Telefónica suelta lastre en Hispanoamérica con cierre de litigios, ventas y alianzas
La operadora está pendiente de solventar pleitos millonarios en Brasil, Perú y Costa Rica y de salir de Colombia
Telefónica mantiene un largo idilio con Hispanoamérica, donde desembarcó en la década de los 90 del siglo pasado cuando aún estaba en manos públicas, aunque el verdadero salto se produjo con la compra de las filiales latinoamericanas de BellSouth y las privatizaciones en Brasil. Desde entonces, la compañía ha experimentado un gran crecimiento en la región, aunque no exento de sinsabores por la inestabilidad política y regulatoria en muchos de esos países. Por eso, en el anterior plan estratégico de 2019 decidió concentrarse en el mercado de Brasil y declarar el resto, agrupado en la filial Telefónica Hispam, prescindible.
Una política que se ha refrendado en el actual plan estratégico 2023-2026 y que busca ganar rentabilidad en la zona, sea mediante venta directa o alianzas. Aunque no menos importante en esa estrategia es cerrar los litigios millonarios que acumula en varios países por cuestiones regulatorias o comerciales.
El más relevante, el que le enfrenta con los reguladores de Brasil, está a punto de sustanciarse, según ha podido saber Cinco Días en fuentes conocedoras del expediente. Telefónica Brasil, que opera con la marca Vivo, anunció en junio pasado un principio de acuerdo con Anatel, el regulador de las telecomunicaciones, y con el Tribunal de Cuentas de la Unión, por el que ambas partes renunciaban a todas sus iniciativas judiciales, arbitrajes y demandas de indemnización, en el negocio de la telefonía de voz fija. De esta forma, el Estado renuncia a las multas que le impuso de 3.000 millones de reales (540 millones de euros) y Vivo retira una demanda en la que exigía al fisco brasileño hasta 10.000 millones de reales (unos 1.787 millones de euros).
Ese acuerdo está a punto de sellarse porque ya ha recibido el visto bueno previo de las autoridades. Ahora debe recibir el beneplácito del consejo de la filial de Telefónica en lo que se refiere al compromiso, que forma parte del pacto con las autoridades, de invertir en su negocio de telefonía de voz fija de 4.500 millones de reales (unos 800 millones de euros) en los próximos diez años.
No obstante, al margen de este acuerdo, Telefónica mantiene abiertos varios expedientes relativos fundamentalmente a la amortización fiscal en Brasil en los años 2011 a 2021 del fondo de comercio originado en las adquisiciones de Vivo y GVT y su posterior fusión con Telefónica Brasil. En el primer semestre de 2024 y en relación con este caso, se ha producido la última liquidación por importe de 4.018 millones de reales (aproximadamente 676 millones de euros a tipo de cambio de dicha fecha). Este proceso, junto con el resto vinculados al mismo concepto, se encuentran en fase de discusión administrativa y judicial, según la memoria de la compañía.
Perú y Costa Rica
Distinto ha sido en Perú, donde su filial fue condenada en enero de 2023 por la Corte Suprema a pagar alrededor de 790 millones de euros, la mayor multa en la historia de la compañía por unas diferencias fiscales en el impuesto de la renta desde 1998 a 2001.
Durante los primeros seis meses del año 2024, Telefónica abonó un importe total de 1.105 millones de soles peruanos (equivalente a 273 millones de euros) y quedan pendientes y provisionados otros 2.081 millones de soles peruanos, (508 millones de euros). No obstante, el pasado jueves, se conoció un nuevo capítulo de este enrevesado y largo conflicto de más de 20 años que mantiene con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
El pasado mes de abril, Telefónica comunicó que, en cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en última instancia, había dado la instrucción de pago a la Sunat del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001. Sin embargo, en el caso del ejercicio de 1998, la justicia había definido que no existía una deuda, sino, por el contrario, un saldo a favor de la compañía. Pese a ello, Sunat procedió indebidamente a ejecutar la fianza referida a ese ejercicio. Recurrido por Telefónica, la Corte Superior le acaba de dar la razón a la compañía española y ha obligado a Sunat a devolver 371 millones de soles (89 millones de euros) cobrados indebidamente.
En Costa Rica, Telefónica mantiene un pleito con Milicom tras la decisión de este grupo de dar marcha atrás en la compra la filial de Costa Rica en 2020, valorada en 570 millones de dólares (503 millones de euros en aquella época). La española recurrió a los tribunales de EE UU, y en febrero pasado, un juez de la Corte Suprema de Nueva York dictaminó que Telefónica tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Ahora solo resta que el tribunal estadounidense resuelva el recurso presentado por Millicon, un grupo con sede fiscal en Luxemburgo aunque opera en varios países de América bajo la marca Tigo.
Ventas y alianzas
“El objetivo es intentar generar un retorno que bata el coste de capital porque el accionista nos pide que generemos rentabilidad sobre los activos (…) ¿Qué significa esto? Pues que en algunos de estos países por diferentes motivos no somos capaces de generar valor, y tenemos que ser capaces de que esto sea así y esto pasa porque reestructuremos, fusionemos o que haya alguien que le pueda sacar más valor a nuestra compañía de lo que nosotros somos capaces”, señalaba el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, la pasada semana en el Club Siglo XXI cuando se le preguntó por los planes para Hispanoamérica.
La primera apuesta de esa estrategia pasa por la venta directa de las filiales. Telefónica vendió a la mexicana América Móvil -dueña de Claro y propiedad de Carlos Slim- las filiales de Guatemala y El Salvador por 579 millones de euros en 2019. Luego se desprendió de los activos en Nicaragua, Costa Rica y Panamá con su venta a Millicon por 1.455 millones de euros, del que derivó el conflicto judicial costarricense. Un litigio que no ha impedido que Telefónica acabe de cerrar con este grupo un preacuerdo a finales de julio pasado para la venta de su participación en la colombiana Coltel por 370 millones de euros.
El otro polo de la estrategia de Telefónica en el subcontinente son las alianzas. Con América Móvil se alió para hacerse con los activos de la brasileña Oi, y ahora volverán a pujar juntas por la operadora chilena Wom, en situación de quiebra. Además de la participación accionarial, Telefónica ha firmado numerosos acuerdos para la compartición de las redes tanto de móvil como de fibra del que el más importante es el que selló con AT&T en México en 2019. La compañía española opera en ocho países y en tres ha creado compañías independientes de fibra óptica dando entrada a socios y en otras tres se han desarrollado algún tipo de colaboración sobre la red de acceso móvil.
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