Iberdrola pide ampliar en 15 años la concesión de Alcántara, hasta 2076, para rentabilizar su bombeo
La compañía argumenta ante el Ministerio de Transición que a mayor plazo, su proyecto de bombeo podría recuperar la inversión sin recurrir a ayudas que pagan los consumidores
Iberdrola ha solicitado en distintas reuniones con los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica una “adaptación” de la actual concesión de una de sus mayores centrales hidráulicas, la de José Maria de Oriol, ubicada en el municipio cacereño de Alcántara, según indican fuentes del sector. La planta, la segunda por volumen de embalse (3.160 hectómetros cúbicos) y con una potencia instalada de 950 MW, disfruta en estos momentos una concesión administrativa hasta 2061. Y, entre ella y la central hidráulica de Cedillo, que Ibedrola tiene en la frontera con Portugal, la compañía eléctrica comenzó a proyectar en 2022 una instalación de bombeo reversible, con una potencia de 440 MW y una inversión de casi 400 millones de euros. Dado que la construcción del proyecto podría durar entre cuatro y cinco años, Iberdrola contaría con un periodo de concesión para su bombeo de apenas 30 años, dada la fecha de caducidad de la propia hidráulica, 2061.
El año pasado, directivos de Iberdrola se reunieron con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (responsable de las confederaciones hidrográficas) y la exsecretaria de Estado de Energía y actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a los que solicitaron que la concesión de Alcántara se ampliase en 15 años, hasta 2076 (la del bombeo, cuyo diseño está ya encima de la mesa, iría ligada a la de la hidroeléctrica). De lo contrario, señalaron, la recuperación de la nueva inversión se complicaría. El pasado mes de septiembre, el proyecto de bombeo, que se explotará como concesión de almacenamiento eléctrico, ha recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tanto del Gobierno de Portugal como de España. Conseguir la DIA no ha sido complicado porque toda la infraestructura es subterránea.
El argumento de los responsables de Iberdrola, cuya intención es volver a hablar con Aagesen en breve, es que a más años de concesión más ingresos para lograr un adecuado retorno de la inversión, sin necesidad de recurrir a ayudas, como los llamados pagos por capacidad en trámite. Un mecanismo, que el Gobierno pondrá en marcha este año, por el cual las instalaciones eléctricas (salvo las de carbón y la nuclear) recibirán una retribución a cambio de estar disponibles cuando el sistema eléctrico atraviese situaciones críticas, como ocurrió en los primeros días de diciembre por las bajas temperaturas y la casi ausencia de energías renovables. El bombeo de Alcántara podría almacenar hasta 37 horas de energía (16 millones de kWh), lo que cubriría momentos de estrés del sistema que se traducen en un encarecimiento de los precios.
La concesión de la central hidroeléctrica de Alcántara se remonta a 1969 y estaba prevista para 75 años, según establece el texto refundido de la Ley de Aguas, esto es, hasta el año 2044. Sin embargo, en los años 90 la compañía consiguió una ampliación de la misma en 17 años alegando inversiones para incrementar la potencia. Si logra una nueva ampliación del plazo de concesión de Alcántara hasta 2076, la concesión en manos de Iberdrola superaría los 100 años. En aquel momento, se acusó al entonces secretario de Estado de Infraestructuras, del Ministerio de Fomento, Benigno Blanco, de haber actuado sin luz ni taquígrafos al ampliar algunas concesiones a algunas compañías.
Los ingresos de la planta de bombeo provienen de la venta de electricidad y de los servicios complementarios del sistema eléctrico (el bombeo no puede hacer contratos a largo plazo o PPA). Si la amortización se realiza en un menor plazo y no se admite la ampliación de la concesión, los pagos por capacidad que tendrían que pagar los consumidores en su factura “serían desproporcionados”, indica un experto. De lo que ocurra con el proyecto de bombeo de la planta cacereña puede depender el futuro desarrollo de esta tecnología.
Por ello, el Ministerio de Transición ha adoptado una actitud de prudencia ante el caso. El departamento que dirige Sara Aagesen, que no ha rechazado de antemano la propuesta, se vería obligado a aprobar un real decreto ley para ampliar la concesión de Alcántara. Fuentes empresariales señalan que “la decisión se debe adoptar con tranquilidad, dado que podría sentar un precedente, pero teniendo en cuenta el papel fundamental que jugarán el bombeo y las baterías” (el primero con una vida útil de 60 años, y las segundas, de 15 años) en la transición energética y la estabilidad del sistema.
Bombeo a subasta
El proyecto de bombeo entre las centrales de Cedillo y Alcántara de Iberdrola comenzó a diseñarse en 2022 y ya el año pasado recibió la DIA. Dada la fecha, la compañía se ha librado de que dicho proyecto haya tenido que subastarse. Y es que, posteriormente, el Real Decreto 8/2023, introdujo un importante cambio normativo, según el cual, las concesiones de bombeos de almacenamiento se desligan del operador de la central hidráulica y se otorgarán mediante subastas abiertas.
Iberdrola tiene la concesión de las grandes hidroeléctricas de la cuenca del Tajo, con más de 2.000 MW de capacidad: las de Azután, Valdecañas, Torrejón-Tajo, Alcántara y Cedillo. Asimismo, con más de 3.345 MW, gestiona en la cuenca del Duero Villalcampo, Castro, Aldeadávila y Saucelles.
Ante la decisión del Gobierno de que, a medida que se vayan recuperando las 800 concesiones que hay en España, el uso del dominio público del agua revierta al Estado y sea gestionado temporalmente por las confederaciones hidrográficas para sacarlas posteriormente a concurso, las actuales concesionarias intentan que se les amplíe el plazo mediante un reconocimiento de las inversiones de mejora o repotenciación de las instalaciones. En cualquier caso, a las grandes plantas aún les quedan décadas para que caduquen sus autorizaciones.
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