Telefónica pierde su largo litigio fiscal en Perú y afrontará un pago de 790 millones

La teleco, que tiene provisionado el impacto, recurrirá al CIADI y confía en obtener una resolución favorable La Corte Suprema comunica la sentencia a la compañía

Telefónica del Perú ha comunicado que la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema notificó la resolución judicial que resuelve, en última instancia y de manera desfavorable a la Compañía, el proceso contencioso administrativo referido al Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 y 2001.

En un hecho relevante remitido a la Bolsa de Lima, la operadora recuerda que registró la provisión correspondiente al referido proceso.

La operadora tiene previsto presentar un recurso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Fuentes de la operadora creen que hay opciones de ganar la apelación, especialmente por el pago de intereses, que han ido aumentando.

En este sentido, la compañía comunicó a principios de enero que había hecho una nueva provisión de 630 millones de soles (155 millones de euros), que se verá reflejada en los próximos resultados, tal y como publicó Cinco Días el pasado 11 de enero.

Además, Telefónica del Perú explicó que, en el curso del procedimiento administrativo del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000 y específicamente del reparo de arrastre de saldo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) había notificado a la compañía la resolución que disponía el pago a la primera de 450 millones de soles (unos 110 millones de euros).

Esta nueva provisión se sumaba a la cifra ya existente. En su informe financiero del primer semestre, Telefónica explicó que, en los asuntos sobre el impuesto sobre sociedades de 2000 y 2001 en Perú, se dictó en junio una sentencia de la Corte Suprema, desfavorable para la teleco, que registró una provisión adicional de 16 millones de euros, elevando el saldo a 761 millones. Al cierre del tercer trimestre, la provisión total de este proceso ascendía a 790 millones, sin incluir liquidaciones. La compañía, que comunicó posteriormente otra provisión, de unos 40 millones, actualizará el importe en la próxima presentación de resultados.

“Aunque el grupo considera que sus estimaciones fiscales son razonables, si una la autoridad fiscal no está de acuerdo, la compañía podría tener que afrontar obligaciones fiscales adicionales, incluidos intereses y multas”, explica Telefónica en el último documento remitido a la SEC.

En otoño pasado, Telefónica empezó a hacer pagos a la Hacienda peruana por los citados litigios fiscales. En octubre, la teleco comunicó su decisión de acogerse al Régimen de Gradualidad regulado por la Resolución de Intendencia de la Sunat y procedió al pago de 353 millones de soles (unos 87 millones de euros).

En este escenario marcado por el litigio, Telefónica del Perú comunicó a finales de diciembre que su consejo de administración había autorizado la obtención de un crédito de 187 millones de soles (unos 46 millones de euros) por parte de Telefónica Hispanoamérica, matriz del holding Hispam.

Esta financiación llegaba pocos días después de la rebaja del rating de Telefónica del Perú a Ba3, situando las calificaciones bajo revisión, para una rebaja mayor. Según la agencia, la rebaja refleja la persistente debilidad de las operaciones, por la fuerte competencia en el mercado y el entorno macroeconómico en Perú. Además, Moody’s advirtió de un deterioro en la liquidez y del apalancamiento de la teleco tras el citado pago fiscal de 353 millones de soles realizado en octubre, y del potencial acuerdo por la larga disputa fiscal, estimado en cerca de 2.800 millones de soles. La agencia añadió que el ratio de apalancamiento de Telefónica del Perú cerraría en 2022 en 2,7 veces el ebitda, y podría incrementarse hasta cuatro veces con el potencial acuerdo, “que probablemente tendrá que ser financiado”.