Comsa cierra 2023 con 5,5 millones de beneficio y unas ventas de 929 millones, un 7% más
La previsión es ingresar 1.000 millones este año, anticipando el cumplimiento del plan estratégico
El mayor grupo constructor español no cotizado, Comsa Corporación, obtuvo un beneficio neto de 5,5 millones de euros en 2023, desde unas ventas de 929 millones de euros (+7% respecto a 2022) y un ebitda de 38,2 millones, según ha informado la compañía. El trabajo fuera de España, especialmente en Latinoamérica y el norte de Europa, deja unos ingresos de 298 millones, bajando desde los 331 millones cosechados fuera en 2022.
Entre las estimaciones de la catalana figura reconquistar los 1.000 millones de facturación este año. Lograr esa cifra supondrá llegar a la meta fijada en el plan estratégico 2021-2025 un año antes de lo establecido.
Comsa Corporación gestiona una cartera de contratos por ejecutar valorada en 2.006 millones, tras un incremento del 28% a lo largo del pasado ejercicio. La deuda neta del grupo que preside Jorge Miarnau es de 60 millones, lo que habla de la estabilización de la empresa desde los 1.000 millones que soportaba en 2016. Cuando aún coleaban los efectos de la crisis financiera, para Comsa resultó vital la refinanciación de más de 700 millones de deuda, a finales de 2016, con un grupo de ocho bancos españoles: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, BBVA, Popular, Bankinter y Unicaja).
Comsa, que estuvo sujeta a un plan de saneamiento financiero que obligó a realizar desinversiones, dice haber alcanzado un nivel de solvencia que “permite afrontar nuevos retos con mayor robustez”. Los objetivos en estos momentos se centran en desarrollar las áreas de infraestructuras ferroviarias y civiles, ingeniería industrial, y mantenimiento y servicios. Atrás queda la venta de activos como el 32% de la constructora polaca Trakcja, del 50% de la concesionaria de Tranvía de Murcia, o de la empresa de valorización de neumáticos GMN.
Entre las distintas divisiones, el mayor incremento en las ventas procede de Construcción, con un 11% que sitúa la cifra en 573 millones. Comsa se encuentra entre las adjudicatarias de la mayor obra ferroviaria del momento, la del soterramiento de la línea R2 a su paso por Montcada i Rexac, además de tener carga de trabajo en la ampliación de la estación madrileña de Chamartín.
El grupo debe 219 millones de facturación a su actividad de Ingeniería Industrial, con presencia en la implantación de puntos de recarga eléctrica en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Y otros 114 millones de euros proceden del negocio de Mantenimiento, Conservación y Servicios, con contratos como el del cuidado de las estaciones de Renfe en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León.
Comsa conserva una pequeña presencia en concesiones de infraestructuras, con participación en el Metro de Málaga, y en el sector de las renovables, con una fotovoltaica de 16,6 MW de potencia instalada en Constantí (Tarragona) como principal activo.
Sanción del órgano de competencia en Cataluña
La Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ha impuesto una sanción de 1,3 millones a Comsa por acuerdos colusorios con Siemens en las licitaciones de la línea L9 del metro de Barcelona. La germana, por su parte, carga con una multa de 2,7 millones, aunque ha quedado exenta del pago al acogerse al programa de clemencia y aportar elementos de prueba en este caso.
La Acco argumenta que se produjo una conducta infractora que consistió en acordar, en julio y septiembre de 2017, que Siemens presentara una oferta más cara que la de Comsa en la licitación para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de comunicación Wifi en la citada línea del suburbano barcelonés. A cambio, la constructora cumpliría una serie de compromisos con Siemens.
La sanción incluye la prohibición de contratar con la Generalitat y sus entes en las licitaciones relativas a los sistemas Wifi de las líneas de la red de metro de Barcelona durante seis meses. Desde Comsa se calificado la resolución de “totalmente infundada y desproporcionada”. La compañía presentará recurso contencioso-administrativo contra la resolución, al tiempo que pedirá medidas cautelares de suspensión de la ejecución de la sanción.
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