CaixaBank limita el impacto del caso Villarejo a 8.000 euros pero admite el daño reputacional
Repsol, también posible responsable civil subsidiario de la contratación del Grupo Cenyt, no hace alusión a este procedimiento en su informe anual de 2023
El caso Villarejo aún colea en CaixaBank. Tras un repaso de todos los procedimientos judiciales en los que el banco tiene algún tipo de implicación –reclamaciones por gastos hipotecarios, cláusulas suelo, multidivisas, IRPH, o derivados de la fusión de Bankia– , la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri hace una breve mención, en su informe anual de 2023, a la causa que le tuvo imputado, junto a Repsol, por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2011 y 2012. En realidad, la Fiscalía Anticorrupción solo le atribuye la condición de responsable civil subsidiario. En este sentido, el banco afirma que el impacto económico es escaso, solo de “un importe de 8.000 euros”, si bien admite la existencia de un “riesgo reputacional” por esta causa, que está pendiente de juicio.
“La responsabilidad penal de la persona jurídica fue objeto de sobreseimiento. Actualmente el proceso está en su fase intermedia. Recientemente, el ministerio fiscal habría solicitado la responsabilidad civil subsidiaria de CaixaBank por un importe de 8.000 euros. Se trata de una responsabilidad estrictamente patrimonial, subsidiaria, por una cuantía no material y que tendrá que ser objeto de enjuiciamiento. En consecuencia, el potencial impacto que pudiera surgir, en su caso, derivado de la eventual responsabilidad civil subsidiaria por los hechos descritos no tiene consideración material, aunque CaixaBank está expuesta a riesgo reputacional por la tramitación de este procedimiento”, explica el documento publicado por el banco.
Por su parte, Repsol, en su último informe anual, no hace alusión alguna a esta causa en la que se encuentra en la misma situación que CaixaBank. Ambas firmas del Ibex 35 estuvieron imputadas, como personas jurídicas, en la pieza separada número 21 de la macrocausa Tándem, que investiga la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos relacionados. Dicha línea de investigación se centró en encargo realizado al Grupo Cenyt, el entramado empresarial del expolicía, para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y su entorno más cercano con el objetivo de frenar la alianza entre la constructora y la petrolera mexicana Pemex, que querían hacerse con el control de Repsol. Por este trabajo, las entidades abonaron en total 413.600 euros.
La responsabilidad de los jefes de seguridad
Tras varias idas y venidas por la reapertura del caso para despejar cualquier duda sobre la actuación de las entidades, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó, en enero de 2023, el archivo del proceso judicial para las compañías, al entender que no hubo ningún incumplimiento de sus respectivos modelos internos de prevención de delitos con la contratación de Villarejo. Asimismo, exoneró definitivamente a sus altos cargos, tras ratificar la conclusión del juez instructor acerca de que no constan pruebas de que la orden de espiar a los responsables de Sacyr partiera de ellos.
De este modo, el magistrado instructor limitó la posible responsabilidad penal de la contratación del comisario Villarejo a los que fueran jefe de seguridad de las empresas, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide hasta 28 años de cárcel. Sin embargo, el ministerio público considera que tanto Repsol como CaixaBank –que en el momento de los hechos era el principal accionista de la petrolera– deben seguir presentes en el procedimiento como responsables civil subsidiario. Esto no cambia la situación procesal de las empresas, sino que únicamente implica que si sus empleados son finalmente condenados y no satisfacen las indemnizaciones a las víctimas de los espionajes, en última instancia responden las compañías.
En concreto, los 8.000 euros a los que hace referencia CaixaBank en su informe corresponden a la indemnización que la Fiscalía pide para el exjefe de seguridad de Sacyr Vallehermoso, Rodrigo Álvarez Vázquez (3.000 euros), y el antiguo director financiero de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo (5.000 euros). En cuanto a otros perjudicados de los espionajes, como Luis del Rivero, principal objetivo de los trabajos de Villarejo –englobados en el bautizado como proyecto Wine–; su mujer, Natividad Martínez; y Vicente Benedito Francés, accionista de Sacyr; el ministerio público no solicita ninguna compensación porque estos decidieron emprender acciones civiles individuales para exigir la reparación del daño.
Anticorrupción explica en su escrito de acusación que los trabajos de investigación desarrollados por Villarejo se centraron en los movimientos empresariales del que fuera máximo responsable de Sacyr, como las reuniones y contactos que mantenía. Para ello, Cenyt se hizo con los tráficos de llamadas de Del Rivero. Esta tarea se hizo en colaboración con el comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, que también estaba procesado, pero que finalmente ha quedado fuera del caso Villarejo por su estado de salud.
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