ferrovial, una de las operadoras de autopistas de referencia en Norteamérica, recogió en 2024 hasta 947 millones de euros en dividendos de sus activos en concesión, con creciente protagonismo de las carreteras de EE UU: cobró 205 millones de la I-77, hasta 89 millones como primer pago de la I-66, y un total de 244 millones de las autopistas con peaje dinámico de Texas. Ahora, el grupo que lidera Rafael del Pino apuesta por el aeropuerto neoyorquino JFK como principal destino de su inversión. Sacyr, por su parte, tiene decidido volcar su esfuerzo inversor como concesionaria en el mapa estadounidense de las infraestructuras.
Entre los cuadros de mando de estas compañías cotizadas se recuerda que son los Estados, y no la Casa Blanca, quienes promueven la mayor parte de los proyectos de infraestructura, pero se reconoce que el estancamiento de la economía puede lastrar el apoyo a las obras con fondos federales. Cualquier repunte en la inflación elevaría los costes de aprovisionamiento, y preocupa el efecto que las políticas de inmigración puedan tener sobre la fuerza laboral.
La Asociación de Constructoras ABC ha puesto de manifiesto la necesidad de casi medio millón de nuevos trabajadores cada año en la construcción, y reclama programas de visados de trabajo temporal adaptados a esta industria. El sector, que sufre un fuerte déficit de personal desde hace años, expone que la reconstrucción de Los Ángeles (California), tras los devastadores incendios de enero, y la necesidad de incrementar la base de centros de datos instalados merecen mantener mano de obra extranjera en el país. Informes de Pew Research Center apuntan que un 26% de los trabajadores de la construcción en EE UU son inmigrantes, y en el sector encuentran cobijo un 13% de los trabajadores en situación ilegal en el país.
En cuanto a la política de infraestructuras, distintas fuentes llaman la atención sobre la revisión de los fondos federales que fue ordenada el primer día de mandato de Trump. A la espera de un anuncio detallado sobre la política de inversión en carreteras, aeropuertos o ferrocarril, el primer proyecto en la diana del presidente ha sido el de la alta velocidad de California, en el que se adjudicaron obras ACS y Ferrovial.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, dejó en el aire el mes pasado el proyecto californiano al revisar los más de 4.000 millones de dólares en financiación federal, de los que 3.100 millones fueron aprobados por la Administración Biden. La línea llamada a enlazar Los Ángeles y San Francisco iba a triplicar su presupuesto inicial de 33.000 millones de dólares, lo que hizo que se limitara el recorrido al segmento entre Merced y Backersfield. Pese al tijeretazo en el trazado, la obra vuelve a estar en tela de juicio, como tantas otras respaldadas por el Gobierno de Joe Biden.
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